“Quieren una Inspección General de Justicia de la ciudad de Buenos Aires con normas más flexibles. Nosotros pensamos que el control tiene que hacerse antes del daño, para eso está la IGJ, el Banco Central, la Comisión de Valores. Lo que están haciendo y quieren hacer es recortar los controles y que así el empresario pueda hacer lo que quiera”. En diálogo con Página/12 Ricardo Nissen, ex titular de la IGJ, analiza en contexto y perspectiva lo que puede pasar en la comuna porteña si la Justicia sigue allanando el camino para crear un registro local que regule la creación y funcionamiento de toda clase de sociedades incluidas las offshore. La aparición de empresas en paraísos fiscales del propio Presidente, del ex secretario de Hacienda Néstor Grindetti, del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, entre otros, reactualiza las suspicacias sobre el verdadero interés del macrismo por fijar las reglas para regular los negocios en la Ciudad.

A poco de asumir como Jefe de Gobierno Mauricio Macri envió a la Legislatura un proyecto de ley para crear un registro paralelo al nacional. Con la oposición del bloque del Frente para la Victoria y sus aliados, el macrismo sancionó la iniciativa, destinada a evitar los controles reforzados que bajo la dirección de Nissen (2003-2005) había impuesto la IGJ nacional. La entonces fiscal general ante la Cámara Nacional en lo Comercial, Alejandro Gils Carbó, frenó la creación del nuevo organismo con una denuncia de inconstitucionalidad y una medida cautelar. Durante ocho años, el expediente recorrió los cajones de tribunales hasta que en febrero, con Macri ya en la Presidencia la justicia desconoció la legitimidad de la fiscalía para presentarse en la causa. El fallo de la jueza subrogante Macarena Marra Giménez fue apelado por la fiscal general Gabriela Boquin y el fiscal Fabían Canda.

“Llama la atención que no apele el fallo la Inspección de Justicia que deja sin efecto la acción de Gils Carbó de 2009. Claro que la IGJ depende del Ministerio de Justicia, es decir del Poder Ejecutivo, ellos quieren la IGJ de Buenos Aires con normas más flexibles y no con la normativa que dejamos nosotros”, señaló Nissen y recordó que el propio Macri había prometido “trámites baratos, de un día para el otro para que esto se transforme en un buzón y no se revise nada. El quiere una institución paralela”. El sucesor de Nissen en la IGJ, Hugo Rossi explicó que “la llamada ley Cafiero, que regula la autonomía de la Ciudad, dejaba en manos de la Nación la IGJ y el Registro de Propiedad Inmueble. Salvo que saquen un Decreto de Necesidad y Urgencia, lo cual sería descabellado, la Ciudad no puede crear una IGJ si no se modifica la ley”. En rigor, en ese punto se basó el planteo de inconstitucionalidad de la actual Procuradora de la Nación que después de ocho años la jueza no resolvió.

“Que Macri haya impulsado en la Ciudad una ley con el objetivo de abrirle la puerta a sociedades offshore es una muestra más de que esta metodología está en el ADN de su concepción política y económica.” De esta forma el presidente del bloque del Frente para la Victoria en la Legislatura porteña, Carlos Tomada, analizó las consecuencias de la norma sancionada en el 2008. Su par de bancada Paula Penacca destacó que la discusión implica “un debate profundo sobre el traspaso de competencias de Nación a Ciudad pero en este contexto y con toda la información que apreció sobre Panamá es claro que el actual gobierno podría poner una intención detrás para evitar controles que se habían profundizado. El intentó hacer más laxos los controles en manos de la Ciudad y permitir que esas empresas offshore proliferen, más allá de querer mostrarlas como entidades inocentes”.

Los ex legisladores Gabriela Alegre y Eduardo Epsztein coincidieron en que en su momento acompañaron el rechazo del FpV porque “se abría la posiblidiad de la duplicación de jurisdicción y de la convivencia de distintos regímenes”. Los intentos del macrismo por controlar la inscripción y fiscalización de sociedades viene del comienzo del mandato en la Ciudad. Epsztein señaló que “visto en perspectiva teníamos razón, era un plan para quedarse con el control de sociedades. Es de esperar que ahora que manejan tanto la Ciudad como la Nación insistan con lo mismo. Desde el bloque del FIT, Patricio del Corro, cuestionó el sistema: “planteamos la estatización de la banca y bajo control de trabajadores y del Comercio exterior bajo el Estado porque de última son los bancos los que fugan esos capitales”.

Los Panama Papers hicieron foco sobre la oscuridad en la que intentan ocultar sus negocios los ricos y famosos. Desde el Centro de Investigaciones y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), Agustín Carrara, explicó que “las pocas estadísticas sobre delitos económicas a nivel mundial muestran que lo más común es que participen distintos tipos de entidades jurídicas. La constitución de las sociedades responde a esconder a los verdaderos responsables. Se genera una cadena de empresas que buscan impedir que se conozca quienes realizan las maniobras”. De ahí la trascendencia del debate que se reactualiza en la Ciudad sobre los requisitos y controles para autorizar las sociedades comerciales nacionales y extranjeras.