Académicos e investigadores especializados en las relaciones entre medios, tecnologías de la información y política democrática difundieron ayer un documento para expresar su “preocupación ante la política de comunicación” del gobierno de Mauricio Macri. Los firmantes cuestionaron que un tema que debería ser “fruto de discusiones y consensos amplios” se dirima “a puertas cerradas entre funcionarios del Poder Ejecutivo y los principales actores empresariales”; advirtieron sobre la necesidad de establecer “restricciones a la concentración de la propiedad de medios” y destacaron que “la implementación selectiva, parcial o partisana de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte de la anterior administración” no se subsana eliminando artículos por decreto sino “velando por su implementación imparcial y transparente”. “El relajamiento de los límites a la propiedad” de los medios, además de beneficiar “a los mayores grupos”, constituye “un problema que atañe a la libertad de expresión y a la calidad de nuestra democracia”, advierten.

El documento se titula “Ante la política de comunicación delineada por los DNU 13/15 y 267/15 de Mauricio Macri”, advierte que la preocupación reside “tanto en el procedimiento como en los contenidos” de esos decretos y lleva las firmas de Martín Becerra (UNQ–UBA–Conicet), Philip Kitzberger (UTDT–Conicet), Santiago Marino (UNQ-UBA–USAL), Guillermo Mastrini (UNQ–UBA), Eugenia Mitchelstein (Udesa), Soledad Segura (UNC–Conicet), Martín Sivak (Unsam–NYU-Buenos Aires), Gabriel Vommaro (UNGS–Conicet) y Silvio Waisbord (George Washington University), entre otros.

La política de medios tiene “enormes y multifacéticas implicancias para la democracia y la libertad de expresión” y por ende “debe ser fruto de discusiones y consensos amplios” y no dirimirse “a puertas cerradas entre funcionarios del Poder Ejecutivo y los principales actores empresariales”, advierten los investigadores, y destacan que “tanto la vía del decreto como su contenido contravienen pactos internacionales así como leyes específicas” sobre libertad de expresión y regulación de medios. Las razones esgrimidas por el gobierno de Macri “no justifican el carácter de necesidad y urgencia” de los decretos, por lo que “debieran habilitar un debate legislativo amplio”, destacan. “La utilización de los decretos es incongruente con la pretensión de construir políticas de Estado”, agregan.

“Las críticas, por cierto válidas, a la implementación selectiva, parcial o partisana de la LSCA” por parte del gobierno de Cristina Kirchner “no se subsanan eliminando o alterando por decreto los artículos centrales de la misma, sino, en todo caso, velando, en lo que compete al gobierno, por su implementación imparcial y transparente”. Toda modificación de la ley debe ser “resultado del debate legislativo, del amplio conocimiento público y de la participación social”.

Los académicos cuestionan que en la “nueva autoridad de aplicación” (el Ente Nacional de Comunicaciones, Enacom) el gobierno “tendrá mayoría absoluta y podrá remover ‘sin expresión de causa’ a todos los miembros (incluso a los nombrados por las minorías)”, situación que “no augura un proceso de apertura a los diferentes intereses políticos y sociales en el control, la aplicación y el diseño de la política de comunicación”.

Tras destacar los avances en la construcción de políticas audiovisuales de la última década, valoran las “restricciones a la concentración de la propiedad de medios”, la discusión sobre los mecanismos para establecerlas y consideran “problemático cancelar dicho debate (sobre la premisa empíricamente infundada de la inexistencia de la concentración en nuestro país)”. “El relajamiento de los límites a la propiedad generará consecuencias importantes sobre un sector fuertemente propenso a las economías de escala, beneficiará a los mayores grupos y, con toda probabilidad, consolidará la dominación del sector por parte de muy pocos conglomerados, lo que no constituye solo un problema que afecta la competencia económica, sino que atañe a la libertad de expresión y a la calidad de nuestra democracia”, concluye el texto que también firman Laura Rosenberg (UNGS–UBA–Conicet), Natalia Aruguete (UNQ–Conicet), Luis A. Albornoz (IIGG-UBA–Conicet) y Manuel Balan (McGill University).