Ni antes ni ahora. Norberto Oyarbide, quien ayer renunció como juez federal luego de veintiún años de ocupar uno de los calientes despachos de los tribunales de Comodoro Py y cuatro décadas de carrera judicial, dijo que “jamás” recibió presiones de ningún tipo y que se va porque necesita “otras cosas” para su vida. El Ejecutivo tiene que decidir si le acepta la renuncia, pero teniendo en cuenta que el macrismo aspira a disponer de esa tentadora vacante en la Justicia federal, Oyarbide cumpliría su objetivo. En el Consejo de la Magistratura está en curso otro proceso de juicio político en su contra. Sin embargo, el saliente magistrado se adelantó y presentó su descargo por escrito sobre las medidas judiciales que suspendió luego de una comunicación con el anterior gobierno en una causa por lavado de dinero. Tras haber cumplido 65 años el 1º de enero, el controvertido juez de los moñitos que solía dialogar con cronistas en la puerta de su casa en Recoleta, que estuvo suspendido tres años acusado de proteger prostíbulos en connivencia con la Policía Federal y fue salvado por el peronismo en el Senado en medio de la conmoción mundial por el atentado a las Torres Gemelas, y que en uno de los expedientes de alto voltaje que pasaron por sus manos procesó a Mauricio Macri por espionaje, ahora espera que se concreten sus trámites para jubilarse.

Fue a sus empleados a quienes primero comunicó la decisión, en el juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 5, y después la oficializó ante el Ministerio de Justicia. Al rato, ante la prensa dijo: “Jamás tuve ningún tipo de presión, me voy porque todo en la vida tiene un principio y un final, necesito otras cosas para mi vida”. Y aseguró que “no hubo ningún ‘click’” que motivara su dimisión, sino que “esto llega, llega y llega, hay un agotamiento y un deseo de vivir la vida”.

Oyarbide mantuvo un encuentro con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el secretario del área, Santiago Otamendi. Tras un lapso de pedido de informes, el ministerio enviará la renuncia al Presidente de la Nación para ser aceptada, lo que sucedería el 15 de abril, según informaron voceros oficiales. “Dejaré de ser juez el día que el señor Presidente acepte mi renuncia”, dijo ayer. Y recordó que estuvo “cinco años haciendo misión doble, en el juzgado federal 5 y en el 7, ahora a cargo del doctor (Sebastián) Casanello”. La mención no fue casual: como subrogante de ese juzgado Oyarbide procesó por asociación ilícita al entonces jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.

Por otra parte, el inicio de su trámite jubilatorio había coincidido con la citación del Consejo de la Magistratura, organismo que lo había llamado a una audiencia equivalente a una declaración indagatoria, en el marco de una denuncia de los diputados radicales Manuel Garrido, Mario Negri y José Cano por mal desempeño, acusado de haber levantado el allanamiento a una financiera tras el pedido de un funcionario nacional del anterior gobierno. En caso de que el plenario del Consejo iniciara un proceso acusatorio en breve se lo podría suspender, pero cuando Oyarbide obtenga la jubilación o su renuncia sea aceptada el proceso disciplinario cesará.

Al conocerse la noticia, la diputada nacional por la CC-ARI Elisa Carrió lo calificó como “el juez más corrupto de la Argentina” y afirmó que su renuncia “prueba el acuerdo” con el presidente de Boca, Daniel Angelici, a quien acusó de ser el operador del macrismo en la justicia.

Además de la causa por las escuchas telefónicas ilegales que el macrismo implementó utilizando la estructura del gobierno de la Ciudad, Oyarbide también tramitó la de las irregularidades en el manejo de fondos del programa Sueños Compartidos de construcción de viviendas sociales de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la de medicamentos adulterados en la que encarceló al dirigente bancario Juan José Zanola. En estos tres expedientes terminó apartado de las causas por decisión de sus superiores de la Cámara Federal porteña, quienes le dedicaron duras críticas a sus investigaciones. También pasó por sus manos la causa del supuesto enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, a quienes sobreseyó en 2009. La misma medida dictó al ex vicepresidente Amado Boudou en la causa por las refacciones en su despacho del Senado, y fue acusado de “cajonear” causas contra ese funcionario, entre ellas una denuncia por presuntas anomalías en el manejo de fondos de la Anses y otra por sospecha de fraude en el canje de bonos de la deuda.

Oyarbide siempre pudo evitar la destitución. Sin embargo, estuvo tres años fuera del cargo durante el enjuiciamiento al que fue sometido por parte del Senado, y del que resultó absuelto en septiembre de 2001 con el voto del justicialismo. Tres jueces habían pedido su destitución por falta de ética, tras haber concurrido a un prostíbulo, haber omitido denunciar el delito de promoción y facilitación de la prostitución y tráfico de influencias por parte de su amigo Luciano Garbellano, haber incurrido en inconductas en su vida privada, enriquecimiento ilícito y amenazas contra empleados del restaurante Mirasol. Pero los senadores decidieron que “no había pruebas suficientes en su contra para condenarlo, salvo su homosexualidad (sic)”. En cualquier caso la acusación más grave ya había quedado en el camino: cobrar a cambio de dar protección policial a prostíbulos en Buenos Aires. Tras haberse definido a sí mismo durante ese proceso como un “muerto político”, volvió triunfal a su despacho, el 12 de septiembre de 2001. Y casi todos recuerdan en Comodoro Py los aires de revancha, sobre todo ante la mirada de sus colegas, con que se paseaba por los pasillos.