Milagro Sala se presentó a declarar cada vez que la Justicia la requirió. El juez Gastón Mercau sin embargo decidió ayer rechazar el pedido de “cese de detención” presentado por sus abogados porque considera que existe peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Con estándares mayores a los que la Justicia Federal impone a los represores de crímenes de lesa humanidad, decidió prorrogar su detención y sumó como insólito agravante su liderazgo en la Tupac. Señala que los peligros son “muy superiores a otros imputados, esto considerando el liderazgo o la dirección que detenta la nombrada en todos los emprendimientos que abarca”. Las causas contra Milagro Sala, como dijo este diario en su edición de ayer, son sólo tres aunque los actores del sistema de justicia provincial aseguran en el escrito que son numerosas como lo hace en cada entrevista el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales. La prisión es por la causa por supuesta defraudación, extorsión y asociación ilícita, causa en el que queda aún en pie un pedido de nulidad presentado hace una semana por sus fueros parlamentarios en el Mercosur.

Gastón Mercau descargó los argumentos contra el pedido de cese de prisión en siete páginas. Esta es la causa por la que Milagro está detenida en este momento. La razón que evocó el juez es que el ofrecimiento de inmuebles o de sumas de dinero que presentaron los abogados de la Tupac “no constituye garantía suficiente de que la nombrada no procurará eludir el accionar de la Justicia, habida cuenta de la grave imputación que pesa en su contra”. Señala “compartiendo el criterio con la fiscal” Liliana Fernández de Montiel que “existe el riesgo concreto que de que la instada Milagro Sala en caso de recuperar su libertad ambulatoria trate de eludir el accionar de la justicia o procure entorpecer la investigación”. Arriba a esa conclusión teniendo en cuenta “las características del hecho que se investiga y la gravedad de delito que se le atribuye ya que en caso de ser condenada, la condena no sería seguramente de ejecución condicional, entonces no es desatinado sostener que la prevenida intente fugarse”, colige el juez sin otro argumento que este. Como sostiene que los “indicios de fuga y el entorpecimiento son muy superiores a los otros imputados, esto considerando el liderazgo o la dirección que detenta la nombrada en todos los emprendimientos que abarca la organización que la nombrada integra, circunstancia que evidentemente –vuelve a decir sin otros fundamentos– acredita la posibilidad de que intente eludir las citaciones y con mayor razón pueda obstruir la presente investigación ya que la misma tiene relación directa con la organización barrial Tupac Amaru y las cooperativas relacionadas con ésta”.

Tal como señaló este diario en su edición de ayer, esta causa se inició el 15 de enero de 2016 un día antes de la detención por la causa de incitación a cometer un delito que sería la protesta, en plena feria judicial y con una repentina presentación de nueve personas de una cooperativa que denunciaron haber ido a cobrar un dinero adeudado con tres personas de la Tupac que se quedaron con una parte. Días después, el día 18 de enero el fiscal de Estado, Mariano Miranda, presentó en ese expediente dos denuncias mas. Una, contra 12 cooperativas por recibir plata del Instituto provincial de la Vivienda por obras que según el fiscal tenían ciertas irregularidades administrativas en los convenios pero centralmente porque no tenían certificación de obra. Es decir, no porque las obras no se hayan realizado sino porque no tenían certificado. Esta denuncia alcanzó a dos directivos del Instituto de la Vivienda, a una contadora del organismo y a los doce cooperativistas. Como las cooperativas, además, tenían parte de los domicilios en el mismo lugar que la Tupac la demanda también alcanzó a Sala. La segunda denuncia que presentó ese mismo día el fiscal fue por un convenio del Plan Federal de Viviendas Mejor Vivir 2, según la cual la municipalidad de San Pedro pagó un adelanto a tres cooperativas para iniciar obras que no se iniciaron: pero el adelanto del dinero lo recibieron en diciembre de 2015 y los acusan de que a enero de 2016 las obras no habían empezado. Para darles algún tipo de consistencia a las denuncias mientras crecía el escándalo internacional por la detención de Sala por el acampe, la Justicia provincial convocó a una auditoría y hasta a un escribano para acreditar las denuncias que es lo único que hasta ahora tiene el expediente.

Hasta ayer, este pedido alentaba algún tipo de esperanzas entre los abogados de la dirigente de la Tupac. Habían evocado en la presentación un antecedente provincial en el que la Justicia ordinaria y este mismo juez Mercau otorgó el cese de la detención a un acusado por homicidio, antecedente que el mismo juez menciona ahora en el escrito, compara y describe a la persona como menos peligrosa que Milagro. Y también señalaron que Milagro Sala siempre estuvo a derecho. Cada vez que la Justicia la requirió se presentó. Lo hizo incluso en la causa del acampe cuando la Justicia la convocó por primera vez, el 11 de enero, mientras estaba en la plaza y le dio cita para el día 12. Ella estaba descompuesta y con la presión alta pero fue al hospital, donde le dieron una certificación para que no se presente. La fiscal no le dio tiempo a recuperarse y la volvió a convocar para el día siguiente: Sala se presentó. En ese sentido, los abogados ayer estaban sorprendidos con la decisión de la Justicia. Consideran que otorgar el cese de la prisión preventiva mientras continúa la investigación judicial hubiese sido una de las formas menos costosas que tenía hasta ahora la Justicia provincial de salir de la sucesión de arbitrariedades que los especialistas vienen marcando en las condiciones y razones de la detención. Ahora queda en pie el pedido de nulidad que presentaron los abogados de la Tupac por la detención de Sala teniendo en cuenta sus fueros de inmunidad como parlamentaria, situación que le da a su detención una característica completamente ilegal.

Las otras dos causas abiertas y que pesan sobre ella son las del escrache de 2009 impulsada por el gobernador Morales, escenario en el que Milagro Sala no estaba ni siquiera presente. Y la del acampe.