EL PAíS › POLITóLOGOS ANALIZAN LOS CAMBIOS QUE IMPULSA EL GOBIERNO PARA EL SISTEMA ELECTORAL
Los especialistas consultados por Página/12 señalan que tanto la boleta única como la unificación del calendario electoral apuntan a enfrentar el déficit de fiscales en el interior que sufre el macrismo, a disciplinar a los aliados del oficialismo y a nacionalizar la agenda.
La reforma política que el Gobierno pretende tener aprobada este año se propone modificar radicalmente la forma de votar. La costumbre de entrar al cuarto oscuro y elegir la boleta con los colores, el sello partidario y la cara del candidato que contará como un voto dentro de un sobre parece tener los días contados. La misma suerte podría correr el calendario electoral, que pasaría de los turnos desdoblados actuales para elegir representantes en los distintos niveles de gobierno a converger en una sola fecha o en un mismo período, más acotado. El Gobierno, con el ministro de Interior Rogelio Frigerio como negociador, busca “de mínima” implantar la boleta única y achicar los tiempos de campaña y los turnos para acudir a las urnas, así como reemplazar a la Dirección Nacional Electoral por un ente “autárquico”. Por ahora, la reforma cuenta con el consenso de los gobernadores oficialistas y de la oposición. Aunque coincidieron en que el sistema actual es perfectible y algunos cambios podrían mejorarlo, especialistas consultados por Página/12 advirtieron que, con la reforma, el macrismo procura paliar su déficit de fiscales en el interior, disciplinar a sus aliados, nacionalizar la agenda y apelar al efecto arrastre que podrían tener sus principales referentes si logran consolidar su popularidad.
“La incorporación de la boleta única en papel o de la boleta única electrónica debe ser analizada desde el punto de vista de los objetivos del actual gobierno”, entiende Marcelo Escolar, doctor en Filosofía y Letras, profesor en las universidades de San Martín, Buenos Aires y del Litoral, y co-autor junto a Ernesto Calvo de La nueva política de partidos en la Argentina. Para Escolar, la reforma apunta “a limitar lo más posible la necesidad de una estructura distribuida de fiscalización, que no haga depender al PRO de sus aliados, fundamentalmente el radicalismo”. Sin embargo, agrega, “hay un error de fondo en esta idea” del oficialismo, dado que “en el caso de la boleta única en papel también es necesaria una fuerte fiscalización, más especializada aún que en el caso de la boleta tradicional, ya que es necesario identificar con precisión las marcas hechas por los votantes”.
“El sistema vigente de boletas partidarias está colapsado, porque los partidos políticos son organizaciones pequeñas y no están en condiciones operativas de cumplir con las funciones que les prevé la ley, que fue pensada para darles amplio protagonismo. Los partidos, en el sistema actual, deben imprimir boletas, distribuirlas, fiscalizar, colaborar en el recuento. Y salvo honrosas excepciones, sencillamente ya no pueden hacer todo eso. Por lo tanto, el sistema debe actualizarse, incorporando mayor participación estatal. Pero, en lo posible, sin alterar el espíritu pro partidos de nuestras leyes y nuestra historia”, sostiene el analista político Julio Burdman, director la consultora Observatorio Electoral.
“La discusión real es boleta de partido versus boleta única”, explica por su parte el politólogo e investigador del Conicet Diego Reynoso, para quien el sistema vigente “favorece a los partidos más grandes y les facilita la manipulación”. “Siempre los argumentos de dejar todo como está son conservadores”, polemiza Reynoso, y agrega que la boleta única es el sistema más utilizado en países limítrofes, que han optado por esa opción en reemplazo de la boleta de partido. “Por convergencia hay que ir para ese lado”, apunta. Aunque pone reparos a la hora de proponer la boleta electrónica. “La boleta electrónica no aporta tanto a la transparencia como a la rapidez del conteo y la eficacia”, resume como argumentos a favor y en contra. “Lo que en Alemania terminó por descartar el uso de la boleta electrónica es un parámetro atendible, que es el escaso control ciudadano del proceso, que lo hace un software que siempre deja sospechas de poder ser adulterable”, señala.
Para Reynoso, teniendo en cuenta la posibilidad de la unificación de las elecciones, la boleta única electrónica “haría todavía más engorroso el trámite de lo que ya es. Imaginemos siete boletas para siete categorías, apareciendo una tras otra en las pantallas, se volvería todo muy confuso”. Como contrapartida, Burdman propone que “el sistema de boleta partidaria se mantenga para las elecciones primarias, que son una instancia más próxima a los partidos, y que tienen muchos candidatos. Luego podría utilizarse una boleta única, o boleta única electrónica, para las elecciones generales, con la oferta ya reducida por la primaria”.
