El negacionismo es un pecado político mortal. Luego de las elecciones del 14 de octubre de 2001, en las que se le escapó el control de las dos cámaras del Congreso, Fernando de la Rúa dijo que como no había sido candidato no se contaba entre los perdedores. Apenas 58 días después de esa elección ninguneada, el jefe del bloque mayoritario en el Senado, Ramón Puerta, se hizo cargo del Poder Ejecutivo. Así se abrió un periodo de inestabilidad en la que cuatro distintos legisladores rotaron en mandatos interinos. Maurizio Macrì tomó muy en cuenta aquella experiencia y operó con decisión para que no se repitiera. En algún momento se sabrá si mediaron las mismas efectividades conducentes que en 2000 permitieron sancionar la ley de precarización laboral y precipitaron la renuncia del vicepresidente Carlos Alvarez. Por ahora predominan las alabanzas a la muñeca política del ministro de Obras Públicas e Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, quienes no provienen del núcleo duro del PRO. Ellos fueron los artífices del desgajamiento del bloque de diputados del Frente para la Victoria. El volumen y la composición de ese magma recién podrán estimarse cuando se enfríe su incandescencia y, además, se sepa si el big bang se replica en el Senado. Gracias a esa operación, el gobierno nacional se ha asegurado la legitimación de sus decretos de necesidad y urgencia, por el método de la omisión, consagrado en una ley reglamentaria de constitucionalidad improbable.

Hecha la ley

El artículo 82 de la Constitución reformada en 1994 dice que “la voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente” en la formación y sanción de las leyes y excluye “la sanción tácita o ficta”. El artículo 99, inciso 3, ubica a los decretos de necesidad y urgencia entre las atribuciones del Poder Ejecutivo en la formación de las leyes. La fórmula desplegada por los constituyentes en ese inciso es un modelo de hipocresía: luego de establecer que “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo” agrega que “podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia”, salvo en materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos y únicamente cuando “circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos” en la propia Constitución. Aún así, la última palabra quedó reservada al Congreso: el gobierno tiene diez días para enviar el decreto a una Comisión Bicameral Permanente, que en otros diez días elevará su dictamen a las dos Cámaras. Pero el reloj reglamentarista se detuvo al día 21. Los senadores y los diputados deberán tratar el dictamen “de inmediato”, es decir sin plazo explícito. En cambio se difirió para una ley la regulación del “trámite y los alcances de la intervención del Congreso”. Esa ley reglamentaria 26.122 recién se sancionó en 2006 y revirtió la prohibición constitucional del artículo 82, ya que sólo el rechazo del decreto por ambas Cámaras “implica su derogación”. Es decir que basta con que una de las Cámaras no se pronuncie para que el decreto inconstitucional parezca legal. Es disparatado que sea más fácil para un gobierno validar un decreto que un proyecto de ley, que requiere la aprobación de ambas Cámaras.

Incongruencias a granel

La solicitud de inconstitucionalidad de la ley que reguló los decretos de necesidad y urgencia tiene un serio inconveniente político para el kirchnerismo y es que su autora fue CFK y la promulgó Néstor Kirchner. Más aún, en 2000, durante el gobierno de la primera Alianza, la propia Cristina había presentado otro proyecto distinto, con un plazo de caducidad de 30 días para su tratamiento por el Congreso, luego del cual el decreto perdía vigencia. Como se trata de política y no de religión, estos antecedentes no podrán congelar una situación insostenible desde el punto de vista constitucional y en todo caso cada uno debería hacerse cargo de sus incongruencias. Esto también vale para el actual oficialismo que en 2010, durante el breve imperio del Grupo Ahhhh, aprobó en la Cámara de Diputados una reforma a la ley de 2006, por la cual perderían su vigencia los decretos que en 60 días no fueran aprobados en forma expresa por la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara. Entre los firmantes del proyecto estuvieron algunas de las más filosas espadas de la segunda Alianza: los ministros Patricia Bullrich, Oscar Aguad, Julio César Martínez y Ricardo Buryaile; los viceministros Adrián Pérez, Silvia Majdalani y Gerardo Milman; la vicegobernadora Laura Montero, los funcionarios Laura Alonso, Miguel Angel Giubergia y Silvana Giudici; el diputado de PRO Christian Gribaudo, sus aliados Margarita Stolbizer, Eduardo Costa, Ricardo Alfonsín, Ricardo Gil Lavedra y Fernando Iglesias, ente otros.

