Las referentes de Memoria Activa Adriana Reisfeld y Diana Malamud denunciaron ante el Tribunal Oral en lo Federal número 2 que los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA fueron “ninguneados” por la Justicia, el gobierno argentino y las autoridades de las agrupaciones AMIA y DAIA. Ambas perdieron familiares en la voladura de la sede porteña de la Mutual y ayer declararon como testigos en el juicio oral que se le sigue al ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, el ex titular de la Daia Rubén Beraja; y el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, entre otros, por el presunto encubrimiento de la investigación que buscó, durante casi una década, esclarecer el ataque. Y aunque ya pasaron más de dos décadas y ese objetivo aún no ha sido alcanzado, para las referentes de Memoria Activa, el proceso oral en curso es “fundamental”. “La conexión local es tan importante como el atentado. Ellos no pusieron la bomba, pero no nos permitieron saber la verdad”, dijo Reisfeld durante su declaración. “Vivimos la imposibilidad de elaborar un duelo por la falta de Justicia”, completó la idea Malamud durante su exposición.

Diana Malamud es la viuda de Andrés Malamud, un arquitecto que la mañana del 18 de julio de 1994 estaba en el edificio de Pasteur al 600 porque dirigía sus refacciones y fue la primera en dar testimonio ante los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Perilli. Entonces, aseguró que desde el inicio de la investigación del atentado los familiares de las víctimas no confiaban ni les creían a las autoridades comunitarias ni a la Justicia ni al Gobierno. “No confiábamos en nadie; no le creíamos ni a los jueces, ni a los fiscales, ni a las autoridades comunitarias. De ahí surgió la decisión de querer ser querellantes”, explicó Malamud.

En ese sentido, contó que “el trato desde el juzgado de Galeano hacia AMIA y DAIA era de cordialidad, amistad. Beraja a Galeano lo llamaba ‘Juancito’” y que “Beraja y Menem se saludaban como amigos”. Al respecto, contó que durante una entrevista que mantuvieron con Galeano, éste les confesó que “le informaba todo” lo que pasaba en la causa “a Menem. Porque según él era una causa de Estado”. Reisfeld añadiría en la misma línea que “los de AMIA y DAIA cuidaban cada uno su quinta. Tenían relación con el gobierno de turno y cuidaban sus negocios personales”.

Malamud aseguró que tanto las autoridades de las organizaciones comunitarias judías, como quienes investigaban el atentado, “tenían el mismo cassette” y sostenían la misma “mentira oficial”. “No había pasado tanto tiempo del atentado y (en la investigación) ya ocurrían cosas que no nos gustaban y que no eran creíbles”, aseveró. “Hasta la autopsia de mi marido estaba mal hecha”, ejemplificó y, acerca de eso, advirtió que Beraja le pidió que “no denunciara” ese hecho porque “si no iban a tener que exhumar todos los cuerpos”.

En su testimonio, que se extendió durante toda la mañana, detalló las razones que hicieron que los familiares resolvieran constituirse en querellantes en la causa, diferenciándose de la querella de AMIA y DAIA. Además, explicó las razones de la constitución de Memoria Activa, la organización que las dos integran junto a decenas de familiares de personas que murieron en el atentado. “No queríamos que con la AMIA sucediera lo que ya había pasado con la embajada de israel dos años antes”, remarcó Malamud. Más tarde, Reisfeld haría hincapié: “Veíamos que nadie reclamaba por los muertos de la embajada y no queríamos que pasara lo mismo con los de la AMIA”.

Las mujeres insistieron en diferentes tramos de su investigación que “nunca” fueron tenidos en cuenta en la investigación de lo que ocurrió aquella mañana de 1994. Hacia el final de su testimonio, Malamud aseveraría que, en realidad, lo desarrollado por Galeano “fue una no investigación”. “Lo que hubo fue una historia oficial contada por (el periodista de Clarín Daniel) Santoro en los diarios. Había un código Galeano. Y a nosotros no nos decían nada”, remarcó.

Malamud denunció que, más tarde, se enteraron de que “existían legajos secretos de Galeano. Ellos –en referencia a la dirigencia de la comunidad– sabían. Nosotros no. A nuestros abogados les escatimaban los expedientes y nuestros escritos eran enviados por fax a la querella de AMIA y DAIA en cuanto eran presentados en el juzgado. Todo se había vuelto una ilegalidad imposible de desenmarañar”. Y por último, contó que cuando se difundieron a través de canales televisivos las imágenes del presunto pago al reducidor de autos Carlos Telleldín –otro de los acusados en el juicio– por parte del juzgado, “todos tenían un disco grabado y decían lo mismo, que era hablar de los esfuerzos de la Justicia por esclarecer el atentado y que no se había pagado”.