“Me queda la impresión de que Mario Pontaquarto sabe más cosas de las que dice”, confía un destacado integrante de la bancada oficialista en la Cámara alta. Con rigurosa reserva de su nombre, el legislador sugiere que los silencios del arrepentido en la causa por los sobornos “protegen” a algunos partícipes en el escándalo. Nadie de los actuales senadores quiere aparecer públicamente hablando del tema. En este caso el parlamentario ve en los dichos del ex secretario parlamentario del Senado una confirmación al pago de las coimas.
“En el Congreso uno siempre se cruza con miles de anónimos, pero nunca vi uno más verosímil que aquel que se difundió contando algunos pormenores que rodearon al tratamiento de la Ley de Reforma Laboral”, redondea. En la explicación del legislador, las afirmaciones de Pontaquarto no son contradictorias con los dichos de aquel anónimo que sacudió a los senadores luego de que Carlos Alvarez lo amplificara en una reunión de labor parlamentaria.
“La compra de leyes fue una práctica que caracterizó a los ‘90 y que continuó con la Alianza. Fue más grave en la Alianza ya que esta fuerza política había prometido que venía a terminar con una práctica corrupta en la política argentina”, recuerda el parlamentario.
Por cierto que para este senador del oficialismo no quedan dudas de que el hecho ocurrió. Incluso no puede ocultar cierto enojo cuando se le pregunta si esa práctica del intercambio es cosa del pasado. En estos momentos, del tema de los sobornos nadie quiere hablar en público. Incluso hay quienes se agarran la cabeza de tan solo pensar que en la sesión de hoy alguien pueda pedir la palabra para plantear alguna cuestión de privilegio. Por lo pronto, el bonaerense Antonio Cafiero peregrinó por varios medios reclamando un reconocimiento público. Algunos legisladores del oficialismo temen que en la sesión de hoy, Cafiero pida algo parecido a sus pares. No hace mucho que el correntino Angel Pardo calificó a Cafiero como un “viejo gagá”.
“Me parece patético ver cómo ahora compiten distintos personajes políticos para ver quién denunció primero las coimas. Es la decadencia de la decadencia”, confía a este diario el importante legislador del oficialismo que accede a hablar con la reserva de su nombre. Por cierto son varios los senadores del PJ en la Cámara alta los que fueron a revisar la versión taquigráfica para ver si el sanjuanino José Luis Gioja había votado en contra, o se abstuvo, tal como fueron sus primeras respuestas cuando se conocieron las afirmaciones de Pontaquarto. En el Senado tan solo cuatro senadores votaron en contra.
La ley ingresó a Diputados el 20 de enero de 2000. El 24 de febrero obtenía la media sanción de la Cámara baja. El 29 de marzo, cuando se ausentaba de la Comisión de Trabajo del Senado, el titular de la CGT disidente Hugo Moyano dijo que el ministro de Trabajo Alberto Flamarique les había dicho que disponía “una Banelco para convencer a los senadores”. El 11 de mayo, luego de que la ley fuera aprobada en el Senado y cuando se la volvía a discutir en Diputados, la santacruceña Cristina Fernández de Kirchner dijo: “El proceso de revisión del Senado no solamente fue escandaloso, fue además penoso, decadente y hasta sospechado”. Dos meses después, aparecía el primer artículo periodístico levantando sospechas sobre el Senado. Cuando los fiscales leyeron la versión taquigráfica llamaron a Kirchner a testimoniar en la causa. Aunque muchos de los actuales senadores no estaban en aquel viejo Senado, los temores por el escándalo los lleva a guardar silencio. Hecho que apenas se animan a romper si se les promete reserva de su nombre.