Las nuevas autoridades del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), Ramón Ayala y Ranulfo Bazán, que operan bajo las órdenes de Gerónimo “Momo” Venegas, decidieron frenar las áreas clave del organismo: la fiscalización en el territorio, la registración, y las denuncias por casos de trata y explotación laboral. El plan de Venegas es volver al viejo registro (Renatre), un organismo manejado por la Uatre y las patronales agropecuarias como la Sociedad Rural, CRA, Coninagro y FAA. Dentro de este plan de desmantelamiento, las nuevas autoridades ya avisaron que echarán a 600 personas dedicadas a trabajar en el territorio. Además, dejarán de prestar colaboración con el Ministerio Público Fiscal en las denuncias por casos de trata y trabajo infantil (ver aparte). El organismo ya despidió a 30 personas y disolvió el área dedicada a las investigaciones económicas y sociales vinculadas a la vida rural. Las capacitaciones volverán a tercerizarse a la Uatre. El organismo sólo manejará el seguro por desempleo, es decir, la caja con la que el Momo Venegas financió parte de su estructura política.

Entre 2013 y 2015, el Renatea realizó denuncias penales que involucraron a más de 1000 víctimas de casos de trata laboral. También registraron como peones rurales a más de 120.000 trabajadores e inscribieron a 9500 nuevos empleadores. El dato más impactante que da cuenta de lo que hizo el Renatea y no hacía Venegas es que del total de peones que figuraban en el Renatre hacia fines de 2011, sólo el 42 por ciento tenía aportes registrados por la AFIP. Actualmente, la ecuación es del 84 por ciento.

Si bien este dato habla de la inacción del Momo, hay otro que permite cerrar el cuadro de la connivencia con las empresas agropecuarias: Al 31 de diciembre de 2011, el Renatre tenía una deuda por contribuciones sin “certificado de deuda” emitido por un total de 49 millones de pesos. De ese total, la Sigen descubrió que el organismo no había hecho ningún tipo de gestión para cobrar un total de 38,7 millones de pesos adeudados por las empresas, mientras que las deudas por fiscalización ascendían a 14 millones de pesos.

El proceso de desmantelamiento que llevarán adelante Ayala y Bazán había sido incluido en la plataforma electoral de Cambiemos. El fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad del organismo le dio otro impulso, que ahora fue ratificado por los propios funcionarios macristas.

“Si bien seguimos bajo la órbita del Estado, nuestro compromiso es respetar el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucionales los dos artículos de la ley de Trabajo Agrario, que crearon este organismo, y ordenó a la Cámara a dictar un nuevo fallo que habilite la vuelta del Renatre. Estamos tratando de volver al estado anterior. Hoy son casi 900 empleados, con un fuerte contenido político. Se triplicó el personal”, sostuvo Ramón Ayala, subdirector del organismo.

En 2005, Ayala estuvo preso por una denuncia de abuso sexual. En ese mismo año intentó acceder a la legislatura bonaerense por el duhaldismo, y es un histórico de la Uatre y el Renatre. Por su cargo en el sindicato y en el registro, en 2011 recibió una retribución bruta sumado a viáticos por 606.564 pesos, recursos volcados a la estructura política de Venegas.

Tanto Bazán como Ayala informaron que cuando ellos dejaron el organismo había 300 empleados y que ahora llegaban a los 900. El director del organismo ya le adelantó a los trabajadores que se desempeñan en el edificio central del Renatea, ubicado en la calle San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, que echarán a 600 personas. El incremento de personal en todas las provincias obedece a una razón: durante la gestión del Momo Venegas, todo era tercerizado a sociedades anónimas, tanto la fiscalización, la cobranza de multas, como la capacitación. Cuando el Estado recuperó su potestad de fiscalizar, cambió una lógica de connivencia entre los dirigentes de la Uatre y las entidades agropecuarias con los empresarios a los que supuestamente debían controlar.

La ruptura de este vínculo queda plasmada cuando son analizados los resultados del Renatea entre 2012 y 2015, en particular en el capítulo vinculado al trabajo infantil y la trata laboral. Durante la gestión de Venegas no existieron denuncias sobre estos aspectos, que sin dudas ocurrían en distintos campos de la Argentina. Desde su creación hasta 2014, la cantidad de denuncias penales realizadas por el organismo implicaron 746 víctimas potenciales de trata laboral, distribuidas en 16 expedientes que tramitan en juzgados federales. Una de ellas involucra a 40 víctimas halladas en un campo propiedad de Ramón Puerta, futuro embajador en España.

Las 16 denuncias penales corresponden a casos de la ciudad de Concordia (Entre Ríos) con 120 presuntas víctimas de trata laboral; en Areco (provincia de Buenos Aires), se rescataron 106 personas, mientras que en el resto de la provincia de Buenos Aires fueron 145. Los casos en Corrientes fueron 224. Le siguió San Juan, con 45 víctimas. En Misiones hubo 32 víctimas, a las que luego se sumaron las del caso Puerta, seguido por Córdoba (32), Salta (18), Santiago del Estero (17) y Santa Fe (7). En 2008 se dictó la Ley 26.364 que tipificó la trata de personas como delito federal.

Hacia el cierre de 2015, el total de víctimas rescatadas de distintos campos ascendían a 1000. Del total de casos de trata con fines de explotación laboral en la Argentina, el 90 por ciento fueron identificados en actividades agrícolas y de fabricación de productos textiles. A estos guarismos hay que agregarle los 50 menores de edad rescatados.

La nueva gestión del Renatea, que espera devolverle el organismo a la Uatre y las patronales agrarias, anunció entre sus trabajadores que sólo se ocuparán del seguro de desempleo, que puede mover 15 millones de pesos al mes. Cualquier otra actividad que no haya estado contemplada en el viejo Renatre será dada de baja. El primer ejemplo fue el área de investigaciones estadísticas, ya desmantelada. También desactivarán cualquier trabajo conjunto con el Ministerio Público Fiscal para denunciar casos de trata. En lo que va de la nueva gestión, no se realizaron fiscalizaciones. Los trabajadores de las distintas delegaciones no reciben ningún tipo de directiva.

Más grave aun es el hecho de que muchos peones rurales que habían quebrado la barrera del miedo para denunciar a sus empleadores, dejaron de recurrir a las oficinas del Renatea porque saben que las cosas cambiaron. El Momo hacía del Renatre su caja para volcar recursos a la estructura política montada desde el gremio. En 2011, último año de gestión del Momo, el Renatre recibió ingresos correspondiente a los aportes de los trabajadores (Código 97 según AFIP) por 156,3 millones de pesos, que sumado a otros ingresos totalizaba una caja de 183 millones de pesos. De ese total, 97,9 millones correspondían a un fondo de reserva colocado en un plazo fijo. De los restantes 85,1 millones de pesos que manejaba el sindicalista junto a las patronales agropecuarias, 29 millones de pesos correspondían al rubro sueldos de los principales directivos del Renatre.

Los críticos del Momo Venegas sostienen que la inmensa masa de recursos puesta en los bolsillos de los dirigentes debía complementarse con el ocultamiento del trabajo no registrado y las condiciones de vida infrahumanas de muchos peones rurales. Para ello, el Momo tercerizó en Gregard SA la fiscalización en los campos. Sólo en 2010 y 2011, el Renatre le pagó a esta sociedad un total de 10 millones de pesos. Es decir, Venegas distribuía recursos entre sus directivos, tercerizaba a empresas privadas la fiscalización y no cobraba las supuestas multas a los empresarios.