Aunque tenía mandato hasta el 2018 el economista y docente José Sbattella renunció a la presidencia de la Unidad de Información Financiera con el cambio de gobierno. En diálogo con Página/12 criticó la influencia de los bancos HSBC y JP Morgan sobre la administración Macri y aceptó describir los que para él son los principales casos de lavado de activos vinculados con el narcotráfico.

El presidente Mauricio Macri prometió que la lucha contra el narcotráfico será uno de sus ejes de gobierno, y el nuevo jefe de la UIF, Mariano Federici, dijo que se encargará de rastrear el dinero narco. Federici también afirmó en enero que la jefatura anterior de la UIF confrontaba con los bancos. Sbatella dijo a Página/12 que prefiere no personalizar pero alerta contra la mezcla entre dinero sucio y dinero negro y eligió detallar primero los casos que en su opinión fueron claves en materia de investigación.

“La impunidad con que se habían movido generó que ninguno de los jefes del clan tucumano Ale hubiera sido imputado antes en el delito de posible secuestro y desaparición”, narró Sbatella a este diario en su análisis del primer caso.

–¿Qué alcance tenía el clan?

–En Tucumán eran visualizados como los jefes reales de una organización que no sólo se relacionaban con la trata de personas sino con delitos económicos, juego y tráfico de drogas. Llegaron a tener 2500 taxis y remis estrella. Todos comunicados en red y asociados a la red policial. Detentaban el control absoluto de las comunicaciones de seguridad de las provincias, especialmente de Tucumán. Entraban ya en una etapa superior de control político y manejaban el club San Martín. El sueño de Narcolandia es fútbol, negocios y política. Habían alcanzado los dos primeros objetivos. Les faltaba ser aspirantes a puestos de control del Estado. Y todo eso habiendo sido barrabravas.

–Un caso de ascenso social.

–Una pequeña Gomorra. Era un prototipo en expansión que por acción o por omisión incluyó la complicidad de la dirigencia política. De unos y de otros. Ni los había frenado un gobernador ni los había frenado un intendente. Con el caso de Marita Verón hubo un rol importante de la población civil, con el liderazgo de su mamá Susana Trimarco, que motivó que se intentara un camino nunca utilizado: examinar el origen de las propiedades y el estudio patrimonial del clan. Por primera vez se aplicó la Ley Antilavado para apuntar al lavado de activos como un delito principal.

–¿Y el resto de los delitos?

–No había relación directa ni pruebas suficientes en la Justicia respecto de los otros delitos en cabeza de los jefes del clan. Estaban limpios y puros y manejaban propiedades cuyo valor de embargo actual es de 65 millones de pesos. Se produjeron más de 50 allanamientos la primera vez, con gendarmes de otras provincias. Con los remiseros del clan bloqueando las calles. Los gendarmes custodiaron las casas. La conducción de la UIF participó personalmente, con 50 personas más los jefes.

–¿Cuál fue el resultado?

–Esa actividad permitió la identificación de los bienes y la acusación por lavado. Se llegó a una causa por lavado de activos: el resultado fueron de 3 a 10 años de pena y el decomiso de los bienes. Socialmente quedó identificado el clan, hay un detenido con prisión domiciliaria, hace un mes cayó el último prófugo y Trimarco puede seguir viviendo en Tucumán.

–¿Cómo era antes?

–El extremo opuesto: los Ale tenían aterrorizada a la población, porque no se les animaba nadie y porque no había fuerzas endógenas capaces de enfrentarlos. Hasta llegaron a robar cosechas y venderlas. Hay que estudiar bien cómo se mueve esta gente y además hacer acto de presencia en cada lugar. Por eso fui yo mismo y fueron funcionarios de la UIF a Tucumán.

–¿Miden cuánto poder hay en el Estado?

–Y cuánta decisión. Si no confían en las vueltas. Hay un segundo caso interesante, además del de los Ale, que ilustra los vericuetos del lavado. Es de los hermanos Alvarez Meyendorff, de nacionalidad colombiana. Uno de los hermanos llegó primero a la Argentina con dos millones de dólares.

