Las razones últimas que motivan a los hombres a realizar actos nobles o infames suelen (como poco, pueden) tributar más a la psicología que a la Historia. No es fácil saber, ni aún imaginar, qué causa indujo a Mario Pontaquarto a la minuciosa, creíble, asombrosa confesión que cambia una vez más el (de por sí usualmente cambiante) escenario de la política local. No abundan los arrepentidos en general, mucho menos en el interior de la corporación política. Pero, por lo que fuera –algo debió pesar el desamparo torpe al que lo sometió su propia famiglia– Pontaquarto habló. Contó lo que todos sabían pero lo apuntaló con precisiones, nombres propios, horarios, fechas y montos. Y acá estamos, como de costumbre, con la sensación de encontrarnos ante un inminente terremoto.
La confesión detona en un contexto favorable, propiciado por una conjura de circunstancias y actores. El gobierno actual se ha propuesto una tarea de regeneración institucional, prolongando (a su modo, con sus criterios, sus alianzas y su idea de la gobernabilidad) los intentos previos de Carlos “Chacho” Alvarez, Elisa Carrió y los millones de ciudadanos que corearon “que se vayan todos”. En ese marco de cambio, de restauración de la ley y la dignidad los corruptos se sienten más solos, más aislados, las lealtades mafiosas se tornan más quebradizas. Es más posible que algún eslabón de la cadena de complicidades se quiebre. Y así fue, en buena hora.
El flamante tándem porteño Aníbal Ibarra-Alberto Fernández (cuya dialéctica ha sido todo un dato de la política del segundo semestre del año) funcionó con pertinencia, astucia y coherencia institucional conteniendo al quebrado y, por así decirlo, conduciéndolo a Tribunales.
Para el gobierno nacional se abre un escenario desafiante: el escándalo viene a apuntalar su costado más virtuoso. Pero lo obliga a tomar razón de que algunos de los implicados son aliados cabales (el gobernadorsanjuanino José Luis Gioja), “compañeros de ruta” (el mandatario pampeano Carlos Verna en cuya asunción estuvo Néstor Kirchner hace contados días) o “intocables” en cuyo torno cerrarán filas muchos peronistas de ley (el chaqueño Ricardo Branda que es director del Banco Central tan luego). Habrá que ver cómo se comportan los dos grandes partidos nacionales y populares frente al destape del modo en que gerenciaron –bajo la advocación de Perón, Evita, Alem e Yrigoyen– la entrega del país y la sumisión de la mitad de su población en pobreza y desempleo records. Hasta ahora Kirchner fue manejando con astucia táctica su batalla contra la corrupción: eligió rivales carentes de alianzas institucionales sólidas, fuertemente simbólicos –la mayoría automática, la cúpula militar, los asesinos genocidas de la dictadura, Luis Barrionuevo– que le permitían resultados notables con poca posibilidad de que los impresentables elegidos como blanco sumaran defensores. El mapa de la transa bipartidista es más peliagudo, será más duro de matar y –todo lo indica– convocará aliados más consistentes que los barras que rodean a Luisito o los parientes que rezaron junto a Eduardo Moliné O’Connor.
Para el Gobierno la nueva coyuntura es un reto que lo obliga a doblar esfuerzos en la arena que le viene siendo más propicia. Para Carlos Alvarez es una suerte de resurrección valorativa, que bien se merece. La corroboración con pelos y señales de los hechos que él denunció y contra los que batalló revaloriza su brega y su renuncia de entonces. La dimisión, por usar una expresión cara a Chacho, se resignifica. Recobra el tono épico que tuvo su (hasta ahora) última acción política a la altura de sus mejores calidades.
