El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, intentó justificar ayer el despido de 10.921 trabajadores de la administración pública al señalar que el gobierno de Cambiemos se encontró con un “Estado desquiciado”. Al mismo tiempo, tuvo que admitir el ingreso de familiares de funcionarios. “Hay casos de algunos familiares de no concursos o de planta de gabinete que, como en cualquier lugar cuando uno llega, trae personas de confianza. Estamos hablando de pocos casos”, sugirió.

“En esta primera etapa nos tocó bailar con la más fea en el sentido de que hubo que mirar lo que pasó. Es una situación no deseable para nadie pero lo teníamos que enfrentar”, dijo en referencia al informe que presentó, donde aseguró que “el 90 por ciento” de los despedidos “corresponden al universo de los 24 mil contratos iniciados en los últimos tres años” del gobierno de Cristina Kirchner.

El ministro Ibarra informó que con su par de Trabajo, Jorge Triaca, conformarán “dos mesas de diálogo” que incluyen a los gremios UPCN y ATE para “la organización del Estado y la jerarquización del empleo público”, y aseguró que con los gremios “hay un diálogo permanente”. Indicó que de los contratos no renovados “7311 corresponden a los 64.039 que se vencieron en diciembre de 2015”, mientras que “los 3610 restantes corresponden a los famosos contratos con las universidades, que sumaban un total de 13.467”. Agregó que los despedidos fueron “informados casi en su totalidad” y aseguró que gracias a las cesantías masivas el Estado va a “ahorrar 3500 millones de pesos por año”.