El juez federal Sebastián Casanello solicitó a la AFIP, a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la Oficina Anticorrupción (OA) que envíen toda la documentación sobre las empresas offshore en las que figura el presidente Mauricio Macri. En la causa en la que investiga la presunta omisión maliciosa de Macri en sus declaraciones juradas, el magistrado también solicitó que se le envíen todas las declaraciones del mandatario y de su padre, Franco Macri. De esta forma, dio curso a lo que había solicitado el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez. En tanto, el fiscal Federico Delgado pidió que se cite a la secretaria de Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso, y al periodista de Página/12 Tomás Lukin.

Tras tomar las primeras declaraciones testimoniales al prosecretario de Redacción del diario La Nación, Hugo Alconada Mon, y a la ex integrante de la IJG y asesora de Margarita Stolbizer Silvina Martínez, Casanello solicitó una extensa cantidad de documentos. A la entidad que conduce Laura Alonso le pidió que informe si se abrió una investigación referida a las empresas que el Presidente no declaró y que se comenzaron a conocer a partir de la filtración global llamada Panama Papers, que revelaron los documentos de un estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, especialista en crear sociedades para ocultar patrimonios. Entre esos registros, figuraba la empresa Fleg Trading, en la que Macri figura como vicepresidente y su padre como presidente. La segunda empresa, en tanto, apareció en el Registro Público de Panamá: se llama Kagemusha –en honor a una película de Akira Kurosawa– y Macri también figura como vicepresidente. Ninguna de las dos apareció en sus declaraciones juradas.

Casanello también le solicitó a la OA que informe si recibió documentación de presidencia y que, en ese caso, se la remita. Según filtró el macrismo, esos documentos son los mismos que Macri le envió a Elisa Carrió: las declaraciones juradas de su padre ante la AFIP. Casanello también le requirió a la OA que le envíe las declaraciones juradas del Presidente, junto con sus anexos reservados, para lo que levantó el secreto fiscal. Esto último se lo había solicitado la OA.

También le solicitó a Alonso que le envíe una opinión técnica de la Dirección de Planificación de Políticas de la Transparencia sobre si Macri debería o no haber declarado esas sociedades en las que figura como director, aunque lo hiciera en forma gratuita. Alonso dijo públicamente que ella piensa que Macri no cometió ningún delito. El fiscal Delgado sugirió que se le pidiera opinión sobre este tema también a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Di Tella. Por ahora, el juez no tomó esas medidas.

A la AFIP, Casanello le solicitó que le informe qué normas rigen para una persona que no es accionista de una sociedad offshore, pero que sí integra su directorio. También le pidió que detallen qué diferencia hay en el caso de que cobre honorarios por ser director o de que no los perciba. También le requirió al titular de la AFIP, Alberto Abad, que le envíe las declaraciones juradas del presidente de los años 2012, 2013 y 2014, al igual que toda la información sobre las cuentas bancarias, sociedades y valores en bolsa de las empresas offshore en las que tiene participación el mandatario. Además, indicó que, si existieron inspecciones a las empresas de Macri entre 2012 y 2015, se las envíen. El juez pidió también todos los papeles que existan en torno al pago de ganancias por parte de Franco Macri por la empresa Fleg Trading entre el 31 de diciembre de 1998 y el 31 de diciembre de 2005. A la IGJ, Casanello solicitó toda la normativa aplicable a las sociedades offshore entre 2012 y 2015 y los legajos de Fleg Trading, Kagemusha, Macri Group Corporation o Sideco Americana, si se inscribieron en la Argentina.