Un grupo de funcionarios del Ministerio de Justicia comenzó a revisar las cintas de video de las cámaras fijas instaladas en la Plaza de Mayo para chequear si quedaron grabadas imágenes de las personas que colocaron la bomba casera contra los piqueteros. El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, dijo que las cintas “están a resguardo para ser entregadas a la Justicia”, aunque hasta ahora “a simple vista no se encontró nada” en ellas. Mientras tanto, las organizaciones de desocupados y partidos de izquierda que sufrieron el ataque le pedirán al juez Norberto Oyarbide que cite a declarar a los políticos y empresarios que pidieron reprimir al conflicto social, “creando un clima favorable para el atentado”. Los querellantes incluirán en esa lista a Eduardo y Chiche Duhalde, al titular de la Unión Industrial Argentina e incluso al presidente Néstor Kirchner.
Luego de que la policía científica confirmara que el explosivo fue una bomba casera, los dirigentes decidieron presentarse como querellantes en el juzgado para intervenir en la investigación. También dijeron que van a formar una comisión de seguimiento que actuará de manera “independiente” del Gobierno.
En una iniciativa para poner en primer plano el contexto político el episodio en el que resultaron heridas 23 personas, van a solicitarle al juez Oyarbide que cite a declarar a los políticos que alimentaron la campaña antipiquetera en los días previos a la movilización. Además de los ya mencionados, quieren que el magistrado cite a declarar a Raúl Alfonsín (dijo que los piqueteros “están en la ilegalidad”), al subsecretario general de la presidencia, Carlos Kunkel (vinculó a los piqueteros con la policía bonaerense), y al titular de la UIA Alberto Alvarez Gaiani (pidió al Estado una “acción firme y decidida” contra la protesta social).
La diputada Vilma Ripoll, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), al que pertenecen la mayoría de los manifestantes lastimados por el estallido, mencionó en relación con Kirchner una nota de un matutino porteño que le adjudicó haber dicho “en una reunión reservada que iba a limpiar la calle”.
En la Casa Rosada volvieron a deslindar responsabilidades. “No sabemos quién pudo haber sido. Evidentemente no ha sido el Gobierno, y tampoco los organizadores de la marcha”, declaró el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. “Nos preocupa mucho que alguien pueda haber organizado las cosas así y que una bomba explotara en medio de una manifestación. Es un hecho inadmisible después de todo lo que ha ocurrido en la Argentina.”
El juez Oyarbide citará a declarar a todos los policías que estuvieron a cargo de la seguridad del acto. El magistrado subrayó “el grado de preparación o de premeditación que deben haber tenido las personas” que colocaron el artefacto, ya que “el explosivo estalló cuando los oradores estaban haciendo sus discursos en el escenario”. Sostuvo además que el poder del explosivo “quedó demostrado por la enorme cantidad de personas lesionadas”.
De acuerdo con los expertos de la superintendencia Federal de Bomberos, el explosivo tenía un mecanismo simple de relojería, con una pila y una bobina y fue preparado para estallar a la hora en que lo hizo. La pericia señaló que el objetivo con el que fue armado no fue matar a alguien, ya que el explosivo utilizado fue un kilo de pólvora monobásica, que tiene más bien efectos pirotécnicos.
En el peritaje se analizaron restos de esquirlas, algunos de ellos fragmentos plásticos sacados de los cuerpos de las víctimas, pero se cree que pueden corresponder no a la bomba sino a restos que se encontraban dentro del tacho.
Los elementos utilizados en el armado de la bomba son de acceso fácil. La pólvora se compra en cualquier armería y el resto de los insumos –como la pila o el reloj– son aún más asequibles. Desde el punto de vista de la investigación, a través de los restos de la bomba será muy difícil llegara quién la construyó. Por eso las filmaciones son un tema clave para encontrar las imágenes del momento en que el artefacto fue colocado dentro del tacho de la basura.