El primer objetivo cumplido por el gobierno es asegurar que sus decretos-leyes no serán derogados por el Congreso, mientras no se modifique ese marco legal, ya sea por una nueva ley o por una decisión judicial. Un segundo propósito, para el cual la ruptura del bloque sentó las condiciones, es negar al Frente para la Victoria la presidencia de comisiones decisivas en la Cámara de Diputados. Aun antes, la Alianza Cambiemos le birló al FpV un asiento en el Consejo de la Magistratura, que corresponde al bloque mayoritario, por medio de una votación en la que se reprodujo el acuerdo antikirchnerista de la segunda vuelta electoral. Ahora se discutirá si los 81 diputados que aún responden al FpV son más o menos que los 90 que suma la segunda Alianza, considerando que llega a ese número sumando los distintos bloques que integran el conglomerado. Pero el hecho político ya se produjo y ahora el gobierno apunta hacia nuevas metas: alcanzar el quórum propio, sumando los 28 votos del Frente Renovador, los presuntos 17 del flamante bloque Justicialista y los que pueda arañar en las tiendas minoritarias siempre ávidas del calor oficial. Lo pondrá a prueba la semana próxima con la convocatoria a sesiones extraordinarias para tratar la derogación de las leyes que impiden ofrecer a los fondos buitre mejores condiciones de las que obtuvieron los acreedores que aceptaron en forma voluntaria las renegociaciones de 2005 y 2010. El gobierno nacional acordó con el juez de Wall Street Thomas Griesa un pago de 6500 millones de dólares a los fondos buitre. Si el FpV no se allana a borrar con el codo todo lo que sostuvo durante más de diez años, Macrì avanzará con un nuevo decreto, cuya viabilidad ya tiene garantizada por la fractura expuesta. Lejos de cerrar el capítulo del default de 2001, este acuerdo puede complicarlo. La derogación de la ley que impedía mejorar la oferta aceptada por el 93 por ciento de los acreedores podrá ser invocada como una violación de aquel contrato y dar lugar a nuevos y más sustanciosos reclamos judiciales.

La máxima

La apuesta de máxima para el gobierno es conseguir la mayoría calificada que requieren determinadas votaciones, como los dos tercios de los senadores presentes para dar acuerdo a los nuevos jueces de la Corte Suprema. Hasta ahora, ni siquiera tiene asegurado el quórum de 37 senadores necesarios para comenzar a sesionar, ya que el bloque del Frente para la Victoria tiene 40 senadores y algunos aliados. Pero no hay que forzar mucho la imaginación para saber que esa primera valla se sorteará sin mayor esfuerzo. Salvo excepciones muy circunscriptas, ni el quórum ni las mayorías se reúnen sumando acuerdos individuales. El único Borocotó que dieron vuelta Kirchner y su operador de entonces, Alberto Fernández, palidece al lado de la docena de émulos que representa Diego Bossio, otra de las hechuras de Cristina que encogieron al primer lavado. No hay razones para sorprenderse: en cuanto fue designado, en esta columna se expuso quién era, su rapidez de manos y la índole de sus relaciones con el Grupo Sophia de Horacio Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/128109-41125-2009-07-12.html y http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/128473-41280-2009-07-19.html.

Tanto o más importante que la domesticación del minibloque hipersensible al fetiche de la gobernabilidad es que la reunión decisiva se haya realizado en el sindicato de taxistas con la asistencia de los secretarios generales de las uniones de trabajadores mecánicos y ferroviarios. A esto debe sumarse el acuerdo con el sindicalista camionero Hugo Moyano, que Macrì confirmó al diario oficial La Nación, por el cual los aumentos en las negociaciones paritarias oscilarán entre el 20 y el 25 por ciento, cuando hasta la amistosa consultora Standard & Poor’s proyectó la inflación de este año en torno del 35 por ciento y advirtió que “la gradual estabilización de la economía dependerá, en gran medida, de contener los incrementos salariales”, algo que ya había planteado antes de llegar al gobierno Alfonso de Prat Gay. En la misma línea, el director del Banco Provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador, Daniel Arroyo, vaticinó “índices de pobreza más altos” y “un millón y medio de jóvenes fuera de todo, que son una bomba de tiempo”. Para desactivarla, Macrì ofreció compensar la caída salarial mediante la elevación de 15.000 a 30.000 pesos del piso salarial a partir del cual se paga el impuesto a las ganancias, el retoque de las escalas, la eliminación del IVA a los alimentos para los sectores de menores recursos y el reparto de 26.000 millones de pesos del fondo para las obras sociales sindicales.

Los grandes beneficiarios de tal acuerdo serían los trabajadores de la denominada aristocracia obrera. Según las definiciones del Centro de Estudios de la CTA (Cifra), se trata de quienes trabajan en las 15 actividades de mayores salarios, que constituyen “un estrato de la clase trabajadora que tiene un marcado diferencial de salarios respecto al resto del proletariado y pautas de consumo más parecidas a las de los sectores medios de ingresos elevados”. La heterogeneidad en la estructura de la clase trabajadora facilita la tarea divisiva del macrismo. En 2014 el ingreso promedio para las 15 primeras ramas era de 24.466 pesos, el de los trabajadores registrados de 10.895 y el de los no registrados de 3.542 pesos mensuales. Es decir que los salarios de los trabajadores de esas 15 ramas de actividad duplican los del conjunto de los trabajadores registrados, que a su vez son el doble que el promedio de los no registrados.

La rebaja del IVA en alimentos (que Kirchner ya redujo del 21 al 10,5 por ciento) tendría un mayor impacto relativo en los sectores asalariados de bajos ingresos. Pero está por verse si se traslada a los precios de esos productos, dada la estructura oligopólica de la comercialización. La experiencia indica que la mayor parte quedará en el camino, tal como ocurrió con la disminución de las retenciones, que el oligopsonio exportador incorporó sin trasladar a los productores. En cuanto al pago de la deuda de las obras sociales es un negocio e ingreso vital para el “sindicalismo empresario”, concluyen los investigadores de Cifra. Este es el soporte estructural para la recomposición del pacto que a partir de los 90 condujo a la gran crisis de fin de siglo.