Continúa el vaciamiento de las políticas públicas de investigación de crímenes de lesa humanidad. Mientras el gobierno de Mauricio Macri anuncia como una victoria propia el compromiso de Estados Unidos para la desclasificación de nuevos archivos de la dictadura, hace pocos días cerró dos áreas claves de investigación sobre el pasado reciente. Con 7 votos sobre 10, el Directorio del Banco Central de la República Argentina disolvió formalmente la Subgerencia de Derechos Humanos, nombre que era lo único que quedaba en pie después de los despidos de sus trabajadores en febrero. Y el Ministerio de Seguridad despidió a los coordinadores del equipo de trabajo en los archivos de Gendarmería y Policía Federal, en el marco de un proceso en el que el Ministerio de Modernización aceptó la disolución de la Dirección Nacional de Derechos Humanos de esa cartera, con un cambio de nombre y de funciones que desactiva las investigaciones sobre delitos de lesa humanidad. Copias de la reconstrucción de los reglamentos internos de las fuerzas de seguridad y un censo de contenidos de los archivos que permitieron entender estructuras y responsabilidades en aspectos centrales como “los vuelos de la muerte”, fueron a parar literalmente a contenedores de basura. Lo que el macrismo presenta como parte de una “des-kirchnerización” del Estado afecta de modo preocupante a una política pública como la perspectiva de derechos humanos de cada ministerio.

“Es falsa la idea de que están sólo cambiando los nombres”, explica una de las veteranas de la investigación del Ministerio de Seguridad. “Los nuevos nombres no tienen nada que ver con las funciones que estaba cumpliendo cada una de las áreas. Lo que están haciendo con estos cambios es crear otra cosa en el mismo recuadrito del organigrama donde hasta ahora estaban las oficinas de derechos humanos de los ministerios. Vuelan las áreas de investigación sobre crímenes del pasado es decir, que no se hacen más cargo de las investigaciones vinculadas a lesa humanidad”. Pese a que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informa que esas tareas pasarán a depender de su área, esa respuesta no resulta efectiva: “Pasan, pero sin la gente, sin la documentación y sin la facultad para llevar adelante la tarea –señala la experta–. La intervención de estas áreas en estos ministerios garantizaba el control civil sobre las Fuerzas y el acceso a información que las Fuerzas no habían entregado motu proprio hasta ese momento, aún cuando esas investigaciones intentaba centralizarlas la Secretaría de Derechos Humanos”.

Página/12 dio cuenta en febrero pasado de un primer mapeo que la red de abogados de delitos lesa humanidad fue haciendo sobre los cambios en las áreas dedicadas a investigación de archivos de la dictadura. Hasta entonces, el Gobierno había desmantelado la subgerencia de Derechos Humanos del BCRA a través de los despidos de todos sus integrantes. Habían despedido a los miembros de dos de las tres áreas del Ministerio de Seguridad dedicadas al tema, pero habían dejado una de las áreas en pie. En ese mes también se produjeron despidos en el Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia, en la Secretaría de Derechos Humanos y se habló de la parálisis del trabajo en la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la cartera de Defensa.

En estos dos meses, el panorama empeoró. El jueves 17 de marzo, el Directorio del BCRA resolvió la disolución de la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos con una votación dividida de 7 votos a favor y 3 en contra. Entre quienes votaron a favor estuvieron su presidente y su vice, Federico Sturzenegger y Lucas Llach, entre otros. En contra se pronunciaron los directores Pedro Biscay, Juan Cuattromo y Germán Feldman. El área creada durante la gestión de Alejandro Vanoli permitió analizar documentación generada por la entidad durante la dictadura. “Se perdió una herramienta fundamental que contribuía con la tarea de mantener vivo el compromiso con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, pilares esenciales de nuestra democracia”, escribió Biscay: “Mientras nuestro país está pronto a iniciar un nuevo ciclo salvaje de endeudamiento externo, los cómplices civiles del golpe, que además son los cómplices empresarios del endeudamiento externo, permanecen libres de juicio y castigo. La disolución de la Oficina de Derechos Humanos contribuye a su impunidad”.

En el Ministerio de Seguridad el impacto también es importante. La Dirección Nacional de Derechos Humanos que empleaba a 33 personas estaba dividida en tres Grupos Especiales de Trabajo: 1 para la asistencia judicial encargada de coordinar y cuidar a las víctimas en los allanamientos de niños apropiados; 2 para la identificación de NN a través del análisis de huellas dactilares, dedicado a casos de desaparecidos de la dictadura y del presente con un equipo de trabajo que surgió a partir del hallazgo del cuerpo de Luciano Arruga; 3 coordinación e investigación con un área de respuestas a los pedidos judiciales vinculados al rol de las Fuerzas en investigaciones de lesa humanidad y otra dedicado al análisis de documentos de Prefectura, Policía Federal y Gendarmería.

