La detención en Brasil del ex presidente Lula por una horas, de una ex amante del presidente Evo Morales en Bolivia y de la fundadora de la Organización Barrial Tupac Amaru, Milagro Sala, en la Argentina, así como las investigaciones en Chile contra el hijo de la presidenta Michelle Bachelet, forman parte de una ofensiva coordinada a escala continental contra los gobernantes populistas que en la última década transformaron el panorama económico, político y social de Sudamérica y contra los líderes de los movimientos sociales que los impulsaron y sostuvieron.

Todos ellos son acusados por supuestos hechos de corrupción, de diferente gravedad y verosimilitud. Eso es lo que debería dirimirse en un proceso equitativo y transparente, que es lo que no abunda, y no mediante la vociferación escandalosa de los comunicadores indignados que claman justicia con tanta seriedad como una buena señora en pantuflas con la bolsa de la feria. Perseguir y humillar a esos líderes es necesario para desacreditar la política que llevaron adelante y que hoy está en frenético curso de reversión, por distintos motivos en cada país pero en el contexto del derrumbe de los precios de las materias primas que exportan, antes de que pudieran cambiar la estructura productiva de sus países. Así puede entenderse mejor la citación a la ex presidente CFK a declarar por la operatoria del Banco Central con dólares a futuro y la declaración de incompetencia de la jueza Fabiana Palmaghini en la causa por la muerte del fiscal general Natalio Alberto Nisman, para que se haga cargo la justicia federal.

Hasta el jefe opoficialista Sergio Massa consideró absurdo involucrar a Cristina en la causa por el dólar futuro, una operación legítima de estabilización del tipo de cambio, con la que el Banco Central ha obtenido grandes ganancias en el pasado. Si en este caso padeció quebrantos es porque el actual gobierno dispuso la devaluación del peso, que al momento de los contratos era apenas una hipótesis entre otras. Si por el contrario hubieran mantenido la cotización del dólar dentro de los parámetros contemplados en el presupuesto nacional, en vez de pérdidas hubiera obtenido beneficios. Con tan escaso sustento el doctor Glock intenta convertirse en émulo del juez brasileño Sergio Moro, así como el Grupo Clarín hace la misma labor de ariete que la revista brasileña Veja, difundiendo informes de la Inteligencia estadounidense e israelí que nunca se comprueban, pero cuya repetición abre camino para cualquier arbitrariedad posterior. Si el juez entiende que hubo una defraudación debería procesar a los banqueros y a otros apostadores que se beneficiaron con la transferencia patrimonial y a los funcionarios que devaluaron, negociaron con los ganadores y les pagaron, sin los cuales la maniobra no se hubiera cumplido. Y si entendía que era un delito, ¿por qué no impidió que se consumara? Al mismo tiempo que esto ocurre, el Poder Ejecutivo defendía en el Congreso el proyecto de ley exigido por el juez de Wall Street para consumar un pago exorbitante a los fondos buitre. Vale la pena recordar que representantes de los fondos buitre financiaron a los caceroleros argentinos luego de una reunión en San Pablo y que una empresa del principal socio de Paul Singer y de la task force Argentina, Sheldon Adelson, giró a Nisman, entre 2010 y 2014, 280 mil dólares a una cuenta del Bank Hapoalim en Uruguay.

