En Comodoro Py 2002 hay ambiente de nerviosismo, y en algunos despachos las luces permanecen encendidas hasta entrada la noche. Para hoy, la definición más esperada depende de la Sala II de la Cámara Federal, que debe resolver si aparta o respalda al juez Claudio Bonadio en la causa sobre las operaciones de dólar futuro en la que para mañana citó como sospechosa a la ex presidenta Cristina Kirchner y para hoy al ex ministro de Economía Axel Kicillof. “Bonadio no ha sido un juez imparcial”, denunció ayer ante el tribunal Alejando Rúa, abogado de Pedro Biscay, uno de los directores del Banco Central ya indagados, y explicó que la prueba de esa falta de equilibrio está dada por el trato preferencial que recibió la fiscalía respecto de los imputados, a quienes “se les ha obstaculizado, en forma arbitraria y recurrente, el ejercicio de defensa”.

Toda clase de pronósticos proliferaban ayer a la tarde en los tribunales federales sobre la decisión que deben tomar los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah. La preparación del operativo de seguridad previsto para mañana en Retiro, cuando debería declarar la ex mandataria, seguía en marcha y daba lugar a suposiciones de que Bonadio sería confirmado. También llamó la atención que la Cámara ayer le pidió al juez el expediente completo, aunque la justificación es que no podían hacerlo antes porque él lo estaba utilizando y que, de todos modos, no demorarían su resolución. Están los que piensan que la directiva del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, de que “activen” las causas (con el argumento de que no debe haber impunidad) está haciendo efecto en el fuero federal y el titular de la cámara, Martín Irurzun, está cerca del titular supremo, desde que lo puso a cargo de las escuchas. A la vez, circula la teoría de que la Sala II guarda cierta independencia, y que ha apartado a Bonadío más de una vez. Aunque también ha procurado fórmulas intermedias como levantar en peso a un juez antes de tomar una medida más extrema.

Este caso, con todas sus implicancias políticas, desafía los cánones conocidos. Los camaristas estarían dispuestos a resolverlo hoy. El planteo que los lleva a tratar el tema es la recusación que planteó Biscay, quien dijo que Bonadío debería aprender derecho. Rúa, su representante legal, planteó en la audiencia que el juez, de tres modos distintos, afectó “la igualdad procesal” o “igualdad de armas”, lo que hace presumir que a futuro no será imparcial al momento de juzgar.

• Biscay y su abogado no pudieron acceder al expediente ni ver la documentación antes de la indagatoria. Con lo cual no sabía de qué se lo acusaba ni con qué pruebas. Eso, sostuvo Rúa, complica la posición de la defensa. El juez –señaló– facilitó la tarea del acusador fiscal, Eduardo Taiano, ya que a él sí le permitió el acceso al material de la causa en dos días. “Nos obligó a hacer una defensa ciega”, dijo Rúa.

• El juez tampoco les permitió a los abogados defensores estar presentes en las declaraciones testimoniales que se fueron incorporando. Les dijo que podían presentar un pliego de preguntas y que el juzgado las formularía. Sin embargo, no les permitía conocer el cronograma y nombres de los testigos. Claro que el fiscal sí podía estar presente y sabía de antemano. Los testigos citados, como informó este diario, son economistas y opinadores antikirchneristas, periodistas del Grupo Clarín también opositores al gobierno anterior y funcionarios del actual gobierno, como el ministro Alfonso Prat-Gay, quien declaró dos veces ya. Bonadio junta recortes y hasta tuits. Al historiador económico Pablo Gerchunoff lo citó a testificar por un tuit, claramente irónico (“Equidad es que cada argentino pueda acceder a los futuros de Vanoli”, decía), para terminar pidiéndole su opinión sobre las operaciones con futuros.

• Rúa relató que el día que Biscay debía ser indagado, acababa de sufrir un accidente con la rotura de su clavícula y estaba siendo atendido, con posibilidades de ser sometido a una cirugía. Le llevó al juez una presentación escrita, con las explicaciones médicas. Pero Bonadio le dijo que si no se presentaba lo iba a ir a buscar la policía a la casa, y si no estaba, lo mandaría a detener. Biscay estaba en una clínica. Recién se pudo presentar por la tarde, con la clavícula fracturada. Le entregó una radiografía al juez, quien le dijo: “no la entiendo, no soy doctor”. “¿No es doctor?”, repreguntó Biscay. “Bueno el chiste”, dijo el juez. El viernes el funcionario fue operado.

En una causa donde el juez toma decisiones que favorecen más a una parte que a otra, es factible el apartamiento. Si las operaciones de dólar a futuro, que el juez considera ruinosas para el Estado constituyen delito, es algo que aún no entra en la discusión legal. Por ahora todo pasa por quién será el juez. Evidentemente en este caso, donde incluso Bonadio coquetea con detener a la ex presidenta al haber utilizado la figura de asociación ilícita (que prevé una pena alta, de diez años de cárcel), se juegan cuestiones y parámetros no sólo jurídicos.