El escenario político argentino no admite análisis lineales, dado que a la complejidad propia de todas las situaciones en las que están involucradas personas, intereses y conflictos, se suma una coyuntura que abre cada día más y más interrogantes y agrega dificultades sobre todo de cara a la reconstrucción de consensos para el ejercicio del poder.

Mucho se especuló con “el regreso” de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y, vaya paradoja, fueron los aliados judiciales del gobierno que encabeza Mauricio Macri quienes se encargaron de facilitar un atajo y construir una circunstancia para el reencuentro de la ex presidenta con la ciudadanía y, de esta manera, su reinstalación como activa participante de la vida política del país. No porque en algún momento se hubiera retirado, sino porque ella misma se impuso una pausa; quizás por respeto ciudadano al resultado electoral del año anterior, quizás para dejar que el nuevo gobierno mostrara ante la comunidad su verdadero rostro, quizás porque también tiene su propia mirada sobre los tiempos que requiere la política.

La propuesta de un “frente ciudadano” para “defender los derechos arrebatados”, si bien no aterriza todavía en sus formas operativas y tendrá que madurar no solo en las formulaciones políticas sino sobre todo en las prácticas de los actores populares, parece apuntar al rescate de una cuestión fundamental: la base del poder reside en el ciudadano que es quien emite el mandato y no en los aparatos institucionales y en sus dirigentes que en mucha más ocasiones –más de las que serían deseables– terminan enredados defendiendo intereses burocráticos, cuando no embelesados escuchando discursos autorreferenciales. Para muestra basta un botón y en este momento alcanzaría con mirar la actitud entre impasible y cómplice de ciertos cabecillas sindicales aferrados a sus cargos mientras se despiden trabajadores en el sector privado y en el estatal. Lo mismo podría decirse de dirigentes políticos que obtuvieron recientemente sus mandatos a través de campañas que constituyen contratos electorales a los que hoy le dan las espaldas.

En democracia, el concepto de ciudadanía está indisolublemente ligado a los derechos que le asisten a cada persona por su sola condición ciudadana. Y en esto no caben los merecimientos. El derecho es universal y existe per se. La ciudadanía es fuente de derechos y el goce de los mismos no se delega en una elección. El sufragio constituye un contrato entre los ciudadanos y quienes son elegidos para representarlos mediante la gestión del gobierno. Establece acuerdos, fija orientaciones, pero nunca puede echar por tierra los derechos fundamentales que dan origen a la vida en sociedad.

Se entiende entonces que el señalamiento que Cristina Fernández le hace al gobierno de Cambiemos –sin personalizar en nadie, ni siquiera en el Presidente– es el de “no ser respetuoso con la voluntad popular” al desconocer las propias promesas de campaña.

Lo dicho contiene una doble denuncia. Por una parte, la de romper el contrato ofrecido para acceder al gobierno. Por otra atentar contra un fundamento esencial de la democracia al avasallar y arrasar derechos ciudadanos, que son derechos humanos, políticos, económicos, sociales y culturales. Se entiende entonces la convocatoria a “defender los derechos arrebatados”.

Pararse en el lugar de la ciudadanía y de los derechos habilita también otro modo de entender y de hacer política.

En principio porque la ciudadanía no puede verse solo desde la perspectiva de los derechos que le asisten a cada uno y cada una. La contracara de los derechos es la responsabilidad. Y a esta también están convocados todos los ciudadanos por su sola condición. La defensa de los derechos, que deben ser garantizados por el Estado y por el Gobierno como responsable temporal de la gestión del Estado, corresponde y reside en el conjunto de la sociedad, donde se asienta la base y la razón del poder. Por ese motivo los ciudadanos siempre están habilitados para defender los derechos básicos aún contra las decisiones de los gobernantes legítimamente elegidos. La democracia tiene mecanismos de delegación de la representación y de la conducción del gobierno, pero eso no implica de ninguna manera resignar la vigilancia permanente y activa respecto de la vigencia de los derechos fundamentales.

Desde el punto de vista estratégico la convocatoria a un “frente ciudadano” puede leerse como una apelación a la responsabilidad que cada ciudadano y ciudadana tiene, en primer lugar, en salvaguardia propia y, de manera concomitante, en defensa de la comunidad, para garantizar la calidad de vida y las condiciones necesarias para ello. Es un llamado a volver a la política en su sentido más genuino: articular intereses y necesidades con el objetivo del bien común. Una convocatoria que se ubica por encima de los aparatos y de las representaciones, de las rencillas institucionales y de los enfrentamientos por las migajas del poder y del presupuesto. Habrá que ver cuánto puede avanzar una propuesta de este tipo hecha desde el llano, “como simple ciudadana”, cuando no se dispone ni de los resortes institucionales del poder ni de los recursos que ofrece la gestión del Estado. Es, sin duda, una propuesta tan ambiciosa como arriesgada, que apela tanto a la madurez ciudadana como a la reconstrucción del sentido esencial de la política, en desmedro de los simulacros y de las escaramuzas en las que suele alojarse. En definitiva, una apuesta que busca restablecer genuinamente el contrato básico de la democracia, para lo cual también tendrán que revisar sus prácticas políticas muchos de los que hasta hace poco fueron parte o aún integran el Frente para la Victoria.