Como principio de la discusión, los analistas consultados criticaron el argumento del secretario de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional, Adrián Pérez, quien tras la reunión de Frigerio con los gobernadores sostuvo que “en la Argentina se votó en 30 de los 52 domingos” del año pasado. “En realidad, la afirmación es equivocada –remarcó Escolar–, ya que los individuos no votaron 30 domingos, sino que los individuos de algunas provincias votaron un domingo y los individuos de otras provincias votaron otro domingo. En conclusión, a nivel individual se votó mucho menos que 30 domingos”. Hecha la salvedad, para Escolar “es cierto que en el extremo una situación de campaña electoral y estrés electoral permanente no es del todo satisfactorio. Pero tener distintas fechas electorales entre las que se distribuyan las diferentes categorías legislativas y ejecutivas del federalismo electoral no es malo”. “Hay que tener en cuenta –agrega– que la distribución de las fechas electorales permite a los ciudadanos y ciudadanas orientar sus decisiones de manera más informada según sus intereses y preferencias por categoría y nivel electoral”.
En la visión de Reynoso, la reforma “elimina este circuito de campaña permanente: se vota un solo día y seguimos trabajando. La posición es entendible. Ahora bien, tiene efectos: nacionaliza la elección, se terminan discutiendo más los temas nacionales que los temas locales, y termina teniendo más peso que un intendente esté alineado con el candidato a gobernador o a la Presidencia”. La propuesta, entiende, “le conviene al partido de gobierno: el PRO tiene mucha debilidad territorial, por lo tanto le es favorable que toda la elección esté alineada al Presidente y si cuenta con respaldo importante, puede llegar a inclinar la balanza”.
“Los calendarios que debieran estar unificados son los de presidente y diputados nacionales, por el carácter representativo nacional de dichos cargos, y eso está hecho. Las elecciones de gobernadores y diputados nacionales están separadas del resto en la mitad de las provincias para preservar la autonomía del proceso electoral local. Unificar es una decisión que pertenece a cada una de las provincias, y más allá de la supuesta practicidad de unificar, no cuenta con argumentos políticos o jurídicos que lo justifiquen”, apunta Burdman, desde una postura crítica.
En sintonía, Escolar plantea que “el motivo político del Gobierno nada tiene que ver con la mejora de las condiciones de votación de la ciudadanía, sino más bien con la intención de tratar de evitar la fragmentación del calendario electoral para concentrar en una sola fecha todas las categorías y niveles, ya que esto presumiblemente le daría una ventaja relativa con la cual usufructuar el arrastre descendente que la teoría prevé en estas condiciones”. Además, sostiene, “limitaría la libertad de movimientos de los gobernadores e intendentes aliados –radicales y otros–, para poder fijar calendarios propios y de esta manera sustraerse a un proceso de alianzas multinivel donde la presencia de Macri funcionaría como un fuerte disciplinador de las candidaturas”.
El tercer eje de la reforma es la creación de un organismo “autárquico” que organice y regule el proceso electoral, para quitarle, con el argumento de “mayor transparencia”, facultades al Poder Ejecutivo en ese punto. “Significaría institucionalizar la desconfianza, pero puede ser muy útil”, dice Reynoso, y aporta que “seguramente sea caro sostenerlo, pero hay ejemplos como en México donde ha funcionado, es necesario tener árbitros imparciales y un cuerpo ágil a cargo”. Sobre las denuncias de fraude durante los comicios a gobernador en Tucumán, que luego fueron descartados por el máximo tribunal de esa provincia, el politólogo opina que “no hubo ni adulteración del resultado, incluso la oposición cambió de tema”.
“Desde un punto de vista operativo, la Dirección Nacional Electoral se encuentra institucional y administrativamente preparada para transformarse de inmediato en un ente autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional de características similares a la AFIP o eventualmente a la Anses. Esto se debe a que a lo largo de los últimos 5 años, por medio de un proyecto PNUD de fortalecimiento institucional, la DINE adaptó su estructura burocrática y su capacidad de gestión para estar en condiciones de transformarse en una institución autárquica y autónoma”, sostiene Burdman.
“Es cierto que los sistemas electorales tienen influencia en el sistema de partidos pero no nacen de la nada, se inscriben en correlaciones de fuerzas –resume Reynoso–. El ejemplo es Gran Bretaña, donde los dos partidos tradicionales se niegan a reformar el sistema porque ahí radica buena parte de su subsistencia. Los partidos fijan reglas y las reglas tienen consecuencias.”
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