La reciente renovación parlamentaria en la Cámara de Diputados trajo aparejado un debate tradicional y que no es otro que la distribución de las presidencias de la comisiones. No es un tema menor porque cada uno de estos pequeños espacios le otorgan al legislador no sólo privilegios administrativos, sino fundamentalmente políticos. Algunas de estas comisiones le otorgan tanto poder al diputado que, si éste quiere, puede generar más de un dolor de cabeza al Poder Ejecutivo, porque tiene potestad sobre la agenda parlamentaria de la comisión que preside. Si a todo esto hay que sumarle la disputa que provocó la distribución de estos puestos entre los kirchneristas y duhaldistas, se puede entender la razón que llevó al presidente del cuerpo, Eduardo Camaño, a suspender la definición hasta febrero próximo.
En la Cámara de Diputados funcionan 41 comisiones, pero ninguna es igual a otra. No es lo mismo Asuntos Constitucionales que Deportes. Mucho menos se puede equiparar Hacienda y Presupuesto con Minoridad, Familia, Niñez y Adolescencia. Y es que si bien los que presiden estos cuerpos tienen una oficina además de la que reciben cuando asumen en su cargo, las más importantes gozan de una infraestructura mayor que, además de mobiliario, se expresa en un cuerpo de empleados del elenco estable del Congreso.
Cada legislador que se convierte en presidente puede designar tres asesores –a partir del 2002 ya no son contratados sino que facturan como monotributistas– que cobran entre marzo y diciembre unos 1900 pesos mensuales. El vicepresidente tiene derecho a nombrar a dos asesores y los secretarios de comisión pueden tener uno solo. Hasta aquí los privilegios administrativos.
Ahora bien, aquel legislador que se hace de una de las comisiones estratégicas tiene en sus manos un control prácticamente divino de la vida y la muerte de los proyectos que le llegan. Es decir, el presidente de la comisión tiene la potestad de que tal o cual ley llegue al recinto en el momento que él lo desee o según le indiquen las conveniencias políticas de su partido. Esto se potencia si pertenece al oficialismo porque cualquier dictamen que emita necesita la firma de la mitad más uno de los integrantes de la comisión. Entonces, si el presidente es oficialista tendrá el respaldo numérico para cualquier iniciativa.
Allí no termina el reinado del presidente de comisión. Este además tiene un rol protagónico durante el debate del proyecto en cualquier sesión legislativa. Y es que este legislador puede aceptar o rechazar cualquier modificación del texto de la norma en debate sin que necesite consultar al resto de los integrantes de la comisión. En ese momento, por lo general, responde a los designios de la conducción de su bloque.
En este marco, las condiciones políticas del legislador pero sobre todo la lealtad al bloque son las cualidades que se tienen en cuenta a la hora de definir quién será presidente de cualquier comisión. El caso de la Comisión de Hacienda y Presupuesto es por estos días el mejor ejemplo. Está prácticamente definido que la conducción de esa comisión continuará a cargo del justicialista Carlos Snopek. Todos los legisladores que tallan en este tema sostienen que el jujeño es el mejor candidato porque “es un hombre permeable a las definiciones de la conducción de la bancada”. En criollo significa que no tomará una decisión sin consultarlos y nunca se correrá una coma del libreto que le escriban. Esta y no otra es la razón por la que lo prefieren antes que al santafesino Oscar Lamberto, de quien dicen que “es una luz pero con criterio propio”.
El caso opuesto al de Snopek es el de Carlos Ruckauf. El ex canciller es número puesto para la Comisión de Relaciones Exteriores y junto a Alfredo Atanasof, pelea ese cargo por pedido expreso de Eduardo Duhalde. Sin embargo, Ruckauf no sólo no da garantías de lealtad a la conducción sino que además es resistido duramente por el kirchnerismo. Los duhaldistas los entienden: “El problema de Rucu no es sencillo. Es muy fuerte que presida una comisión de estas características con toda la comunidad judíaacusándolo de tener responsabilidad en la causa AMIA”, confió a este diario uno de los diputados que trabaja en el armado de las comisiones.
La distribución de estos lugares también está teñida por las contiendas internas. El duhaldismo, que controla la Cámara y el bloque, mantiene una fuerte disputa con sus aliados kirchneristas. Y recurre a cualquier herramienta para frenar las apetencias de los ultraoficialistas. Tal vez allí resida la razón por la que decidieron que Adrián Menem presida la Comisión de Industrias –el gobierno de su tío Carlos Saúl las destruyó–, justo ahora que Néstor Kirchner dice que es preciso reconstruir una burguesía nacional.