Victoria Basualdo fue una de las coordinadoras del Informe sobre Responsabilidad Empresaria en delitos de Lesa Humanidad. Presentado el año pasado, el informe que analiza la represión sobre los trabajadores durante los años del terrorismo de Estado fue un trabajo de investigación colaborativo que articuló al CELS, Flacso y el Ministerio de Justicia de Nación. Entre los 25 casos de análisis, el Informe tomó la Veloz del Norte. El presidente del CELS, Horacio Verbitsky, fue convocado a declarar al juicio oral de Salta a pedido de la querella. Basualdo analiza aquí esa contribución. Señala los desafíos que representan para el Poder Judicial las causas donde se juega la responsabilidad empresaria en dictadura: “Habla del enorme desafío que tiene para poder incorporar a otros actores. Cuando se habla de “complicidad civil” hay que entender que eso denomina problemas de un entramado mas amplio que sostuvo la dictadura y que va más allá de las Fuerzas Armadas”. También señala que “para abordar campos nuevos se necesitan políticas estatales que sostengan vínculos de investigación con especialistas para poder abordar estos nuevos desafíos”.

–¿Cuál es su lectura del fallo?

–Creo que es un momento histórico. Que se logre la primera condena a imputados empresarios por delitos de lesa humanidad abre un campo enorme. Abre camino, no sólo para otras causas y los imputados que están en otros juicios, sino que también muestra una recomendación de investigar el papel de las empresas. Me parece que esto nos da un norte en términos de hitos como primera condena. Y es muy importante porque fructifica un proceso de muchos años de vinculación entre distintos procesos de investigación sobre estos hechos. Aunque se están juzgando aspectos muy puntuales y se están probando esos delitos, sobre personas concretas y cuidando la prueba, en línea con la lógica de la justicia penal, todo esto nos habla a la vez de una trama histórica completamente más amplia. Estos son los aspectos que abordamos en el Informe y creo que la sentencia nos convoca a pensar en relaciones sociales. Cuando se dice que un empresario fue responsable penalmente de delitos, nos convoca desde lo judicial, pero también desde lo histórico, desde las políticas de Memoria y de Verdad. Creo que de la mano de la causa de la Veloz del Norte hay que analizar decenas de otros casos, donde hay evidencias a la luz de esta condena ya tomada y analizada muy seriamente por la Justicia. Esto es un paso muy importante también para el Poder Judicial. Habla del enorme desafío que tiene para poder incorporar a otros actores. Cuando se habla de “complicidad civil” hay que entender que eso denomina problemas de un entramado mas amplio que sostuvo la dictadura y que va más allá de las Fuerzas Armadas. Esto dice que las Fuerzas Armadas no están solas. Que estas causas abordan ese entramado donde hacen falta pensar otros conceptos, otros tipos de aproximación.

–¿En ese sentido, cree que importante la intervención de quienes hicieron el informe en este juicio?

–En la causa fue a declarar Horacio Verbitsky. No sé cuánto valoraron los jueces su testimonio, pero llevó a la causa una investigación que se hizo vinculando a organismos de derechos humanos, dependencias estatales, academia. Es decir, que este proceso que concluyó con una condena contó con aportes que estuvieron por fuera del mundo de la Justicia y que buscaron enriquecer la justicia penal y pensar en tramas más grandes para abordar estos hechos específicos. En ese sentido, creo que la lección que nos deja este fallo es que la interacción es muy necesaria. Para abordar campos nuevos se necesitan políticas estatales que sostengan vínculos de investigación con especialistas para poder abordar estos nuevos desafíos. Ya no estamos hablando de una estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas. Hay que empezar a correr el eje y para eso necesitas trabajo y desarrollo conceptual. Este juicio oral se caracterizó por eso, interacción y colaboración con el proceso por otras áreas.