Era nada más que un gesto. Era lo único que los diputados del PJ estaban dispuestos a otorgar ante la ausencia de una señal del Ejecutivo para avanzar en la derogación de la ley de Reforma Laboral. De todas formas, anoche, cuando la Cámara baja se aprestaba a debatir un proyecto de declaración, donde los legisladores se comprometían a “considerar la pronta derogación de la ley 25.250” por entender que carece de “legitimidad legal y política”, el oficialismo desapareció de sus bancas y la sesión cayó por falta de quórum.
La iniciativa había surgido luego de una complicada reunión de Labor Parlamentaria. Sucedió que el oficialismo vio la necesidad de producir al menos un gesto sobre la cuestionada norma para no ser menos que sus colegas del Senado. Pero para avanzar en esta declaración debían superar la intentona de los bloques del ARI, Socialista e Izquierda Unida, que impulsaban la anulación lisa y llana de la norma.
El PJ se resiste a esta posibilidad no sólo porque el Gobierno todavía no le dijo qué hacer sino porque en realidad la anulación le abre un complicado frente de conflicto para el gobierno y que no es otro que volver a negociar con gremios y empresas una nueva ley laboral. Es por ello que recurrieron a la propuesta que había realizado el diputado de Democracia, Igualdad y Autonomía, Claudio Lozano (DIA). El legislador había propuesto un proyecto de declaración donde el Congreso se comprometía a discutir y consensuar –con todos los sectores implicados– en una nueva norma laboral. El martes a la noche esto había sido rechazado por el PJ, pero ante la iniciativa del Senado los obligó a buscar una reacción similar. La triquiñuela era llevar a la reunión de Labor el texto de Lozano pero con modificaciones. Cuando en la tarde de ayer Lozano vio la maniobra, retiró inmediatamente su propuesta. Y sobre todo cuando los diputados Eduardo Macaluse (ARI), Jorge Rivas (PS), Patricia Walsh (IU) y Luis Zamora (Autodeterminación y Libertad) se mostraron proclives a la anulación y no a un mero compromiso a legislar en el futuro como si no fuera ese el deber de los diputados.
De esta manera, el proyecto quedó en la nada. Sin embargo, durante la sesión de la tarde el PJ volvió a la carga con su propuesta. Consiguió el apoyo de Alicia Castro (Frente para el Cambio), Miguel Bonasso (Convergencia), Daniel Carbonetto (MTA), Juliana Marino, es decir, los diputados más cercanos al gobierno de Néstor Kirchner. El texto lleva también la firma de los justicialistas José María Díaz Bancalari, Saúl Ubaldini, Manuel Baladrón y Juan Manuel Urtubey. En sus fundamentos el proyecto reconoce que la norma está viciada porque “fracasó rotundamente como mecanismo de generación de empleo” ya que “agravaron las condiciones socio-laborales de los trabajadores argentinos”.
Sin embargo, al cierre de esta edición, el PJ vació sus bancas ante la imposibilidad de soportar un largo debate que podría incomodar a algunos de sus legisladores que tuvieron un flaco rol en debate de la cuestionada norma. Los únicos tranquilos eran los radicales que todavía hoy insisten en las bondades de la norma.