–¿En billetes y de una vez?

–Sí. Tranquilo, por Ezeiza. Lo detuvo la Aduana y lo reportó. Pero un juez dijo que solo había sospechas de contrabando de divisas. Entonces pagó la multa y quedó sobreseído en 2008. Se convirtió en ciudadano colombiano radicado en la Argentina como empresario e inició su expansión económica. Cuando asumí en la UIF en 2010 saltó un pedido de captura porque su hermano fue detenido en Estados Unidos como jefe del Cartel del Golfo. Un cartel poderoso. Llegó a diseñar un submarino que se adosaba al casco de los barcos y viajaba debajo de ellos. Como el Caribe es transparente el submarino con droga quedaba oculto y no podía ser visto desde el aire. En 2010, cuando llegamos a la UIF, decidimos apelar el sobreseimiento sobre la base de un dato: la existencia de diez toneladas de droga descubiertas en Nueva York, donde estaban escondidas. Los abogados, que encabezaba Juan José Ribelli, pidieron que la apelación fuera in voce. No hacía falta pero lo hicimos igual. Cuando llegamos al juzgado nos dimos cuenta de que éramos los únicos. El fiscal se había ausentado no me acuerdo con qué argumento.

–¿Por qué querían que ustedes estuvieran presentes?

–Para ver si nos amedrentaban en el cara a cara. En Nueva York es común la situación de los informes y pedidos in voce. Pero no estábamos en Nueva York. El fiscal no fue. Para algo sirvió, porque el caso fue a juicio oral y está pro comenzar en La Plata. Hay 22 imputados solo en la Argentina. Detectamos estancias con haras, media docena de empresas, siete casas en el country Abril y otra tanda en Nordelta y autos eléctricos para moverse entre las casas. Hasta tenían servicio doméstico con negros. Lo digo con precisión: con personal de origen africano. Llegaron a estar embargados en la Argentina por 100 millones de dólares.

–¿En qué otro lugar los embargaron?

–En Colombia la UIF de allá los embargó y terminó decomisando 500 millones de dólares. Trabajamos tan bien juntos que los dos organismos terminaron premiados. Fueron tres años de trabajo conjunto. Con la legislación antigua solo podrían haber sido procesados por encubrimiento. Con la nueva, por lavadores. Otro caso importante que investigamos en la UIF fue el de Carbón Blanco, una forma de enviar cocaína que comandaba el abogado Carlos Salvatore. Era un abogado profesional que en su origen defendía narcos.

–¿Y después se hizo él mismo narcotraficante?