Como lo anticipé en mis primeras notas de este año, la pieza central en el intento del gobierno por enjuiciar a la ex presidente nada menos que por traición a la patria es el ex jefe de Inteligencia Antonio Horacio Stiuso, cuyo regreso al país anuncié el 3 de enero (“Apunten a la cabeza” y “La vida no vale nada”). Completa este cuadro el proyecto de ley elaborado por el ministro de Justicia Germán Garavano que instituye las figuras del arrepentido, el agente revelador y el informante para la investigación de fraudes contra la admnistración pública y otros “delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones”. El fundamento alegado es la investigación de delitos complejos y el articulado enumera otros que predisponen favorablemente a la opinión pública, como los vinculados con estupefacientes, armas, asociaciones ilícitas, prostitución de menores y pornografía infantil, financiación del terrorismo, lavado de dinero y trata de personas. Que esto es sólo un pretexto queda claro en el último inciso del artículo 2, que los enumera, y agrega: “Cualquier otro delito que por las circunstancias particulares del caso, el juez evalúe que para resolverlo dada su complejidad, es viable la aplicación de los instrumentos que se prevén en la presente ley”. La infiltración “de agentes de las fuerzas de seguridad o policiales en actividad, o de los organismos de inteligencia para que actúen en forma encubierta” será blanqueada por el juez, que “dispondrá que simulen participar en la comisión de los delitos”. Es la herramienta de la que dispone en Brasil el juez Moro y que necesita aquí el doctor Glock para conseguir falsos testimonios contra la ex presidente y la que el contador Gerardo Morales aplica en Jujuy, aunque allí no haya ley del arrepentido: quienes acusan a Milagro Sala de algún delito que sirva para mantenerla privada en forma ilegal de su libertad son protegidos aunque se hayan auto incriminado al confesarlo, mientras aquellos que no desertan de la organización popular son perseguidos por la policía y la Justicia.

La sala de la Cámara de Apelaciones que preside Mario Filozof debe confirmar o revocar la decisión de Palmaghini, quien durante años fue su secretaria letrada y que hasta hoy no da un paso sin consultarlo. La posición de Filozof ya es conocida, porque anticipó su voto en encuentros con periodistas, a quienes les explicó las razones procesales que justificarían el cambio al fuero de excepción. En esos encuentros exhibió una copia de la declaración testimonial de Stiuso, un privilegio que Palmaghini no le confirió ni siquiera a la fiscal Viviana Fein. Esto es apenas una muestra gratis de lo que se avecina cuando la causa sea depositada en el nido de víboras de Comodoro Py.

Ante la solicitud de la exposa de Nisman Sandra Elizabeth Arroyo Salgado, Palmaghini ratificó el 12 de febrero su competencia porque no podía determinar por qué murió; el 24 de febrero el fiscal de Cámara Ricardo Sáenz, organizador de la marcha de los paraguas hace un año y de su penoso remedo este opinó que había sido asesinado a raíz de su denuncia contra la ex presidente y la semana pasada la misma apreciación fue vertida ante la jueza por los agentes de Inteligencia Carlos Rodríguez a) Moro, y Stiuso. Aunque ninguno de los tres aportó prueba alguna de sus presunciones, y el abogado de Stiuso admitió que no las tenía, Palmaghini revisó su decisión de dos semanas atrás y se declaró incompetente. Además presentó una denuncia penal contra la fiscal Fein porque Stiuso dijo que ya en su declaración de enero de 2015 había dicho que fue un asesinato pero la fiscal no lo consignó en el acta. Un juez penal de otra jurisdicción analizó así el fallo. “Para sostener la hipótesis de un homicidio no basta con decir a Nisman lo mataron, hay que dar respuesta al hexaedro de Quintiliano: quién, cómo, dónde, con qué medio, por qué, cuándo. Y en este caso no se sabe por dónde entró el asesino, cómo sucedió el hecho, por qué no hay huellas al salir del baño, cómo es posible que nadie lo viera y no saliera en ninguna filmación de todas las cámaras de video de la zona más segura de la Argentina. Hay que tener una explicación para un homicidio y hasta ahora nadie pudo reconstruir el hecho de manera verosímil a excepción de la hipótesis del suicidio, que sufre cada vez que hablan incompetentes como Parrilli y compañía. La afirmación de Stiuso sobre Fein tampoco se sostiene: el acta fue leída por el secretario en su presencia y la de su abogado, luego de lo cual la firmó sin objeciones. Creo que Palmaghini debió denunciar a Stiuso por omitir información relevante (delito de falso testimonio) y no a Fein”.