El abogado mediador impuesto por las Cortes estadounidenses, Daniel Pollack, comunicó ayer que otro grupo de tenedores de bonos en default aceptó la propuesta del gobierno de Mauricio Macri. No se trata de un fondo buitre tradicional, sino de acreedores nucleados en una acción de clase. Los litigantes agrupados en la llamada causa Brecher todavía no tenían una sentencia firme, ya que las reiteradas maniobras del juez Thomas Griesa para sumarlos a la causa central habían sido cuestionadas por la Cámara de Apelaciones de Nueva York. La oferta del equipo económico que encabeza el ministro Alfonso Prat-Gay les reconocerá 1,5 dólares por cada dólar de valor nominal de sus bonos. Para intentar seducir a los buitres más reticentes a aceptar la propuesta se encuentra en Nueva York el secretario de Finanzas, Luis Caputo. Esos fondos tienen hasta el viernes para presentarle al magistrado argumentos en contra del levantamiento del bloqueo al mecanismo de pago de la deuda argentina en el exterior. Ayer, el juez decidió otorgarle 24 horas más de plazo, que originalmente vencía mañana, a pedido de los fondos NML Capital y Aurelius.

“Estoy muy contento de informar que Argentina ha llegado a un principio de acuerdo para resolver una demanda colectiva pendiente ante el juez Griesa”, expresó Pollack con el júbilo que caracterizó sus últimos comunicados. El reclamo judicial en la causa Brecher ronda los 100 millones de dólares y se suma a buitres como Dart y Montreaux Parnerts, que ya dieron el visto bueno aunque se desconoce el monto definitivo. “El tamaño exacto de la clase no se conocerá durante varias semanas”, indicó el letrado mediador al referirse a la ausencia de información precisa. Para poder definir la clase con precisión, Pollack indicó que se “requerirá que cada miembro potencial de la clase demuestre a la Corte que él o ella ha comprado bonos y las ha mantenido en su poder desde el año 2006 a la fecha”.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas informó que los bonos de la acción clase vencieron en 2004 y pagaban un interés de 9,25 por ciento en dólares. A través de un comunicado, Pollack reiteró que el acuerdo está sujeto a la derogación del marco legislativo que impide otorgarles un tratamiento privilegiado a los buitres. Se trata de la ley Cerrojo y la ley de Pago Soberano. Desde el gobierno consideran que ya tienen las adhesiones necesarias en ambas cámaras para aprobar la iniciativa durante las primeras sesiones. Asimismo, para poner en marcha cualquier acuerdo, el juez Griesa debe levantar la medida cautelar que afecta el normal pago a los acreedores del canje. El camino que seguirá ese reclamo se comenzará a resolver cuando los buitres presenten sus argumentos, este viernes, a favor o en contra del cambio en el status quo. Si se alcanza una solución favorable a la propuesta argentina, quienes hayan firmado un preacuerdo antes del 29 de febrero serán los primeros en cobrar en efectivo. De todos modos, las negociaciones seguirán abiertas. De acuerdo a los datos divulgados por el Palacio de Hacienda, el costo total del acuerdo con los demandantes radicados en Estados Unidos rondaría los 8100 millones de dólares.