EL PAíS › MARINO Y LOS CAMBIOS A LA LEY DE MEDIOS
› Por Ailín Bullentini
Para el investigador de políticas de comunicación Santiago Marino, la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del decreto de necesidad y urgencia número 267 con el que Mauricio Macri modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, eliminó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y creó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) confirma dos cosas: “Poder de discrecionalidad al Ejecutivo y flexibilización de los límites a la concentración de medios audiovisuales”. El director de la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes advierte que las consecuencias de tales cuestiones sobre el sistema de medios “son permanentes” y compara el debate que tuvo la norma mutilada con la votación a mano alzada a través de la que el DNU fue aprobado.
–¿Cuáles son los efectos del aval al DNU 267 sobre la política comunicacional pública?
–Significa retroceso y el acto mediante el cual se aprobó ese decreto habla por sí mismo: estamos ante la aprobación, con un mecanismo de votación a mano alzada, sin dejar registro, de una serie de cambios vía decreto de necesidad y urgencia a una ley que debatieron con la ciudadanía los tres poderes del Estado. El Poder Ejecutivo, en foros en todo el país al momento de elaborar el proyecto que envió al Congreso; el Congreso, en audiencias públicas y la Corte Suprema, para decidir, finalmente, su constitucionalidad. Más allá de que sea reglamentario, es poco republicano que los ciudadanos no podamos saber quién, con nombre y apellido, votó a favor del DNU. Por algo habrán decidido hacerlo de ese modo.
–Para justificar su respaldo al DNU, Raúl Pérez, del Frente Renovador, consideró que la LSCA no había tenido “el consenso necesario”...
–A veces parece que los diputados desconocen lo que votan. Lo hacen, también, al llamarla “ley de medios”, cuando no se trata de una norma que regule sobre los medios de comunicación de toda naturaleza. Hoy (por ayer) el Congreso desconoció un proceso que sucedió en el propio Congreso. No tengo registro sobre cuántas fueron las leyes que recibieron un proceso de debate como la LSCA, pero estoy seguro de que poquísimas. Entonces, hoy (por ayer) legitimó el regreso del país al sistema discrecional de toma de decisiones por parte del Ejecutivo en la regulación del sistema de Medios. Así funcionó todo hasta 2007, porque durante su gobierno, Néstor Kirchner extendió la tenencia de licencias de radiodifusión por diez años y lo hizo vía decreto. En 1998, Carlos Menem también introdujo cambios a la ley de la dictadura y de la misma manera que Kirchner y que Macri hace algunos meses, permitió la transferencia de acciones de licenciatarios.
–¿Es posible que esta aprobación le sirva como aval al Gobierno durante su comparecencia ante la CIDH por la denuncia de organizaciones de la sociedad civil a propósito de la violación al derecho a la comunicación que significaron los cambios a la LSCA?
–El apuro del oficialismo en aprobar el DNU puede evaluarse como un argumento en su contra. Recordemos que el Estado argentino fue denunciado por actuar fuera de los estándares de respeto a los derechos humanos en varios puntos: en primer lugar, por legislar por decreto; en segundo, por reemplazar un organismo de control republicano y federal la Afsca y el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual por uno absolutamente centralista en el que el Ejecutivo tiene el poder de decidir quién deja de integrarlo si así lo quiere; y en tercer lugar, por el gran impacto que generan las modificaciones a la LSCA en cuanto a la concentración. Con sus decretos, el Gobierno flexibilizó terriblemente las condiciones que en la Argentina limitaban la concentración en el mapa de medios audiovisuales. Ahora tiene vía libre el paradigma de la convergencia y la convergencia es concentración. El Congreso votó hoy (por ayer) un decreto cuyos cambios y efectos son permanentes. Quien quiera comprar licencias audiovisuales puede hacerlo sin ningún tipo de límite y no espero que una nueva la ley contemple límite alguno a las reglas del mercado como lo hacía la que acaban de romper.
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