–Sí, cuando resolvió cobrar su trabajo en mercancía. La investigación empezó en 2005 y a valores de hoy logramos un embargo en sus bienes por unos 100 millones de dólares. Tenía una 200 empresas armadas. Muchas propiedades y mucha capacidad operativa para defender sus bienes. La jueza del Chaco Zunilda Niremperger llegó a pedir el procesamiento de Mariano Castellucci, que era secretario de Legal y Técnica de la Universidad de Mar del Plata. Patricio Gorosito tenía llegada a la Asociación del Fútbol Argentino por sus contactos empresarios y porque había fundado un club al sur de Santa Fe, el Real Arroyo Seco. Salvatore había armado una empresa de transporte de carbón con base en Chaco. En un cargamento que llegó a Portugal quedaron separadas dos bolsas de carbón. Cuando la policía las examinó vio que tenían doble fondo y había cocaína. El descubrimiento llevó a una investigación internacional que terminó con investigación de activos y condena el año pasado. A Salvatore le dieron 21 años. A Gorosito 19. Habían conseguido la detención domiciliaria cuando Salvatore habló con su mujer y dijo la jueza: ‘Déjenla que mato yo’. Antes le había ofrecido cuatro millones de dólares, que ella no había aceptado. Es el mayor embargo histórico en la Argentina y fue realizado a través del sistema UIF, de sujetos obligados a congelar automáticamente los fondos cuando reciben una notificación. Es todo más rápido porque no hay obligación de esperar los oficios. Es la primera banda grande en la que el núcleo es de pura cepa nacional. Pero no es que nunca se hizo nada. Lo que pasó, más bien, es que cambió la estructura informativa del sistema y eso permitió profundizar el examen de estructura patrimonial. Los casos estaban. El gobierno actual dice que el narcotráfico es un fenómeno nuevo. Insisto: las bandas estaban. Si están dispuestos a investigar a fondo deben saber algo que notamos en nuestra experiencia de trabajo: una gran complicidad judicial entre algunos abogados, jueces que se dan vuelta de un día para otro y fiscales que, como en el caso que describí, hasta son capaces de no ir para que no se les vea la cara. Y no puede ser que el peor castigo sea la prisión domiciliaria en lugar de la cárcel común. Debe haber decomiso con una administración independiente que gestiona los bienes decomisados. El Proyecto Bidal, de cuño latinoamericano, ya funciona con ese criterio en Colombia y en Costa Rica. Cuento estos casos y les doy un contexto regional porque en la Argentina nunca había habido juicio oral por lavado, fuere originalmente por delitos de trata o fuere por delitos de narcotráfico. Y por esas investigaciones la Argentina se ganó un respeto internacional. Entre otras cosas porque el Estado querelló. Tanto en el ámbito fiscal como en lo que tiene que ver con la represión de los delitos económicos no hay posibilidad de prevención sin sanción punitiva ejemplar.

–¿De dónde viene el concepto de tributo? ¿Cuál es el origen?

–De lo que el vencido pagaba al vencedor. Sin riesgo de castigo al vencido, nadie paga. Claro, no puede ser que los vencidos sean los que pagan IVA por los artículos de mayor consumo, es decir la mayoría de la población, cuando José Alfredo Martínez de Hoz no pagó impuestos por sus haras de Chapadmalal entre 1976 y 1989. Hay que elegir políticamente quién es el vencido y quién es el vencedor. A las grandes cuevas no les importa la solidaridad ni quedar mal con la sociedad. Lavaron dinero de todos los carteles. Hablo también de las grandes cuevas ligadas a grandes bancos como el JP Morgan y el HSBC, éste último en proceso por 4040 cuentas en el exterior. Mezclarlos con el Estado a través de algunos funcionarios es una provocación al sentido común. Más allá de los argumentos legales, de que puede haber excusaciones por intereses cruzados, eso no elimina la influencia potencial.

–María Eugenia Talarico, la número dos de la UIF, trabajaba para el HSBC, y el ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay llevaba las cuentas en el exterior de Amalia Lacroze de Fortabat.

–Más allá de las personas, se trata de las entidades financieras más comprometidas en causas penales de lavado en el mundo. La imagen hacia afuera muestra el perfil ideológico del gobierno: la alianza entre los representantes de la gran política internacional ligada a los intereses históricos del Fondo y los grandes operadores del sistema financiero. Es casi una ostentación. No hay que hacer crítica a las personas sino a los intereses y criterios que van a determinar la política del área. Recordemos que en una época no muy lejana los tributaristas de la Argentina se negaban a levantar el secreto bancario y fiscal. Hay una escuela que recomienda diferenciar el dinero negro (evasión) del dinero sucio (actividades ilícitas).

–¿Y está bien o mal diferenciar?

–Seamos prácticos y veamos que se mezcla, por uno u otro origen, una masa de dinero gigante en manos de sectores que la tienen que reciclar. La existencia de dinero ilegal por parte de un sector obliga a otros sectores a ilegalizar sus operaciones. Si competís con un Carrefour que te esconde tres góndolas, estás obligado vos también a ocultarle góndolas al fisco. Las cuevas y la evasión se cruzan en los grandes estudios, y también en las operaciones internacionales. El Gobierno está contento por haber obtenido un préstamo que lideran, entre otros, HSBC y el JP Morgan.

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