No fue fácil para el candidato. El abogado Carlos Rosenkrantz, uno de los dos propuestos por el presidente Mauricio Macri para completar las vacantes en la Corte Suprema, afrontó preguntas de los senadores kirchneristas sobre sus vínculos con los grupos Clarín y Ledesma, y los cuestionamientos por haber aceptado su designación “en comisión” y la pérdida del cupo femenino en el máximo tribunal. “La asunción no hubiera sido una posibilidad para mí”, se defendió Rosenkrantz durante la audiencia pública convocada por la comisión de Acuerdos del Senado, cuando lo consultaron sobre si hubiese jurado como supremo salteando el acuerdo de los senadores. Avisó que se excusará en los casos en los intervino como abogado, es decir que no podrá participar en causas en las que defendió los intereses de grandes grupos económicos, entre ellos Clarín, pero que no lo hará en cualquier caso que involucre a un ex cliente. “Militaré para que los jueces paguen Ganancias”, afirmó, pero agregó que los magistrados que no tributan “no cometen ningún delito”. Rosenkrantz es el que más resistencia cosecha dentro del mayoritario bloque del Frente para la Victoria-PJ –especialmente en el sector cristinista–, que no tendría una posición unánime frente a ninguno de los dos candidatos. El martes al mediodía la comisión emitirá los dictámenes sobre los pliegos, pero sus candidaturas no llegarán al recinto –donde necesita los votos de dos tercios de los presentes– hasta después del tratamiento del acuerdo del Gobierno con los fondos buitre en la Cámara alta.

“Gracias por su pregunta senador”, arrancó, en principio, Rosenkrantz ante la consulta de cada legislador. Luego incorporó otras dos frases: “Es una pregunta difícil” para recurrir a respuestas filosóficas sobre derecho y “por favor exímame” para evitar pronunciamientos sobre temas que todavía están en litigio y de los que no quería “prejuzgar” en caso que el Senado apruebe su incorporación a la Corte. Con este último argumento eludió pronunciarse sobre si las escuchas judiciales deben estar en manos de la Corte o la Procuración; si el nuevo Código Civil debe tener o no una ley complementaria sobre la propiedad comunitaria de los pueblos originarios y sobre la postergación de la puesta en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal, entre otros asuntos.

El jefe de la bancada del FpV, Miguel Pichetto, abrió el fuego en la audiencia. “¿Qué pasa si usted es designado juez de la Corte y si alguno de esos clientes que formaron parte de su estudio tuviera litigio en el marco de la Corte? ¿Cuál sería su actitud?”, preguntó el senador rionegrino. “En los casos en los que he intervenido, me excusaré. En el caso Clarín me excusaré porque hay razones de decoro, aun cuando no dudo en modo alguno de la imparcialidad con la que puedo analizar los casos”, contestó Rosenkrantz, que entendió rápidamente que la pregunta apuntaba a las sospechas de su relación con el Grupo Clarín pero limitó su excusación a los casos en los que intervino como abogado.

La senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti volvió –a su turno– sobre sus vínculos con la familia Blaquier y con la empresa Ledesma, que dona fondos a la Universidad de San Andrés, de la cual Rosenkrantz es rector. “No tengo ningún vínculo. Recaudé de las empresas para ponerlo al servicio de los docentes y becas”, aclaró el abogado, quien explicó que “Nelly Blaquier fue donante del fondo Juan Bautista Alberdi para que estudiantes del interior del país pudieran estudiar en la universidad”.

Fernández Sagasti completó la consulta sobre su opinión sobre los juicios sobre los colaboradores civiles de la dictadura, que encuentran resistencia en la Justicia para ser llevados adelante. “Si han cometido delitos está bien que se los persiga. Si no han cometidos delitos está bien que estén libres”, respondió el abogado.

“Dadas las circunstancias, la asunción no hubiera sido una posibilidad para mí”, expresó el abogado al responder a la pregunta de Nancy González (FpV) sobre si se habría sentado en la Corte si finalmente, como establecía el decreto de Macri, asumía “en comisión” y sin la aprobación del Senado. Pero esquivó explayarse sobre por qué aceptó el nombramiento bajo esas condiciones.

