En el marco de un duro debate con el bloque del Frente para la Victoria-PJ, Cambiemos logró superar ayer su primer desafío en el Congreso gracias al apoyo de sus aliados del peronismo federal y el Frente Renovador. La comisión bicameral de trámite legislativo, que debe analizar la validez de los Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por Mauricio Macri, emitió ayer dictamen de mayoría a un primer grupo de iniciativas que contemplan la modificación de la ley de ministerios, la prórroga de la aplicación del Código Procesal Penal y el traspaso de las escuchas telefónicas al ámbito de la Corte Suprema, entre otras. En verdad, tanto los dictámenes de rechazo como los de aprobación contaron con la misma cantidad de firmas –ocho–, pero en caso de empate se computa como dictamen de mayoría el que lleva la firma del presidente de la comisión, en este caso el senador radical Luis Naidenoff. Quedaron para el próximo martes otros DNU que también despertarán un fuerte debate y que el macrismo deberá esforzarse para aprobar, ya que en el Frente Renovador todavía no terminaron de definir si esta vez acompañarán. Se trata de la creación de la Enacom, que derogó parcialmente la ley de medios audiovisuales y la anulación de la restitución del 15 por ciento de coparticipación a las provincias, entre otros.

La reunión de comisión bicameral se realizó luego de una disputa por las autoridades que quedó formalmente resuelta ayer. Cambiemos se resistía a ceder la presidencia, pese a que el kirchnerismo tenía 8 miembros y el resto se componía por 6 del oficialismo (4 UCR y 2 PRO), uno del peronismo disidente (el senador Adolfo Rodríguez Saá) y uno del Frente Renovador (el diputado Raúl Pérez). Después de varias negociaciones, se logró acordar que Naidenoff sería presidente el primer año y luego será el turno del kirchnerista Marcos Cleri. El empate de ayer en la firma de los dictámenes explicó por qué se disputó tan fuerte por las autoridades de la comisión. El clima de la reunión fue tenso en varios momentos, con chicanas y denuncias de “intentar embarrar la cancha inútilmente” del lado de Cambiemos y hasta acusaciones de “misoginia” por parte de la diputada Juliana Di Tullio al radical Mario Negri.

La principal espada del oficialismo en la comisión fue el macrista Pablo Tonelli, que defendió en una misma exposición los 5 DNU de Macri y el decreto de delegación de facultades que prorroga hasta el 30 de abril la vigencia de la exención del impuesto sobre los biocombustibles. El kirchnerismo, en cambio, designó a distintos legisladores para abordar por separado los cuestionamientos a cada decreto.

Respecto del DNU 13/15, que dispuso el nuevo organigrama de ministerios, el senador Mario País (FpV), denunció que detrás de esa decisión hubo un “artilugio para violentar la voluntad popular” ya que no se cumplían los requisitos de “necesidad y urgencia” que exige la Constitución y se avanzó sobre leyes aprobadas con amplio consenso por el Congreso, como la ley de medios audiovisuales y la ley Argentina Digital. “Se han lesionado las instituciones, contraviniendo jurisprudiencia de la Corte”, sentenció País, quien recordó que el presidente podía haber convocado a sesiones extraordinarias. El diputado radical Luis Petri le salió al cruce y afirmó que el Poder Ejecutivo “tiene facultades para modificar leyes, independientemente del grado de consenso que hayan tenido”. “Podemos dar todas las vueltas al mundo que quieran para justifica esto pero la realidad es que se están avasallando las facultades del Congreso de la Nación”, insistió la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

Sin acuerdo, el debate siguió con el DNU 211/15, que estableció una modificación a la ley de presupuesto y el cambio de una letra que el Tesoro debía entregarle al Banco Central por un bono de deuda pública que cotiza en el mercado. La senadora Graciela De la Rosa aseguró que con ese cambio se incrementaron los intereses por 10 mil millones de dólares, en detrimento del Estado argentino.

Dada la importancia de los temas tratados ayer, varios senadores del oficialismo que no integran la bicameral se acercaron hasta el Salón Rosado de la Cámara alta. Fue el caso de la jefa del bloque de senadores PRO, Laura Rodríguez Machado, o el propio presidente provisional del cuerpo, Federico Pinedo, quien defendió el cambio de la letra por el bono de mercado, que implicó un cambio en la tasa de interés que le paga el Tesoro al BCRA del 0,15 por ciento al 7,85.

Uno de los temas más controvertidos fueron los decretos 256 y 257, que postergaron la aplicación del Código Procesal Penal y pasaron de la órbita de la Procuración General a la de la Corte Suprema la interceptación de las comunicaciones. En la voz de Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, el kirchnerismo acusó a Cambiemos de ejercer una “persecución contra la procuradora”, Alejandra Gils Carbó. “Lo que quieren es cercar a la procuradora cuando no tienen la facultad para hacerlo. A mí me aterra darles el control de las escuchas a los jueces y a ustedes también debería aterrarles”, advirtió Di Tullio, ante una sonrisa burlona de Negri. “Deberías dejar de reírte cada vez que habla una mina, queda feo”, le espetó la ex jefa del bloque kirchnerista, que lo tenía en frente.

El radical Angel Rozas argumentó que Gil Carbó “no es una persona confiable” y “se cree dueña de la Nación”, lo que para el kirchnerismo significó el reconocimiento de que el traspaso de las escuchas esconde un intento de afectar a la procuradora. Otros legisladores como Tonelli y Petri ensayaron argumentos más sólidos, en donde expusieron que colocar las escuchas en el ámbito del Ministerio Público Fiscal podría afectar la garantía del derecho de defensa, ya que los fiscales son quienes tienen a su cargo la investigación y ordenan las interceptaciones. En respuesta, el kirchnerismo aclaró que las escuchas sólo se realizan con autorización de un juez y que precisamente ahora quedan bajo la órbita del Poder Judicial, en cabeza de la Corte, que delegó esa responsabilidad en el titular de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun.

Al igual que en el caso de las escuchas, el kirchnerismo consideró que la postergación de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal es en realidad una de las materias sobre las que la Constitución le prohíbe expresamente legislar al Presidente. “No se está modificando el Código sino postergando su entrada en vigencia”, retrucó Negri.

Todos esos dictámenes deberán ser tratados por el pleno de las Cámaras, pero con que una de ellas no los rechace ya quedarán ratificados. En ese contexto, Cambiemos confiaba ayer en conseguir que la Cámara de Diputados avale esas medidas, con el apoyo de sus aliados del massismo y el peronismo federal.