Cristina Fernández de Kirchner pidió el juicio político del juez federal Claudio Bonadio, en una denuncia que presentó ayer ante el Consejo de la Magistratura donde lo acusa de mal desempeño por hacer un uso “abusivo y arbitrario” de su poder en la causa sobre las operaciones de dólar futuro en la que la citó a indagatoria por supuesta asociación ilícita. “Persigue una exclusiva finalidad política”, consideró. Su presentación hace un recorrido, con fechas y momentos exactos, pre y pos electorales, en los que el expediente cobra impulso con medidas inclusive peligrosas como un allanamiento al Banco Central en horario de operaciones. Pero explica también que el juez autorizó el pago de los contratos de dólar futuro en plena devaluación del gobierno actual, aunque él mismo consideró que eran ruinosos para las arcas públicas.

Bonadio todavía tiene nueve denuncias en su contra en el Consejo. Este año en el organismo los consejeros macristas y radicales dominan la escena. El mes pasado ya desestimaron tres denuncias contra este juez. Entre las que quedan figura por ejemplo una del diputado Héctor Recalde sobre el allanamiento al BCRA en la causa del dólar futuro. Otros pedidos de remoción están ligados a la causa por el accidente de Once, donde el abogado Gregorio Dalbón dice que investigó sin buscar la verdad, sólo para su provecho, y que imputó a bomberos para desentenderse de la demora en el hallazgo del cuerpo de Lucas Menghini Rey. También lo denunció el ex representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Julián Alvarez, por la coincidencia de movimientos en sus causas con avances de las investigaciones en su contra. Y pidió su separación del cargo la Procuración, por persecución contra el fiscal antilavado Carlos Gonella.

El pedido de expulsión presentado por Cristina Kirchner tiene estas claves:

- La denuncia por el dólar futuro la hacen Federico Pinedo (PRO) y Mario Negri (UCR) cuatro días después de la primera vuelta electoral. Bonadío le dio “un trámite urgente y masiva difusión pública”. Dos días antes del balotaje, mandó a allanar el BCRA “interrumpiendo por primera vez en la historia el mercado único de cambios”. Para colmo, la mayor parte de la documentación que buscaba ya había sido presentada por la entidad. Bonadío, ironiza Cristina, inventó una nueva figura procesal, “el allanamiento preelectoral”.

- La causa penal, sostiene, fue utilizada por el gobierno de Mauricio Macri como instrumento de hostigamiento contra Alejandro Vanoli, cuyo mandato debía extenderse hasta 2019, para forzar su salida del Banco Central. Cuando finalmente renunció, con el nuevo titular del Central, Federico Sturzenegger, se liberó el tipo de cambio y se produjo una devaluación de la moneda de más del 40 por ciento. Esto impactó sobre la liquidación de los contratos de futuros. Entonces se produjo lo que la denuncia penal intenta presentar como una operatoria delictiva por la cual “se ocasionarían pérdidas estratosféricas para el BCRA generando ganancias ilícitas a los que ellos llamaron ‘grandes especuladores en el exterior, grandes empresas, entidades financieras, inversores institucionales y personas físicas de alto patrimonio’”.

Como broche de oro, ante el progreso de la causa, Sturzenegger le manda a Bonadio una consulta previa para decidir si pagaba los contratos de dólar futuro. Le pregunta si hay alguna “restricción o limitación”. El juez le contesta que no, que avance. Cristina recuerda que la función en la etapa de instrucción de la causa tiene como fin “evitar o hacer cesar la comisión de un delito”. Entonces, se podría razonar que Bonadio abrió las puertas a un posible delito que sabía que estaba en puerta. O dicho de otro modo, si Bonadio aceptó investigar y ejecutar un allanamiento, es contradictorio –según la denuncia– que luego “autorice al BCRA a seguir adelante con una operatoria supuestamente delictiva, esto es, pagar los contratos de dólar futuro convenidos”.

Los ejes del pedido de jury para Bonadio, coinciden con la denuncia penal de un grupo de diputados del Frente para la Victoria encabezados por Recalde, contra Bonadio y Sturzenegger. Allí les atribuyen estos delitos: defraudación por administración infiel (porque se modificaron las condiciones de los contratos de dólares a futuro en perjuicio de los intereses estatales); abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público a quienes participaron o encubrieron esa iniciativa; prevaricato del juez al dictar resoluciones contrarias a la ley y fundadas en hechos falsos; tentativa de estafa procesal y privación ilegal de la libertad al alterar la base de hechos de la causa e inventar una “asociación ilícita”, un delito grave, que se utiliza para hacer detenciones.

“Para que la operación político judicial cerrara y tuviera una mayor verosimilitud ante la opinión pública, debía quedar consolidada en cabeza de las primigenias autoridades del BCRA toda la responsabilidad de lo sucedido”, dice la denuncia de Cristina, y señala que de ahí primero fueron citados como sospechosos Vanoli y el directorio. Pero después “la audacia del magistrado le permitió pergeñar una maniobra procesal de un impacto público aun mayor”, al incluir al ex ministro Axel Kicillof y a la propia ex presidenta entre los indagados, “sobrepasando los límites” de lo denunciado para explicar la supuesta “asociación ilícita”.

En el Consejo, el kirchnerismo tiene sólo cuatro consejeros propios de los 13 y alianzas estables con otra consejera más. El resto funciona como bloque oficialista, con mezcla de radicales, PRO, jueces y abogados. Primero debe haber un dictamen de la acusación. En el plenario, abrir juicio político requiere dos tercios.

Denunciado y recusado, Bonadío está igual en condiciones de decidir las situaciones procesales de todos sus acusados.