Por F. Y.

El bloque de diputados justicialista lo mostró como uno de los logros del año que termina. Es un estudio realizado por sus integrantes donde da cuenta de que el Congreso aprobó 106 leyes. El 42 por ciento de éstas tuvo origen en el Poder Ejecutivo, el resto son de propiedad exclusiva de los legisladores. Sin embargo, las normas aprobadas más importantes provinieron de los despachos de la Rosada, lo que da cuenta del escaso peso que tiene el Congreso y, sobre todo, de la nula independencia que tiene el Poder Legislativo, a despecho de lo que establece la Constitución Nacional.
Igual, el jefe de los diputados oficialistas, José María Díaz Bancalari, aseguró que el resultado obtenido en el año es una “clara muestra de que el país está cambiando, se está recuperando de los años en que el Congreso se dedicó a aprobar impuestazos, reducciones salariales y hasta una indigna reforma laboral”. La frase del duhalde-kirchnerista da cuenta de una producción importante, también es cierto que cuando presentó el informe el martes pasado se olvidó de un dato fundamental: el rol de los diputados del justicialismo durante la década menemista.
Los datos que arroja el trabajo presentado por los diputados durante el brindis de fin de año dan cuenta de que el 21 por ciento de las leyes fueron proyectos relacionados con temas económicos, entre los que figuran el Presupuesto 2004, la prórroga de la Emergencia Económica, la compensación a los bancos por la pesificación asimétrica, el plan antievasión que busca evitar la elusión tributaria, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el rescate de las cuasimonedas por más de 7800 millones de pesos, la prórroga de la suspensión para los remates hipotecarios y un salvataje para los deudores y un régimen de acceso a la información bancaria para que cada entidad especifique cuál es la garantía de sus casas matrices y las reformas al impuesto sobre los combustibles.
Justamente el caso de la Ley de Presupuesto es una de las que demuestra el abandono de la independencia del Parlamento con respecto a los designios del Ejecutivo. En ella, el oficialismo aprobó sin chistar el artículo 13, ese que le otorga al jefe de Gabinete la potestad de modificar las partidas sin requerir la autorización del Congreso, tal como lo dispone la Constitución.
“En este período parlamentario, el bloque justicialista, a través de su acción legislativa, demuestra que se encuentra consustanciado con el proyecto estratégico inspirado en la justicia social con el que el presidente Néstor Kirchner busca una nueva fisonomía al país; empobrecido, desguazado y deshecho por las políticas del modelo neoliberal”, dijo Bancalari mientras sostenía un vaso plástico con un champagne tibio que le impedía recordar la historia completa de estos 20 años de democracia.
Incluso la extrema dependencia de los legisladores oficialistas con su gobierno se demuestra en el caso de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. La Cámara baja recién trató la iniciativa una vez que llegó la orden del Ejecutivo. Hasta ese momento, sólo una treintena de legisladores del centroizquierda –más unos poquísimos justicialistas– se sentaron en las bancas en sucesivas y fracasadas sesiones que convocaba la diputada de Izquierda Unida Patricia Walsh. Es bueno recordar que el proyecto aprobado corresponde a uno que redactó el propio Bancalari, ya que su bloque se opuso a debatir el que escribió Walsh porque –como reconocieron varios legisladores del PJ– “no podemos permitir que el crédito se lo lleve esta chica”.
Del total de las leyes que provinieron del Ejecutivo, la mayor parte las presentó el entonces presidente Eduardo Duhalde, lo sigue Néstor Kirchner, pero también se debatieron unas pocas que quedaron de la gestión de Fernando de la Rúa. La mayoría de las leyes que presentaron los diputados son declaraciones y resoluciones, por lo general carentes de peso político.