En febrero, habían desaparecido el Grupo especial de asistencia judicial en casos de apropiaciones y el Grupo de identificación de NN. Siguió en pie el área de investigación de archivos y de respuestas a causas tramitadas por el Poder Judicial, aunque quedó a cargo del jefe de gabinete Pablo Noceti, quien públicamente definía a los juicios como procesos de venganza y no de justicia. Con el correr del tiempo, Noceti le dio su lugar a un director efectivo que fue nombrado de modo temporario. Seis de los nueve trabajadores pasaron a tareas como la de atención de la línea 0800. Y los tres últimos fueron despedidos hace dos semanas. Entre ellos, despidieron al coordinador del Grupo de investigación de archivos de Gendarmería y el de Policía.

Además, Modernización –según pudo saber este diario– aprobó un cambio en el nombre del área que pasará a llamarse Auditoría ética sobre las Fuerzas de Seguridad, que altera funciones y objetivos del sector. Los ex trabajadores del espacio supieron que las funciones que ellos cumplían supuestamente serán asumidas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Una justificación cuestionada por quienes llevaron adelante estos años unas de las políticas públicas más importantes desde los distintos niveles del Estado.

El área de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad se creó a partir de una resolución ministerial de Nilda Garré. La resolución obligó a las Fuerzas de Seguridad a responder las requisitorias judiciales que recibían a través del área específica de Derechos Humanos, y a no hacerlo de modo autónomo como lo hacían hasta ese momento. La intervención del área de Derechos Humanos garantizó el “control civil” de las Fuerzas de Seguridad y el acceso a información que las Fuerzas hasta ese momento se negaban a entregar a la Justicia de modo autónomo. Y no lo hicieron no sólo durante la gestión kirchnerista, sino desde la Conadep. Los expertos recuerdan que la Comisión de Notables no tuvo acceso a los archivos, pidió documentación que le fue negada, dato que hizo constar en su informe final. Durante estos años, la decisión de Garré dio origen al área de comunicación con la Justicia y a los tres equipos de trabajo sobre los archivos Gendarmería, Prefectura y Policía Federal con oficinas en los tres espacios. La entonces ministra realizó allí lo que tiempo antes había comenzado a realizar en Defensa. Los profesionales que trabajaron en esos dos ministerios permitieron sacar a la luz no sólo documentación o legajos que pedía la Justicia, sino hacer un extraordinario trabajo de traducción sobre los datos que los documentos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad ocultaron durante los últimos cuarenta años.

“No fue sólo trabajar con datos o hipótesis de investigación que llegaban de actores como el Poder Judicial o el ministerio público, sino que se peinaron los archivos para entender las distintas formas de almacenamiento de documentación de las Fuerzas que pudieran tener datos ocultos para aportar a las causas”, señala una investigadora. De Seguridad salió la prueba tal vez más sorprendente que los archivos secretos de las Fuerzas produjeron durante estos años: la reconstrucción de la estructura que abasteció de aviones a los vuelos de la muerte, por lo menos para el caso de la Armada.

Ahora bien, la producción de traducciones no fue lo único. La posibilidad de mirar desde una perspectiva de derechos humanos cada política de Estado es la que generó nuevas políticas. El hallazgo de Luciano Arruga es un ejemplo: cuando el caso de un desaparecido del presente fue abordado con la experiencia que dan las investigaciones de delitos de lesa humanidad fue cuando se lograron nuevos datos. Por otra parte, la creación de áreas específicas de derechos humanos en cada ministerio –señalan los expertos– aceleró, profesionalizó y mejoró la calidad de las respuestas al sistema de Justicia. Y por otro lado, hizo que cada ministerio asumiera como parte de su política de construcción de Estado esta posibilidad. “Una perspectiva de derechos humanos en el Ministerio de Salud permitió dejar de pensar en repartir preservativos y pensar en programas inclusivos para las mujeres en situación de prostitución”, explican.

¿Es posible entonces que estas funciones que abandonan los ministerios las asuma la Secretaría de Derechos Humanos? Sobre el trabajo específico dentro de los archivos de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas, quienes venían trabajando en el área señalan: 1) que eso se intentó desde la Conadep hasta los primeros años del kirchnerismo, y que las Fuerzas no entregaron información; 2) que la Fuerza debe sentir que la orden emana de una autoridad a la que reconoce, que sea capaz de emitir sanciones y forme parte de su cadena de mandos; 3) que desde afuera no se pueden controlar los archivos a los que incluso estando adentro se accede con dificultad; 4) que las áreas de derechos humanos son una herramienta que permea lo institucional en la gestión del día a día.

Entre el material que ya se perdió había copias de sentencias judiciales, reglamentos y un censo de contenido de archivos.

–¿Lo tiraron a la basura?

–Literalmente –dice una de las fuentes–. Salieron en unos contenedores de cartón que se usan como material para reciclar.

Las oficinas fueron vaciadas: sacaron scanners y computadoras para derivarlas a otras áreas. Los tres equipos de trabajo instalados en edificios de las Fuerzas perdieron también sus espacios de trabajo.