Muchos errores políticos cometió el ex vicepresidente, de algunos se autocriticó y de otros se hablará en el párrafo siguiente, pero lo cierto es que también obró un gesto impar de desprendimiento que los argentinos de bien deberían repensar. Un dato geográfico viene a cuento: tras todo lo que pasó Alvarez sigue viviendo en el barrio donde siempre moró, en la circunscripción 18 de la Capital, sin más bienes de fortuna que los pocos que tenía cuando llegó a las ligas mayores. La revisión patrimonial que deberá caer sobre los sospechosos debería alentar una mirada paralela sobre los acervos materiales de quienes, como Chacho y Lilita, los fustigaron en marcada soledad. Las siderales diferencias de sus activos materiales son toda una referencia que una sociedad en trance de revisión de sus valores no debería soslayar.
Una ley para los mercados
Un vistazo hacia el pasado permite reparar en algo que, aunque ostensible, no siempre es subrayado. La corrupta trama de la ley de Reforma laboral tiene una inusual peculiaridad: las valijas no transitaron, como es de rigor, del sector privado al de los legisladores representantes de las provincias o del pueblo. El cohecho requiere dos partes, el que peca por la paga y el que paga por pecar. Este, de ordinario, está encarnado en lobbies empresarios que defienden tangibles intereses. La reforma laboral colocó, de ambos lados del mostrador, a integrantes de la corporación política. Claro que la norma beneficiaba al sector empresario, pero lo hacía de una forma genérica y difusa. Acaso hasta sobreabundante porque, ya se sabe, la flexibilización se impone en los hechos antes que en las reglas. Pero quien jugaba su reputación con esa malhadada norma era el propio gobierno.
La administración aliancista hacía lo que fuera para demostrar su alineamiento con los organismos internacionales de crédito y sus –a esa altura– desacreditadas recetas. Los integrantes del Gobierno –los que participaron de la trama oscura y los que no– festejaron el dictado de esa ley que mejoraba su prestigio “ante el mundo”. El “mundo” se expresaba en la prensa foránea que se aterraba porque Hugo Moyano y los suyos habíanquemado basura y llantas en las calles aledañas al Congreso. En Trabajo, donde residía el conspicuo Alberto Flamarique, y también en Economía, donde campeaba José Luis Machinea, hoy funcionario internacional con los colores argentinos, se hacían cruces porque el diario español El País había publicado una foto de tamaña barbarie. Y estaban chochos cuando se dictó una norma que restringía los ya menguados derechos de los asalariados nativos.
Las responsabilidades penales en un régimen garantista son estrictas y sólo deben recaer sobre los que comprobadamente cometieron un delito. Las responsabilidades políticas de un gobierno que usurpó un espacio usualmente propio de la actividad privada (el del que paga la dádiva) en pos de una ley antipopular y antiproletaria son más vastas. La necesaria derogación de la norma mal habida debería servir para repensar los costos de pensar la política en función de las vulgatas de la derecha, nativa o foránea.
Contra el uno por ciento
“Ellos están buscando un mártir. Quieren que haya represión y sangre para ganar espacio. No les vamos a dar el gusto.” “Ellos” son, en la verba de varios funcionarios con despacho en la Rosada, los dirigentes piqueteros sindicados como “duros”. En el Gobierno están convencidos de que su debate público con algunos líderes de los desocupados es escalado, con perversa mala fe, por “ellos”.
Esa lectura, no comprobada, es por lo demás opinable. Hasta ahora, la dirigencia piquetera (más allá de su verba explosiva) tiene una cotidiana gimnasia de negociación con los gobiernos nacional, provincial y municipales. Y consigue una formidable disciplina de sus bases, algo que no se logra sin que medie algún valor de la conducción. Así y todo, ya tienen sus mártires, los pibes asesinados en Avellaneda, que cayeron a manos de la policía brava, en un marco que fue precedido por confrontativas declaraciones de funcionarios duhaldistas de primer nivel.
