La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, organismo creado por la ley del mismo nombre, y a cuyo frente se encuentra Cynthia Ottaviano, emitió una resolución en la que cuestiona en tono firme y terminante los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) producidos por el gobierno del presidente Mauricio Macri en temas de comunicación, por entender que “afectan la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), transgrediendo derechos consagrados en esta norma, en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos a ella incorporados, así como los estándares de libertad de expresión emanados de los órganos de aplicación e interpretación de dichos tratados”.

En el mismo documento se denuncia “discrecionalidad” por parte del Ejecutivo, algo que “no se corresponde con ningún precepto de la comunicación y la información entendidas como un derecho humano fundamental de las sociedades contemporáneas, ni con los principios democráticos fundamentales” y señala que lo que se intenta instalar es un nuevo paradigma de la comunicación entendida como “negocio” y como “mercado”.

La resolución, conocida ayer y que lleva la firma de la Defensora del Público, hace un extenso recuento de los reclamos recibidos por la Defensoría por parte de organismos y personas afectadas por los DNU aludidos, repasa jurisprudencia en la materia, da cuenta de las posiciones adoptadas al respecto por especialistas y organismos internacionales que atienden tanto a los temas de comunicación como a los derechos humanos y brinda información acerca de lo actuado por la propia Defensoría desde que se conocieron las decisiones del gobierno de Cambiemos. Según se expresa en el extenso documento de 74 páginas, las modificaciones introducidas por decreto a la LSCA fueron rechazadas por más de cien presentaciones realizadas por diversas organizaciones de la sociedad civil, del ámbito universitario, sindical, comunitario, cultural, campesino e indígena”.

El texto de la Defensoría sintetiza los cambios introducidos señalando “la disolución de los organismos colegiados y plurales” creados por la LSCA y la “remoción sin causa de todos sus integrantes”; “la creación de una nueva Autoridad para aplicar la normativa audiovisual y de telecomunicaciones dependiente del Presidente de la Nación”, “el desmantelamiento de las regulaciones fundamentales que la normativa audiovisual establecía para evitar la concentración monopólica, oligopólica o indebida en los medios audiovisuales” y la “exclusión del servicio de televisión por suscripción –salvo el satelital– de la regulación de la ley 26.252, dejándolo de considerar servicio de comunicación audiovisual para comprenderlo como telecomunicación”. A todo lo anterior se agrega la “eliminación de derechos de las audiencias, como el ‘abono social’”.

La resolución destaca de manera especial que los decretos del Ejecutivo revisten “particular gravedad” en lo referido a la exclusión de los servicios de televisión por cable, “ya que al permitirse que un solo licenciatario pueda ser prestador en todo el país, se habilita la posibilidad de máxima concentración monopólica, sin siquiera lineamientos en la grilla de programación”. Si bien el documento no lo señala, este punto ha sido uno de los más cuestionados por los defensores de la LSCA dado que es el camino que habilita al Grupo Clarín para profundizar la concentración monopólica.

“Esta Defensoría sostiene que los Decretos cuestionados a lo largo de esta Resolución dañan la tradición y la vocación de participación ciudadana, a la vez que permiten –y promueven– la concentración de la comunicación audiovisual, posibilitan acumular más cantidad de licencias, hasta por tiempo indeterminado, habilitan la transferencia entre ‘particulares’, como si fueran mercancías, y flexibilizan y eliminan, en el caso específico del cable, la propiedad cruzada y los límites establecidos por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, se dice en una parte del documento.

La misma resolución sostiene al respecto que “estos Decretos dañan también el capital simbólico construido por la sociedad argentina al diluir un paradigma que considera la comunicación como un derecho humano y retroceder a uno que lo mercantiliza”. Subrayando que “el daño se extiende a todos los actores de la comunicación reconocidos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que tenían participación en sus órganos de aplicación, hoy disueltos y transformados en instancias gubernamentalistas”.

La resolución de la Defensoría sostiene también que “los Decretos dañan la posición de Argentina en el sistema interamericano y universal de Derechos Humanos, al incumplir las recomendaciones y estándares en la materia, produciendo un retroceso inédito en pleno siglo XXI y cuyo perjuicio afecta a la totalidad de la sociedad”.

Los decretos emitidos por el Ejecutivo que apuntan a la modificación de los servicios de comunicación audiovisual deberán ser revisados por el Congreso a través de la comisión bicameral respectiva.

En su parte resolutiva, la Defensoría decide poner los antecedentes y la argumentación correspondiente en manos de los presidentes de todos los bloques parlamentarios para que sean tenidos en cuenta en el momento de tratar los decretos en ambas Cámaras, entregar los mismos documentos a los integrantes de la “Comisión bicameral de promoción y seguimiento de la comunicación audiovisual, las tecnologías de las telecomunicaciones y la digitalización” que deberá entender en el tema, así como elevar todo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Al mismo tiempo se decide convocar a “un espacio permanente” en el marco de la propia Defensoría a universidades, centros de estudio, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil de todo el país, con el propósito de debatir sobre “estándares y reconocimientos legales en materia de derechos humanos a la comunicación, derechos de las audiencias, concentración comunicacional, acceso a la información y libertad de expresión”.