La recomendación de algunos países de América latina de pedir a las mujeres que pospongan embarazos hasta 2018 para evitar complicaciones por el virus del zika generó polémica. Tanto la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) como la Fundación Huésped consideraron que no se debe depositar la responsabilidad en los individuos sino garantizar políticas públicas que les permitan decidir. Asimismo coinciden en que la recomendación debe ser “para toda la población”, que es “fundamental” que el Estado brinde herramientas para que los embarazos sean planificados y que “las mujeres puedan interrumpirlo en casos de anomalías congénitas inviables”. En tanto, el estado brasileño de Rio Grande do Sul suspendió el uso de un larvicida por temor a que las recurrentes fumigaciones estén relacionadas con la microcefalia.

Luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la emergencia sanitaria sobre la epidemia de virus zika y su correlación con posibles microcefalias durante el embarazo, el presidente de la Fundación Huésped, Pedro Cahn, afirmó que esa medida “apunta a centrar la prevención únicamente en las conductas individuales y pone la responsabilidad exclusivamente en las mujeres, además de desconocer los derechos reproductivos”. Al mismo tiempo, “no se proponen planes de salud sexual y reproductiva para mejorar el acceso a métodos anticonceptivos, ni se garantiza el acceso a la interrupción del embarazo de manera segura”. Cahn precisó que ante ese panorama algunos países como Colombia, Jamaica y El Salvador centraron sus campañas en la recomendación de posponer los embarazos hasta 2018: “Esto es pedir a las mujeres que no se embaracen en una región en la que alrededor del 50 por ciento de los embarazos son no planificados”.

En sentido contrario a lo señalado por los especialistas, el ministro de Salud argentino, Jorge Lemus, explicó que si bien el país está libre de circulación autóctona del virus, se les aconseja a las embarazadas y mujeres en edad fértil que consideren los riesgos a la hora de viajar a países donde sí existe circulación de zika, porque “el Estado no puede intervenir en la toma de decisiones personales”, y aseguró que cuentan con un programa de salud reproductiva que “llega a todas las provincias y funciona de forma muy activa”.

Cahn en cambio remarcó que la principal causa de microcefalia en la Argentina es la toxoplasmosis, una enfermedad tratable si se diagnostica a tiempo durante la gestación. “La segunda es la rubéola, una enfermedad prevenible por vacunas, por lo que una adecuada atención a las embarazadas y el cumplimiento del plan nacional de vacunación nos darán la posibilidad de que no tengamos casos de microcefalia en el país, cosa que al día de hoy es mucho más relevante que el zika”, apuntó.

Asimismo, el especialista en enfermedades infecciosas consideró que las emergencias sanitarias “afectan siempre de modo más grave a las poblaciones con mayor inequidad en el ejercicio de sus derechos debido a su clase, raza, orientación sexual, sexo, género, edad, discapacidad, lugar de nacimiento u otros condicionantes, como el hecho de vivir con VIH”. Y completó: “Las políticas públicas que no disminuyen las inequidades, además de potenciar las vulneraciones de derechos, no son costo-efectivas. De modo que poner la responsabilidad del control de una potencial epidemia en la conducta individual en lugar de proponer políticas públicas que garanticen los derechos sexuales y reproductivos, es distraer el foco de atención”.

A su turno, la presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mabel Bianco, coincidió con Cahn en que es “fundamental” que haya disponibilidad de insumos para que se puedan planificar los embarazos, como preservativos y anticonceptivos. Sobre la recomendación de no embarazarse, Bianco consideró que “no puede ser sólo para las mujeres sino que se trata de derechos que hay que garantizar a toda la población”. Y enfatizó: “Uno no puede decir a las mujeres que no tengan hijos. Hay una obligación de Estados y gobiernos de dar consejería y asesoramiento a la población, no hay que llevar terror a la gente sino ofrecerle un lugar donde se reciban sus inquietudes y no se la deje sola en la toma de decisiones”. Por último, la presidenta de FEIM subrayó: “Nos oponemos también a que no haya permiso para interrumpir embarazos en casos de anomalías congénitas inviables; no hay que obligar a las familias a pasar por esa tortura”.

Precisamente, la demonización del zika llevó a combatirlo con armas más peligrosas que la supuesta enfermedad. Ahora, en Brasil dan marcha atrás. El estado de Río Grande do Sul, fronterizo con la Argentina y Uruguay, suspendió el uso del larvicida Pyriproxyfen, utilizado en el agua para combatir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, con la presunción de que esté vinculado con la microcefalia. La decisión ya fue comunicada a las 19 Coordinaciones Regionales de Salud y deberá ser informada a los servicios de Vigilancia Municipal de todas las ciudades del estado. Joao Gabbardo, secretario de Salud local, señaló que pese a no estar comprobada la relación entre el larvicida y la microcefalia, la sola “sospecha” los llevó a decidir la “suspensión” del uso de ese tipo de insecticida. La determinación se tomó después de que un grupo de médicos de la organización Physicians in the Crop-Sprayed Towns, con sede en la Argentina, y de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva (Abrasco) plantearon que el Pyriproxyfen podría tener relación con los casos de microcefalia.

En respuesta a ello, el ministro de Salud del Brasil, Marcelo Castro, dijo que el larvicida suministrado por su cartera no representa peligro para la población: “Es un rumor que carece de lógica y sentido. No tiene ningún fundamento”. Con el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 2004 y de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos desde 2001, “el Pyriproxyfen fue aprobado por la Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) y es usado en el mundo entero”, afirmó Castro. En la misma línea, Sumitomo Chemical, empresa fabricante del larvicida, explicó que el producto “no es mutagénico, no es genotóxico, no es carcinógeno, ni teratogénico”, y fue “sometido a rigurosos tests toxicológicos que no demuestran efectos sobre la reproducción y el sistema nervioso”.