No fue una jornada feliz para el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano. El funcionario macrista defendió ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el proyecto del Gobierno para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF), que anula el mandato vitalicio del procurador general de la Nación y lo acota a cuatro años, dispone nuevos métodos para su remoción y le otorga esa atribución al Poder Ejecutivo, crea la figura de otros cuatros subprocuradores que nombraría el actual gobierno para licuar las facultades del procurador y desmantela las Unidades Fiscales Especializadas (incluida la de la AMIA). “Es un proyecto a largo plazo, no es para (Alejandra) Gils Carbó (la actual procuradora), como dice la prensa”, se justificó Garavano a pesar que el propio presidente Mauricio Macri volvió a reclamar ayer la renuncia de la procuradora. Desde las bancadas opositoras cargaron contra el ministro por aceptarle la renuncia al juez federal Norberto Oyarbide (cuyo trámite de destitución estaba avanzado en el Consejo de la Magistratura), de “desmantelar” áreas claves del MPF, como la Unidad de Información Financiera (UIF), y de querer meter a los “secuaces” del gobierno macrista en la estructura de la Procuración. Incluso, los principales aliados parlamentarios del oficialismo de Cambiemos, los diputados del massista Frente Renovador, afirmaron sentirse “decepcionados” con el proyecto y blanquearon lo que Garavano insistió en negar: “Si hubieran presentado un proyecto para destituir a Gils Carbó, lo hubiéramos acompañado.”

Pasado el mediodía y a lo largo de tres horas, Garavano intentó explicar en un tono amigable las bondades del proyecto del Gobierno ante los diputados que integran las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto. Según dijo, busca “fortalecer al Ministerio Público en la lucha contra el narcotráfico, habilitarlo para el sistema acusatorio y, básicamente, transparentar y democratizar esta institución que va a adquirir un rol central en la lucha contra el delito”.

Los legisladores no sólo cuestionaron a Garavano por el proyecto sino por varios aspectos de su actuación al frente de la cartera de Justicia. El diputado porteño Julio Raffo (ex Proyecto Sur) abrió el fuego y lo criticó por aconsejarle al presidente Mauricio Macri que aceptara la renuncia del polémico juez Oyarbide. “El Consejo de la Magistratura estaba en trámite avanzado para enjuiciar a ese juez que considero corrupto”, le dijo Raffo, y aseguró que la renuncia “le brinda impunidad ante la sociedad al señor Oyarbide”. “Fue una renuncia con dolor”, respondió escueto Garavano.

La kirchnerista María Emilia Soria fue al eje de la iniciativa oficial. Le preguntó a Garavano “si no hubiera sido más sencillo mandar un proyecto por el cual se pasa a disponibilidad a la procuradora” y aseguró que “estamos ante un vaciamiento total de las facultades” de Gils Carbó, las cuales –dijo– son transferidas “a los secuaces, corrijo, a los subprocuradores” que designará ahora el Poder Ejecutivo. La rionegrina dijo que el proyecto es un “ataque a las instituciones” y un “ataque a la autonomía e independencia del MPF”.

Garavano reconoció que en el proyecto la figura del procurador “como única cabeza se ha desplazado”. Luego le recomendó a Soria leer el libro Ejes para la reforma del ministerio público, del CELS, con el que dijo tener –al igual que el ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni– “profundas diferencias pero los respeto”.

El diputado de La Cámpora Marcos Cleri insistió en cuestionar la embestida oficial contra Gils Carbó. “Si tiene un mandato vitalicio aprobado por el Congreso, ¿por qué le quieren limitar el mandato a cuatro años?”, dijo y preguntó el santafesino. Otro diputado del Frente para la Victoria, Luis Tailhade, cuestionó a Garavano por los “despidos” en el Ministerio de Justicia y el “desmantelamiento de InfoJus y de la UIF”, la agencia de noticias judiciales que creó el kirchnerismo y el organismo que debe actuar en los casos de lavado de dinero y al frente del cual el gobierno macrista designó a abogados vinculados con el HSBC, el banco acusado de fugar capitales argentinos al exterior para evadir impuestos.

“Rechazamos las reformas en el MPF, que pretenden fortalecer la criminalización de la protesta social y la persecución política, potenciándolas incluso con la coordinación de los mecanismos de espionaje ya existentes”, dijo la diputada Myriam Bregman (FIT-PTS) y sostuvo que “esta es una gran reforma orientada a blindar el ajuste en curso y la impunidad de quienes lo apliquen”. “El gobierno de Cambiemos está metiendo la ley antiterrorista por la ventana. Quieren aplicar esta legislación heredada del gobierno de De la Rúa y del kirchnerismo. Esa es la unidad que tiene la propuesta enviada por el Ejecutivo. Se nota la mano de los Estados Unidos detrás de esta reforma”, sentenció.

“Estamos desilusionados con el proyecto porque es sesgado” y “parece estar armado para desplazar a Gils Carbó. Sobre todo cuando se despoja al procurador de sus atribuciones para ser repartidas entre cuatro subprocuradores, que casi se convierten en coprocuradores”, afirmó la massista Mónica Litza. Pero luego exhortó al oficialismo a que “se anime y acompañe el pedido de juicio político a Gils Carbó”, un objetivo que une a Macri y Sergio Massa.

Otra aliada del oficialismo, Margarita Stolbizer (GEN), también objetó el proyecto porque dijo “que hay un desapoderamiento total del Procuración General en beneficio de los subprocuradores”. A pesar de coincidir en que el cargo de procurador no debe ser vitalicio, consideró que el mandato de cuatro años es “exiguo”.

Los diputados de Cambiemos (PRO, UCR y CC) dejaron que Garavano cargara en soledad y sobre sus espaldas la defensa del proyecto. El ministro también se fue con la certeza de que el texto de su iniciativa no pasará con éxito por la Cámara baja sin sufrir múltiples modificaciones.