Mientras el presidente Mauricio Macri anuncia el envío al Congreso de un proyecto de ley de acceso a la información pública (ver aparte), docentes e investigadores en comunicación y cultura de todo el país denuncian que el Ministerio de Cultura de la Nación borró el acceso a una información que era pública: la que ofrecía el Sistema de Información Cultural de la Argentina (Sinca), una gran base de datos que, según sigue anunciando la página de este organismo, “releva, mide y procesa información cultural, que luego resulta indispensable para el diseño de políticas culturales”. Los links que abrían la información que el mismo ministerio describe como indispensable conducen ahora a una “Página o archivo no encontrado”. Más de 100 docentes e investigadores de 14 universidades del país presentaron al ministro Pablo Avelluto un pedido para que su cartera restablezca esta herramienta que implica una década de trabajo de un equipo de sociólogos, politólogos, geógrafos y matemáticos de este ministerio, a los que se suma el realizado en distintos puntos de país para brindar estos datos.

“Componen el Sinca cerca de 34 mil registros, 100 mapas interactivos, 500 leyes culturales, 110 cuadros y gráficos, y 950 artículos periodísticos, entre otros elementos”, describe la página sobre lo que ya no se puede ver. “El Sinca es interactivo y de fácil acceso: permite elaborar búsquedas personales, recorridos especiales, hacer y descargar mapas y gráficos. A través de una plataforma amigable, las distintas áreas del sistema ofrecen información sobre industrias culturales, patrimonio, pueblos originarios, cultura comunitaria, medios de comunicación y turismo cultural”, anuncia también. Todo ese desarrollo estadístico y de análisis fue borrado. “No es que tenían que tomarse el trabajo de hacerlo: el trabajo estaba hecho, y se tomaron el trabajo de quitar su acceso”, explica María Soledad Segura, investigadora del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Córdoba. “El Estado había destinado recursos para este sistema, que nos colocaba a la vanguardia en América latina, porque somos el tercer país del continente en lograr este acopio de información sobre cultura e industrias culturales, después de México y Colombia”, detalla.

El pedido de los investigadores se sustenta en un decreto –el 1172/3– que reglamenta el acceso a la información pública para el Poder Ejecutivo Nacional. Allí se define que el acceso a esta información “tiene por finalidad permitir y promover la efectiva participación ciudadana”. “Mal puede participar la ciudadanía participar si no posee la información para hacerlo”, analiza Wanda Fraiman, docente y becaria de culminación de Doctorado de la UBA, otra de las impulsoras de este pedido público, junto a colegas como Bernadett Califano y Mariela Baladrón. Reunidas en el reciente congreso de la Coalición por una Comunicación Democrática –que hoy se estará presentando en Washington en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuestionando el modo en que se cambiaron por decreto las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital– comenzaron a compartir la preocupación por los cambios que detectaban en páginas como esta, o la de la Afsca (que tenía entre sus funciones la de relevar y ofrecer datos de otorgamiento de licencias o manejo de fondos, información que hoy tampoco está disponible online).

“Para llegar a este sistema no trabajó solo el gobierno nacional: implicó necesariamente el trabajo de los gobiernos provinciales, de las áreas de cultura de algunos municipios y universidades de todo el país. Fue mucho el esfuerzo y los recursos destinados para garantizar este derecho a la información pública”, advierten las investigadoras. “En nuestro equipo de investigación se utilizó esta información para analizar la relación Estado-sociedad civil en el diseño de las políticas culturales. Pero no estamos haciendo este reclamo solo porque tenemos un interés específico. Como ciudadanos, estamos pidiendo transparencia activa; el Estado tiene la obligación de poner a disposición toda la información que produce. Eso es lo que reclamamos”, concluye Segura. Lo dice en un contexto en que ya no hay acceso a otra información pública de relevancia, como el borrado archivo del portal del Ministerio de Justicia, Infojus.