Los cuestionamientos sobre la pérdida de asientos en la Corte Suprema para las mujeres se iban acumulando con la intervención de cada senadora. “Soy hombre”, se defendió Rosenkrantz primero. Luego, ante la insistencia, afirmó que era “sensible a esta temática, en parte” por su “militancia política”, desempolvando su pertenencia al radicalismo. Admitió que su designación no garantiza la “equivalencia de género” en ese tribunal y sostuvo que a su juicio esta problemática obedece a la “división de trabajo en la familia”, “por el hecho de que las mujeres cargan sobre sus espaldas el cuidado de sus hijos”. “Los hombres también deberían tener licencia por paternidad obligatoria”, propuso como un “modo por el que se ecualiza la responsabilidad en la familia”. “Lo que nos pasa a los argentinos es que estamos en un momento donde se expandió una visión de la mujer cosificado, como objeto de violencia, y eso es diferente de la cuestión estructural”, dijo sobre la violencia contra la mujer.

Los senadores puntanos Liliana Negre y Adolfo Rodríguez Saá batallaron por la ampliación de la Corte Suprema a 7 o 9 miembros. “El número no crea ni resuelve ningún problema per se”, sostuvo Rosenkrantz y agregó que, de igual manera, “la división en salas no es algo que me convenza mucho porque no creo que los tribunales constitucionales tengan que dividirse en salas”. “No creo en super jueces”, sumó para proponer un trabajo más colectivo y mostrarse a favor que los jueces de tribunales colegiados unifiquen criterios a la hora de fundamentar sus sentencias para no diversificar opiniones, pero tampoco se mostró de acuerdo jurisprudencia de la Corte sea obligatoria para los tribunales inferiores.

“Lo principal es preservar el derecho de expresión”, dijo sobre movilizaciones y reclamos callejeros populares pero sostuvo que habría que analizar si ese derecho no pudo ser canalizado por otras vías o si afectan derechos de terceros. “Habrá que ver caso por caso”, sostuvo. La misma respuesta que emitió sobre los problemas ambientales y los conflictos sobre la competencia nacional y provincial. Ahí reivindicó, con la reforma constitucional del 94, la consagración de los derechos provinciales sobre sus recursos naturales, aunque sumó que a veces estos superan su jurisdicción o afectan el interés general.

El peronista santafesino Omar Perotti volvió sobre el acuerdo y los honorarios que el candidato recibió del gobierno de Santa Fe por el litigio contra el Estado nacional por la devolución del 15 por ciento de coparticipación –en el que la Corte falló a favor de la provincia–, sobre los que el gobierno santafesino se niega a responder a los diputados provinciales. Rosenkrantz dijo que no tenía inconvenientes en mostrarle el mismo, pero dependía de la aprobación del gobierno santafesino porque se trata de un acuerdo de partes.

El radical Oscar Castillo se encargó de tirarle un centro para que Rosenkrantz se explaye sobre su largo curriculum cuando le preguntó por qué consideran que los senadores debían aprobar su pliego. El chaqueño Angel Rozas, jefe de la bancada de la UCR, se encargó de repasar algunos temas que quedaron en el tintero y recordó que el abogado colaboró en la argumentación para la anulación de la “ley de autoamnistía” que dejó la dictadura y en la conformación de la Conadep para reivindicar “su defensa irrestricta de los derechos humanos”. Luego anticipó su apoyo a al candidato, igual que a Rosatti, como respaldo a “la decisión del presidente Macri de concretar en los hechos la independencia del poder judicial”.

El presidente de la comisión de Acuerdo, Rodolfo Urtubey (FpVPJ), dijo a Página/12 que convocará a sus integrantes para al martes 15 de marzo al mediodía para emitir dictamen sobre los pliegos de los aspirantes a la Corte Suprema. Aunque reconoció que los mismos no llegarán al recinto del Senado hasta después que se trate allí la propuesta del Gobierno para sellar el acuerdo con los fondos buitre.