La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó que el Gobierno desalojará por la fuerza los cortes de calle. “Les vamos a dar cinco minutos; se van o los sacamos”, advirtió ayer a los futuros manifestantes. Así, ratificó su protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, a pesar de las críticas que señalaron su carácter inconstitucional en la limitación del derecho a la protesta. La norma pretende que quien quiera manifestar avise con anticipación y no moleste a nadie, ni con piquetes ni con quemas de gomas; incluso considera ilegal llevar un petardo. Y pretende que el periodismo se mantenga lejos de los eventuales operativos de represión.

El Centro de Estudios Legales Sociales señaló que uno de los aspectos más graves del protocolo es que “no prohíbe de manera explícita que los policías que intervengan en las manifestaciones utilicen armas de fuego, ni tampoco que usen balas de goma para dispersar”.

“La resolución también habilita detenciones con criterios amplios e imprecisos”, agregó el organismo. “Es decir que el gobierno nacional, en lugar de regular la actuación de las fuerzas de seguridad y el uso de la fuerza, amplía sus facultades para reprimir y criminalizar las protestas sociales.”

El protocolo fue aprobado el miércoles por el Consejo de Seguridad Interior. En base a él, el Poder Ejecutivo podrá intervenir cada vez que un grupo de personas interrumpa el tránsito. Ayer, Bullrich explicó así cómo funcionará: “Les vamos a dar cinco minutos, les vamos a decir que se vayan por las buenas, y se van o los sacamos”.

El texto del protocolo dice:

- “Ante una manifestación pública, las fuerzas de seguridad comunicarán la situación en forma inmediata al ministerio” o la gobernación correspondiente.

- “Se establecerá un espacio de negociación para que cese el corte y se se dará a aviso a la justicia”.

- A los manifestantes se les aplicará “el artículo 194 del Código Penal”, que castiga con desde dos meses a tres años al que impida la circulación del tránsito.

- Luego de esa “negociación” –que Bullrich aclaró será de “cinco minutos”– la policía “procederá a disolver la manifestación” por la fuerza.

- El texto agrega que “si entre los manifestantes se encontraren personas que inciten a la violencia, porten elementos contundentes” e incluso “pirotecnia” (sic) “las fuerzas de seguridad procederán a aislar e identificar a dichas personas”.

- El protocolo también habilita las detenciones, al indicar que “si durante la manifestación hubiere detenidos, se les informará al motivo de su detención”.

La medida aprobada podría entrar en vigencia la semana próxima. Para el próximo miércoles, por caso, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una jornada de protesta por los despidos masivos en la administración pública. En la movida confluirán las dos CTA, los partidos de la izquierda y numerosas organizaciones sociales, cada uno con su modalidad de lucha.

El manual redactado por el Ministerio de Seguridad generó numerosos cuestionamientos. “Habilita a las fuerzas de seguridad a reprimir sin orden judicial”, señaló la diputada Myriam Bregman (PTS-FIT), que lo vinculó al objetivo del Gobierno de “blindar el ajuste e impedir manifestaciones contra los despidos, por el salario y hasta contra los cortes de luz y la megaminería”.

En el mismo sentido, la legisladora porteña Andrea Conde (FpV) indicó que “en un contexto en que muchísimos sectores necesitan manifestarse en defensa de sus derechos laborales y socailes, se busca acallarlos a través de este protocolo que no tiene otro fin que el de disciplinar a la sociedad”. El bloque del FpV en la Legislatura presentó por esto un proyecto de declaración en repudio a la medida.

“El protocolo es presentado como un antídoto frente a los cortes, como si éstos existieran sin relación con las condiciones de vida. Nadie corta por cortar”, sostuvieron Claudio Lozano y Víctor De Gennaro, de Unidad Popular.

Para el ex senador radical Leopoldo Moreau, la nueva norma dictada por el gobierno de Macri “no sólo es una grave regresión autoritaria, sino que revela que la represión está entre sus prioridades”.

“Ponen en riesgo la paz social y nos retrotraen al peor pasado represivo”, agregó Victoria Donda, del Movimiento Libres del Sur. “Los argentinos no eligieron un nuevo presidente para reducir libertades y garantías básicas como el derecho a la protesta, sino para que resuelva los problmeas que más los afectan, como la inflación, el desempleo, que condena a miles de compatriotas a recibir un ingreso paupérrimo, o la exigencia de que las prácticas corruptas en el Estado se acaben. Este anuncio, por el contrario, parece apuntar a acallar la protesta y ocultar los problemas con represión y persecución.”

“El protocolo habilita a la policía a actuar de incógnito, situación que se retoma de prácticas conocidas de Gendarmería y del resto de las fuerzas de seguridad”, añadió el legislador porteño Itai Hagman (Patria Grande). “No es otra cosa que una cobertura para salir a reprimir, lisa y llanamente. La protesta social tiene orígenes concretos en problemas sociales y la violencia no es la solución.”