El ex diputado frepasista por La Pampa Pablo Fernández acababa de asumir la presidencia de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura y de inmediato se encontró en el ojo del vendaval: el radicalismo estaba incómodo porque el juez federal de La Plata Ferrer Balbín tenía pocas posibilidades de salir airoso de la solicitud de jury por intento de cohecho formulada por TyC. El juez, sostenían los denunciantes, había pedido una contraprestación para impedir que el partido de fútbol Argentina-Bolivia fuera emitido por la tevé abierta. Las pruebas colectadas eran abrumadoras y Ferrer Balbín dimitió para evitar la destitución. La preocupación de ciertos sectores en la UCR se comprendía: Ferrer Balbín era el nieto de Ricardo Balbín. El otro tema urticante era el juez federal porteño Carlos Liporaci, denunciado por su actuación en la causa de Yacyretá y sospechado por la compra de una casa cuyo monto excedía en mucho sus posibilidades. Pero Liporaci, entretanto, recibió la causa iniciada por las denuncias de coimas en el Senado. Desde su estudio de Santa Rosa, Fernández recuerda a la perfección quiénes intervinieron para pedirle que tratara con cautela el expediente de Liporaci.
–¿Hubo presiones sobre el Consejo para mejorar la situación de Liporaci?
–No sabría decir si eso ocurrió con otros. Sí sé que al hacerse cargo de la causa por coimas en el Senado, Liporaci dijo a los periodistas que los senadores estaban hasta las manos. Después, su actitud comenzó a cambiar. Por esos días, Ricardo Gil Lavedra, todavía ministro de Justicia, me mandó decir que quería verme. Me explicó que sería oportuno que levantara el pie del acelerador con lo de Liporaci, porque el juez había hecho saber que iba a tratar con buena voluntad la cuestión de los senadores.
–¿Se lo planteó abiertamente?
–Lo dijo con elegancia, tratando de que no sonara brutal, como suelen sonar esas cosas. Pero había que ser un tonto para no darse cuenta de que lo que estaba pidiendo era que frenara la investigación.
–¿Y usted qué contestó?
–Me limité a escuchar. Días más tarde, los periodistas me preguntaron por el estado de la investigación y yo respondí que si reuníamos suficientes elementos Liporaci sería enjuiciado. Era más o menos fines de setiembre, principios de octubre. Cuando eso se publicó, Gil Lavedra me volvió a hablar. Llamó varias veces, pero yo no contesté sus llamados.
–¿Recibió alguna otra sugerencia en ese sentido?
–La causa contra Liporaci siguió y estábamos en condiciones de pedir su suspensión. Alrededor del 20 de diciembre me llaman desde el restaurante Quorum, que queda muy cerca del Congreso, y me piden que me acerque por allí. En la mesa había unas cinco o seis personas. Los que yo conocía eran Alfredo Vítolo y Carlos Maestro. Supuse que el resto serían colaboradores de ellos. Cuando me siento, Vítolo y Maestro me dicen que hay que postergar la decisión sobre Liporaci para hacerlo todo con más prolijidad y sin apuros, que hay que diferir esa resolución hasta febrero o marzo. Ahí me di cuenta de que me había quedado sin los votos necesarios para que la comisión acusara al juez. Vítolo era el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo y Maestro reemplazaba, como representante de los diputados, a Melchor Cruchaga, que había dejado su lugar para convertirse en viceministro de Jorge de la Rúa en el Ministerio de Justicia.
La comisión se reunió el 7 de febrero. Algunos consejeros reclamaron que se sesionara a puertas cerradas por la importancia institucional del tema. Fernández se negó y los periodistas ingresaron a la sala. La acusación fue aprobada. Los intentos para lograr una nueva postergación habían fracasado y Liporaci quedó en camino al juicio político. Pero el magistrado ya había cumplido su parte: el 29 de diciembre de 2000 había dictado la falta de mérito a los senadores imputados, entre otros Ricardo Branda y Augusto Alasino, ambos miembros del Consejo de la Magistratura. El 15 de febrero elevó su renuncia al Poder Judicial.