En el área de la Secretaría de Derechos Humanos hubo cuatro despidos en Sitios de Memoria durante el mes de enero y todavía no se resolvieron. El responsable de esa secretaría, Claudio Avruj, se comprometió a reincoporlarlos pero “pasaron casi tres meses y aún no se efectivizó la reincorporación –dice una fuente del área–. O sea, tres meses que no cobran, mientras siguen prestando funciones. Y tres meses sin que se cumpla la palabra del actual secretario”. Uno de los casos es el de María Coronel, coordinadora del Espacio para la Memoria del ex centro clandestino La Escuelita de Famaillá, Tucumán, que depende de Nación y de la provincia. Otro es el de Ana Pecoraro, coordinadora del Espacio para la Memoria del ex centro clandestino ESIM-El Faro, Mar del Plata, que depende sólo de Nación. Ambas son hijas de detenidos-desaparecidos y son los únicos contratos que el Estado Nacional puso para sostener la gestión de estos Sitios, sobre los que tiene responsabilidad directa de gestión. “Ni bien asumió el macrismo, las echaron. Sin ellas –que aún continúan sosteniendo el trabajo sin cobrar–, los dos espacios quedarían sin personal, lo que es como cerrarlos.”

Los otros casos son los de una integrante histórica del equipo del Espacio para la Memoria del ex centro clandestino Virrey Cevallos y el de la responsable del Espacio para la Memoria Brigada de Investigaciones de Las Flores, provincia de Buenos Aires, en cogestión de Nación y provincia de Buenos Aires. “También en este sitio fue la única contratación que hizo Nación, o sea que es la misma situación que Famaillá y ESIM.”