En una de las consecuencias más graves que produjeron hasta ahora los Panama Papers, ayer debió presentar su renuncia el ministro de Industria, Energía y Turismo de España, José Manuel Soria, debido a que apareció involucrado como administrador de la sociedad offshore UK Lines Limited, entre otras. La renuncia fue un golpe para el gobierno conservador de Mariano Rajoy, quien se suponía que tenía reservado un lugar de preponderancia para Soria en caso de conseguir mantenerse en la presidencia en las próximas elecciones. Pero el mensaje que envió Rajoy a través de su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue fuerte, tanto que resonó en Buenos Aires. “Nadie que haya operado en paraísos fiscales puede estar en el gobierno, en esto tenemos que ser muy rotundos”, afirmó. No se sabe qué opinó el presidente Mauricio Macri al respecto.

Soria tuvo su momento de implicancia en la política argentina, a propósito de las expropiación de las acciones de la petrolera española Repsol en YPF y los enfrentamientos públicos y privados que mantuvo por entonces con el ministro de Economía, Axel Kicillof, por esta cuestión. “No le vamos a pagar lo que ellos quieran, esos 10 mil millones de dólares”, lanzó en aquel momento Kicillof, en pleno fragor de las negociaciones.

El ministro, uno de los hombres fuertes de la gestión del Partido Popular, reaccionó como casi todos los involucrados en los Panamá Papers. Según la documentación del estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, Soria figuraba como administrador de UK Lines, disuelta en marzo de 1995, antes incluso de que Soria comenzara a actuar en política. El ministro negó cualquier relación con la empresa y hasta desafió someterse a cualquier investigación que quisiera hacerle la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Luego adoptó el rol de víctima de ataques injustificados y anunció que pediría permiso para presentar sus explicaciones ante la Cámara de Diputados y así responder a los cuestionamientos. Entonces Soria aseguraba que era “totalmente falso” que tuviera o haya tenido “algún tipo de relación con compañías, empresas, entidad o fundación radicadas ni en Panamá, ni en Bahamas, ni en ningún otro paraíso fiscal”.

Pero, lejos de aplacarse, el escándalo se agigantó con el paso de las horas. El diario madrileño El Mundo publicó en su edición de ayer un documento que confirmaba que Soria administró la sociedad Mechanical Trading Ltd., registrada en 2002 en la isla de Jersey, perteneciente al paraíso fiscal del Canal de la Mancha, cuando él ya se desempeñaba como alcalde de Las Palmas. En paralelo, el periódico digital eldiario.es reveló que Oceanic Lines, una empresa que la familia Soria posee en Londres, estaba manejada en un 20 por ciento por el ministro Soria y su hermano y el 80 por ciento restante por la misma Mechanical Trading.

Ante este panorama, quedó en evidencia que Soria había dicho una mentira tras otra y no le quedó más margen de maniobra. “A la luz de la sucesión de errores cometidos a lo largo de los últimos días, en relación a mis explicaciones de mis actividades empresariales anteriores a mi entrada en política en 1995, debidos a la falta de información precisa sobre hechos que ocurrieron hace más de veinte años, comunico mi decisión irrevocable de presentar mi renuncia”, sostuvo Soria en un comunicado distribuido antes de la reunión de gabinete de ayer.

Soria no sólo renunció a su cargo, sino que devolvió su diploma de diputado y abandonó el puesto del presidente del PP en Canarias. Adelantó que se retiraba de la actividad política y centró su defensa en lo comercial. “Mi offshore de Jersey es legal. No he cometido absolutamente ningún tipo de ilegalidad”, declaró en una entrevista televisiva.

La salida abrió una nueva crisis en el vapuleado gobierno de Rajoy, quien no salió a hablar sobre el escándalo. Quien actuó como vocero fue el ministro de Hacienda, y lo hizo en duros términos. “Si hay algún indicio de sospecha, no se puede estar en el gobierno en esas condiciones”, dijo el ministro Montoro sobre la relación de un funcionario con firmas offshore.

Claro que en el caso de Soria hubo algo más que indicios de sospechas y ni siquiera su renuncia dejó conforme a la dirigencia española, que en junio irá nuevamente a elecciones para elegir gobierno luego de que ninguna fuerza consiguiera la mayoría necesaria en los últimos comicios.

“Creo que el señor Rajoy es el único español que cree que el ministro Soria no nos ha mentido”, sostuvo el referente del progresista Podemos, Iñigo Errejón. “Es evidente que el señor Rajoy tiene que comparecer delante del Congreso para aclarar todos los extremos del caso Soria”, agregó el líder socialista Pedro Sánchez. “Rajoy tiene que dar la cara, no se puede esconder como ha hecho en los últimos días. El ministro Soria ha mentido a los españoles sobre una cuestión ética”, aportó Albert Rivera, el candidato de Ciudadanos, de centroderecha.

Uno de los argumentos de la oposición para reclamar la comparencia de Rajoy en el Parlamento es que la mayoría de los españoles que aparecen en los Panama Papers se acogieron a la amnistía fiscal que implentó su gobierno en 2012.

La de Soria es la segunda gran renuncia que provocan los Panama Papers. La anterior fue la dimisión del primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, luego de que su nombre y el de su esposa aparecieran vinculados a una empresa en las islas Vírgenes Británicas llamada Wintris.