Si bien en un primer momento el gobierno de Néstor Kirchner se mostró a favor de la derogación de la cuestionada ley de Reforma Laboral, también es cierto que la palabra que utilizó el Presidente fue “estudiar” esta posibilidad. Ayer el jefe de Gabinete Alberto Fernández insistió en ese sentido al sostener que “hay que moverse con cuidado” para evitar “un vacío legal”. La cautela del gobierno –tal como lo reconocieron en el Ministerio de Trabajo– se funda en que “no es éste el momento para abrir un nuevo frente de conflicto”. Por eso, según confiaron en el Senado, la mentada derogación llegará a esa Cámara, con suerte, en la segunda quincena de enero.
Las novedades en la causa de los sobornos –léase la confesión de Mario Pontaquarto– forzaron al Gobierno a incorporar un tema que no estaba en su agenda, al menos en sus derivaciones. Kirchner, rápido de reflejos, le ordenó al ministro de Trabajo Carlos Tomada que estudiara la posibilidad de una derogación. La actitud presidencial iba en consonancia con lo que había realizado Cristina Fernández de Kirchner el 11 de diciembre de 2001, un día después de asumir como senadora, cuando presentó un proyecto de derogación de la ley.
Pero en Trabajo advirtieron que avanzar sobre esta posibilidad implica necesariamente modificar algunos aspectos de la norma –si es que no se quiere redactar un nuevo texto– que deberían ser consensuados con los sectores gremiales y empresarios. “Tomar esta decisión implica abrir canales de negociaciones que a esta altura del año no vemos conveniente”, reflexionaron en Trabajo.
Es posible que allí resida la causa de la prudencia que mostró ayer el jefe de ministros cuando señaló que “más allá de los cuestionamientos que existen sobre la voluntad de los legisladores en tiempos de votar esa ley, lo cierto es que es una norma que regula nada más y nada menos que las relaciones entre trabajadores y empleadores. Por lo tanto, hay que moverse con mucho cuidado porque una derogación lisa y llana podría generar un vacío legal importante”, dijo Fernández.
La mesura de los hombres de gobierno explica cuál fue la orden que bajó a los bloques oficialistas del Senado y Diputados. El miércoles, en la Cámara alta, sólo se aprobó un proyecto de declaración donde el cuerpo se pone a disposición de la justicia en todo lo que atañe a la investigación de los sobornos. “En el bloque hay voluntad de derogar, pero no de cualquier manera. Es preciso estudiar con detenimiento lo que se pretende tocar del texto de la norma”, aseguró el jefe de la bancada de senadores, Miguel Pichetto, quien agregó un dato más: “Anulación no”.
Algo similar ocurrió en Diputados donde el PJ había acordado una declaración con bloques afines –Frente para el Cambio de Alicia Castro, Convergencia de Miguel Bonasso y el MTA de Daniel Carbonetto–, pero al final de la sesión decidió dejarla sin quórum para evitar posibles consecuencias no deseadas durante el debate. Es que muchos de los bloques del centro a la izquierda –ARI, Izquierda Unida y Autodeterminación y Libertad– más el que conduce Adolfo Rodríguez Saá, se habían expresado a favor de la nulidad. Además, la existencia de un despacho de la Comisión de Trabajo presidida por Saúl Ubaldini, a favor de la derogación, ponía en peligro la suerte de la declaración de buena voluntad que había pergeñado el PJ.
Ahora, según confesaron en la Cámara alta, el zarandeado proyecto de derogación podría demorarse hasta fines de enero. “Para ese entonces el Ministerio de Trabajo habrá estudiado en profundidad el proyecto y sus consecuencias. Lo importante es que éstas no ponga en riesgo la agenda del Gobierno porque, seamos razonables, esto es un tema que heredamos”, indicó a este diario un influyente legislador del oficialismo de la Cámara alta.