Al juez Rodolfo Canicoba Corral la vidriosa cuestión de los fondos reservados no le resulta extraña. No es que se haya topado con ese oscuro capítulo de los egresos del Estado a raíz del affaire de las presuntas coimas en el Senado. El es precisamente quien lleva la causa 512, iniciada a comienzos de 2001, que teóricamente intenta desentrañar el destino de 4150 millones de pesos/dólares entre 1988 y 2001, básicamente la era menemista. Es decir, saber en qué se gastaron las partidas y obtener los comprobantes que respalden los correspondientes registros. Trece son los organismos que recibieron ese dinero de la Secretaría de Hacienda, y de ellos es precisamente la SIDE la que obtuvo dos tercios del total de los recursos secretos. De acuerdo con lo que pudo averiguar Página/12, la Justicia mostró escasa vocación por impulsar la pesquisa, por lo que casi tres años después de empezada es muy poco lo que se avanzó. No puede saberse si Canicoba aplicará el mismo grado de diligencia en el caso de la reforma laboral. De hecho, sólo una activa presión judicial podría eventualmente conseguir que organismos como la Secretaría de Inteligencia destaparan sus manejos ocultos.
El pedido de investigación judicial lo formuló en su momento el abogado laboralista Héctor Recalde. En un primer momento, la causa cayó en manos de Claudio Bonadío en calidad de juez subrogante. Este delegó la instrucción en los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, los mismos de la “ley Banelco”. Como primer paso requirieron información del Parlamento, pero éste se limitó a enviarles los mamotretos presupuestarios, e incluso el tratamiento parlamentario de cada proyecto. Pero esa montaña de números y palabras no resultaba muy útil porque los fondos reservados no figuran discriminadamente sino escondidos en partidas globales.
Sin embargo, en medios próximos a la Fiscalía se reconoce que un primer paso significativo pudo darse gracias a que la Oficina de Presupuesto, dependiente de Hacienda, precisó los montos girados a los trece organismos (Presidencia de la Nación, Ministerio de Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, Sedronar –drogadicción y narcotráfico–, SIDE, Secretaría de Seguridad Interior, estados mayores del Ejército, la Marina y la Aeronáutica, Policía Federal, Cámara de Diputados y Senado), para aplicar a los dos destinos previstos para los fondos reservados: Gastos en personal sin discriminar, y Servicios no personales y bienes de uso.
Con esa información en su poder (ver detalle en cuadro adjunto), los encargados de la investigación decidieron requerir a cada área involucrada la rendición de esas erogaciones y su respaldo documental. Pero el año pasado, Canicoba Corral les quitó la instrucción de la causa a los fiscales, sin disponer posteriormente medidas y diligencias que la hiciesen avanzar. Recién en octubre último indicó a los peritos oficiales que procedieran a reclamar información, aunque en principio los organismos requeridos no estarían obligados a rendir cuentas, pudiéndose amparar en la ley 18.032 y el decreto 5315/56.
En medios familiarizados con la causa se indicó a este diario que, por circunstancias políticas, algunas áreas pueden mostrar disposición a entregar la información. Sería, por ejemplo, el caso de Interior, que recibió 105 millones de pesos entre 1994 y 1999, no entendiéndose por qué el actual ministro, Aníbal Fernández, podría estar interesado en ocultar datos que, eventualmente, afectarían a Carlos Corach y el menemismo. Aun así, puede haber sorpresas.
Como caso llamativo se menciona el de la Secretaría de Seguridad, que sólo recibió fondos reservados en 1995. Su actual titular, Norberto Quantín, aduce la imposibilidad de entregar la información que se le pide porque –según sostiene– los registros de la ejecución presupuestaria de aquellos fondos “se dieron de baja”, devolviéndose a la Secretaría de Hacienda el programa (de contabilidad). A pesar de ello, Quantín informó que la ejecución de la correspondiente partida (1.1.5.) llegó al ciento por ciento. En una palabra: se gastó la plata, pero no existen registros ni comprobantes de ninguna naturaleza. Ahora se espera que el recrudecimiento del escándalo por las coimas en el Senado dé nuevo impulso a esta investigación, de algún modo hermana, que está generando inquietud en algunas áreas. Según versiones, en el Juzgado Federal número 3 se recomendó a algunos organismos tomarse con tranquilidad la requisitoria, sugiriendo que ella no tiene plazos perentorios. Pero, como quiera que fuera, lo que está en juego es saber qué destino tuvieron más de 4000 millones de pesos/dólares, y en estos tiempos no es tan fácil barrerlos bajo la alfombra.