Cristina Kirchner pisará hoy los tribunales de Comodoro Py como imputada, citada a indagatoria por el juez federal Claudio Bonadio en una causa donde la acusa, junto con otros funcionarios, de haber propiciado la venta de contratos de dólar a futuro desde el Banco Central en perjuicio de las arcas del Estado. Será un hecho único, de una envergadura política enorme, que pondrá en escena el poder de “fuego” de los jueces federales, la potente imagen de la ex presidenta (que tendrá una multitud acompañándola en las puertas de tribunales) y la capacidad o carencia de sensatez (se verá) del gobierno macrista frente a estas circunstancias. La Cámara Federal respaldó ayer al juez tras el pedido de apartamiento de uno de los implicados, pero lo más factible es que Cristina vuelva a recusarlo, que presente un descargo y que hable después en la calle, donde ayer a última hora se empezaba a montar un escenario.

La ex presidenta irá a tribunales con el abogado Carlos Beraldi, un ex socio de León Arslanian, quien será su defensor, y que también representa a la empresa Hotesur en otro de los expedientes en boga. Ayer por la tarde estuvieron reunidos también junto con el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, para diseñar los pasos a seguir (ver aparte). Además de recusar a Bonadio, Cristina Fernández analizaba hacerle una denuncia penal, según pudo saber Página/12. Como llevará un escrito con cuestionamientos al juez, no contestará preguntas. Según describen quienes tuvieron algún contacto con ella en los últimos días, no le faltan ganas de hablar un buen rato ante el juez, aunque quizá se las saque en medio de la famosa avenida Comodoro Py, que estará cortada, con el escenario mirando hacia la estación de Retiro.

Una de las grandes particularidades de esta causa es que Bonadio se basa en equiparar una política monetaria –la de ofrecer contratos de dólar futuro como estrategia contra la inflación y los mercados especulativos– con un delito. Por eso, aunque Cristina Kirchner y todos los imputados de su gobierno estén convencidos de que no está en juego ningún acto de corrupción en el expediente, también suponen que podrían ser procesados. El delito que les adjudica el juzgado es “asociación ilícita”, una figura grave porque prevé penas altas, de hasta diez años de cárcel. Sería muy llamativo que el juez ordene la detención de la ex mandataria y/o de los demás, dado que todos se presentaron a las citaciones, están ubicables y se han mostrado dispuestos a cooperar. Además de CFK, el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex titular del BCRA Alejandro Vanoli, hay otros nueve funcionarios imputados.

Hasta ayer parecía existir la posibilidad de que Bonadio fuera apartado del expediente en función de la recusación que presentó uno de los directores del Central, Pedro Biscay, quien mostró que el juez tenía un trato distinto con los acusados que con la fiscalía. Sus abogados, Alejandro Rúa y Paula Honisch, explicaron que a ellos no les daban acceso al expediente y les impedían presenciar declaraciones de testigos. O que les decían que manden las preguntas para que las formulara el juzgado, pero sin anticiparles quién iba a declarar. Un trámite que para ellos tardaba semanas, dijeron, para el fiscal era resuelto por el juzgado en dos días.

Sin embargo, los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah evaluaron que “los reparos” planteados “no poseen entidad suficiente” como para sostener una “lesión al derecho de defensa”. Los camaristas dicen que los argumentos de Biscay no alcanzan para vaticinar que Bonadio no será imparcial. “El temor de parcialidad alegado no se encuentra hasta aquí objetivado”, dice el fallo. Hay un tramo sorprendente en la resolución, donde describen como un “particular criterio” de Bonadio el de “limitar el acceso a la causa a las defensas, no siendo tan estricto cuando del ministerio público fiscal se trata”. Reconocen que “ha sido una constante a través de los años” y dicen que fue rechazado por ellos “en numerosas oportunidades”. Sin embargo, no creen que pueda “entenderse como indicio de la existencia de un interés especial distinto al vinculado con el esclarecimiento de los hechos”.

Cuando parecen estar en el límite de justificar a Bonadio, los jueces de la Cámara le dan un pequeño reto, con un toque irónico: “en tanto el celo investigativo”, le dicen, que le impone a “trámite” de la causa “solo está generando dispendios innecesarios que repercuten negativamente en su finalidad, habrá de encomendarse al señor juez que, en lo sucesivo, y además de las recomendaciones que ya se efectuaron, procure otorgar una rápida y regular respuesta a los requerimientos que se le formulen y notifique sus decisiones en debido tiempo y forma, evitando generar en el ánimo de las partes incertidumbre en torno al lugar desde el cual ejerce su función”. El concepto es que si quiere siga siendo celoso con la causa, pero que no genere demoras.

Biscay, con algo de optimismo, entendió que la Cámara “atendió parcialmente” su cuestionamiento. La realidad es que lo ratificó, al menos por ahora, en el caso y habilitó de ese modo que ayer fuera indagado Kicillof y que hoy se mantenga en pie la indagatoria a Cristina Kirchner. En tribunales una de las interpretaciones extendidas es que los camaristas entendieron que Bonadio debía hacerse cargo del suceso que generó. Fuera de eso, los jueces federales –o por ahora algunos de ellos– acatan la línea que les viene marcando el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien repite en sus exposiciones que no debe haber “impunidad” y que para eso ellos tienen que actuar de manera rápida y eficiente. Se los ha dicho en actos y charlas privadas, cara a cara.

Es notable que Lorenzetti en sus discursos asocia tácitamente esa palabra, “impunidad”, con las causas puestas bajo el rótulo de “corrupción”. A veces le agrega “narcotráfico”, con un libreto de impronta estadounidense. También habló de impunidad de directa en el caso de la muerte de Nisman, que (no tan) casualmente después de más de un año de trámite fue enviada a la justicia federal, donde le tocó al juez Julián Ercolini, quien mandó a detener al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime hace dos sábados. Lorenzetti hace su juego personal, pero le ofrece al gobierno puntos de sintonía e iniciativas que le pueden cuadrar.

Cuando les tocó declarar, el ex titular del BCRA Alejandro Vanoli y los directivos, igual que Kicillof, fueron gráficos en explicar que el costo de los contratos de dólar futuro no se debe a la operación en sí y lo que ofreció el gobierno anterior, sino a la devaluación que instrumentó la administración actual de Cambiemos. Porque los contratos de dólar futuro consisten en establecer un precio y una fecha de vencimiento; si ese día la cotización es más alta, el comprador tiene una diferencia de compensación a su favor, y si es más baja, la diferencia es para el Estado. Bonadio dice que se vendieron contratos a valores inferiores al precio de mercado, “con conocimiento e intención”. Hace un cálculo de un quebranto de 77 mil millones de pesos, pero no manda a hacer ninguna pericia contable que lo acredite.

La denuncia original la hicieron el presidente provisional del Senado Federico Pinedo (PRO) y el radical Mario Negri, pero Pinedo la semana dijo que nunca pensó que tuviera que ver la ex presidenta.

Bonadio dio instrucciones al comisario a cargo de la custodia del edificio para que bloquee el ingreso al cuarto piso, donde está su juzgado. No es, sin embargo, lo que instruyó la Cámara de Casación, que se ocupa de la seguridad interna de los tribunales. Hasta ahora, Bonadio no estuvo presente en las indagatorias. A veces saluda y se va. ¿Estará en la de Cristina Fernández? Puede estar, o no. El protagonismo lo ganó, pero todo indica que hoy quedará opacado.