Imbuido de esa lectura, el propio Presidente salió a confrontar verbalmente con una dirigencia a la que acusó de tener pertenencia política y no interpelar electoralmente a más del uno por ciento del padrón. Es francamente chocante que un gobierno que hace un culto de la militancia pasada cuestione que los dirigentes gremiales posean pertenencia política. También la tienen Hugo Moyano, que cuenta con buena entrada en oficinas oficiales, y Luis D’Elía, que recibe ingente apoyo estatal y que asimismo puja en la arena política, sin trasgredir el uno por ciento de las adhesiones. D’Elía tiene mucho mejor acceso al despacho de Kirchner que el propio intendente de La Matanza Alberto Balestrini.
En verdad, el Gobierno se encona con los dirigentes que –a diferencia de D’Elía y otros menos conocidos– no se encolumnan tras él en forma estentórea. Y se autodefine “afuera” de sus internas, siendo que no lo está. El oficialismo no ha sido pasivo ni ajeno en la interna de los piqueteros. Varios de sus funcionarios activan dinámicamente en ella, promoviendo grupos afines, articulando con ellos políticas de contención y de obras públicas. Carlos Kunkel, Oscar Parrilli y Eduardo Luis Duhalde participan de esos armados que no son sólo acuerdos platónicos. Como es lógico, los dirigentes sindicales se mueven en función de beneficios para sus representados. Esto no tiene nada de malo, se trata de hacer política, de sumar, de ampliar frentes de alianzas. Lo malo está en no explicitarlo, hacer gala de imparcialidad y en negar a los contestatarios la posibilidad de “hacer política”.
El congelamiento de la nómina del Plan Jefas y Jefes de Hogar, que tiene un año y medio, es una flagrante injusticia que el Gobierno no corrige. De hecho, cualquier persona que califique para recibir el subsidio y que (por cualquier contingencia) haya llegado después de que se cerrara laventanilla queda desamparada. No cobra siquiera la módica mensualidad, que el duhaldismo (en un momento pésimo y de malaria) concibió universal. Ahora ha quedado desnaturalizado, reducido a un beneficio para algunos. Hay propuestas interesantes para replantear el subsidio universal, acaso en forma de asignación familiar por hijo. Pero hasta ahora no han sido receptadas por el Gobierno, que prefiere gerenciar lo que dejó la administración Duhalde.
Otro punto flojo oficial es la negativa acerca de planes sustitutos. Se asegura que no existen o, con ligera mayor precisión, que sólo se otorgan algunos que habían sido autorizados por el gobierno de Duhalde y no distribuidos. Es peliagudo el acceso público a esa información, que no tiene deseable transparencia, pero lo cierto es que se han otorgado –según quién lo cuente– entre 200.000 y 300.000 planes durante la administración Kirchner y el reparto llamativamente coincidiría con el mapa de sus preferencias políticas. Los planes de obras públicas por autoconstrucción también reflejan réprobos y elegidos.
La acción social gubernamental, que privilegia actividades cooperativas y promoción de tareas comunitarias, es encomiable porque pretende restaurar lazos societales y la cultura del trabajo. Pero, por definición, es una tarea a largo plazo que de momento concierne a una porción minoritaria de los más sumergidos. Sus efectos no serán masivos ni se terminarán el año que viene y quizá tampoco en el 2005. Es una siembra valiosa pero no suple la asistencia inmediata a los más necesitados, sino que debería complementarla y complejizarla. El 2004 debería prohijar una discusión que concierne al Gobierno pero también lo excede. Por plantearla de un modo algo brutal: si los argentinos accedieron en 2002, cuando no había ni una moneda ni atisbo de recuperación, a destinar mucho dinero para paliar la pobreza extrema, ¿es lógico que ahora hagan más o menos el mismo esfuerzo o es exigible que lo redoblen?
El inminente traspaso del Jefas y Jefes de Trabajo a Desarrollo Social implicará una notable variación del peso respectivo de ambas carteras, pues el manejo del plan implica un aparataje de recursos económicos y humanos. También debería aparejar, y en la cartera que maneja Alicia Kirchner así se piensa, un cambio de funciones, en el sentido de munir algo más que el pago del subsidio. Lo que por ahora no parece estar en carpeta, y a ojos de este columnista sí debería estar, es asumir que el universo de beneficiarios del subsidio ciudadano debería ampliarse vastamente en pos de recuperar su carácter universal, único antídoto cabal contra el manejo potestativo estatal, génesis primera de todos los clientelismos.
De números y legitimidades
El Presidente tiene razón cuando señala la escasa representatividad relativa de los distintos movimientos piqueteros, sayo que también les calza a los que le son más adeptos. La fragmentación de las respectivas jefaturas y militancias tendrá su preciso mapa el propio 20 de diciembre, para el que no se ha podido articular un acto conjunto que será suplido por una especie de maratón sucesiva de convocatorias (ver en detalle página 15). Pero esta diáspora de liderazgos –que debería hacer reflexionar a la dirigencia del sector mucho más proclive a la cariocinesis que a la introspección– no desmiente que el universo de potenciales representados por los movimientos piqueteros es vastísimo. La cantidad de desocupados es enorme. Y también es cabal que los –cuestionados y cuestionables– representantes a la criolla que les han surgido son más cercanos a su base que las dirigencias políticas, aún las de partidos que tienen mucho más que el uno por ciento de los votos, incluido el justicialista. Eduardo Duhalde advirtió ese detalle y por eso aceptó transferir cotas de poder a dirigentes que lo desafiaban, con elpragmatismo y la capacidad de tejer redes capciosas que lo caracterizaron. Ese armado era precario y sin duda no resistirá el paso del tiempo pero tomaba nota de un hecho nada menor: aún en la provincia de Buenos Aires los piqueteros están más cerca de los desocupados que el activismo del peronismo. Valga repetir algo ya dicho, que es que el Gobierno sigue sin tener una política que abarque a la totalidad de los desocupados.
Cierto es que el mensaje del Presidente contiene la clara consigna de no reprimir y que esta consigna –Página/12 puede dar fe de ello– es también la que todo el tiempo “baja” Kirchner a su equipo de gobierno. Pero los mensajes públicos no se completan cuando se los emite, el receptor también cuenta, y cómo. La voz presidencial azuzando a los piqueteros será la que tendrán en su magín los uniformados que controlen la movilización, cuyo pensamiento suele ser binario, no demasiado permeable a ideas tales como “estos son malos pero hay que tratarlos bien”. Muchas personas decodificarán el mensaje presidencial y lo transformarán en acción en momentos quizá calientes y difíciles. De cara a lo que son los antecedentes en la Argentina “calentar el ambiente” desde la Rosada no es el mejor modo de asegurar una jornada de movilización y paz, que ésa es la misión del Gobierno. Ojalá que los ánimos se templen y el 20 haya miles de argentinos coreando sus broncas en libertad.
Una semana histórica
La semana que empieza mañana puede ser histórica y puede que lo sea para bien. La investigación sobre las coimas senatoriales tiene que crecer y bien puede llegar hasta Fernando de la Rúa y el disco rígido del peronismo y el radicalismo, más vigentes que el ex presidente.
La conmemoración de las complejas jornadas de diciembre de 2001, si es pacífica y masiva, tendrá también un sentido auspicioso. Las consignas que entonces se entonaron no están cumplidas, y quizá no podían cumplirse todas, a fuer de utópicas. Pero el tiempo, y las caídas de sucesivos gobiernos no habrán sido en vano si se consigue que la sociedad argentina siga teniendo presente, así sea porque lo ve en las calles, que muchos de sus compatriotas siguen privados de los atributos mínimos de la ciudadanía. Y que la lucha por la regeneración de las instituciones sólo tendrá sentido si sirve para comenzar la batalla contra la desigualdad. Una desigualdad que afrenta las tradiciones de los partidos nacionales y populares que, en mala hora y con entusiasmo, cambiaron sus banderas por una Banelco.