Mañana empieza en Tucumán el juicio histórico por las víctimas del Operativo Independencia. El Juicio se llevará a cabo por un total de 270 víctimas obreros, militantes y estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán. Y serán juzgados 20 imputados, aunque otros 20 esperan una definición de la Cámara Federal de Tucumán para ver si serán alcanzados por este juicio. “La ocupación militar del suroeste de la provincia iniciada un año antes del golpe de Estado, fue por lejos el ensayo de un sistema represivo clandestino probado a mediana escala para extender el plan de exterminio en todo el país a partir del golpe de marzo de 1976”, señala en diálogo con Página/12 el fiscal federal Pablo Camuña a cargo de la investigación. Y dice que el debate pondrá en escena por primera vez de modo masivo ese escenario caracterizado, además, por una ocupación que transformó a pueblos enteros en un “campo clandestino a cielo abierto”. “Esa característica de ‘laboratorio’ en el campo me parece que es la centralidad de este debate que debe sumarse a otra de las características que no se repitió en ningún otro lugar del país y que fue la ocupación militar completa del suroeste, más allá del 24 de marzo, donde los militares se instalaron durante años, intervinieron en todas las relaciones sociales y alteraron profundamente la matriz que tenían los pobladores con efectos perdurables hasta ahora”.

Los organismos de derechos humanos del norte del país esperan el comienzo de este juicio desde hace años con víctimas de Tucumán y Santiago del Estero, pero también de Catamarca, Jujuy y Salta.

–Por primera vez Tucumán somete a juicio en forma masiva –porque hubo casos aislados en otros debates–, lo que pasó acá con el Operativo Independencia, un año antes del 24 de marzo de 1976. Creo que esa es la centralidad de esto. Donde hay una característica central que no se repitió en otro lugar con la ocupación militar del suroeste de la provincia que se extendió más allá del 24 de marzo y comienza en febrero del 75. Una de cada tres víctimas de Tucumán, fueron del Operativo Independencia.

–Aquí se creó una ‘Zona de Operaciones’, así estaba establecido en los reglamentos militares y quedó rigurosamente previsto. Era el establecimiento de distintas Bases militares en la provincia, en este caso bajo el mando de la V Brigada. Eran bases tácticas encargadas de hacer un control sobre toda la población y de llevar adelante los hechos que son objeto de este juicio como la persecución y secuestro de personas que para ellos significaban algún tipo de peligro en función de sus planes estratégicos a largo plazo. Hay que recordar que llegaron más de 20 Unidades militares de todo el país y ocuparon el pedemonte y todo el suroeste del territorio de manera literal. Un fenómeno que no se dio en ningún otro lugar. En lugares tan emblemáticos como Santa Lucía y zonas de Famaillá la instalación de las bases militares significó una alteración completa en la sociabilidad de esos pueblos, todos relacionados por supuesto al azúcar. Los militares se instalaron durante años, intervinieron en todas las relaciones sociales y alteraron profundamente la matriz de los pobladores con efectos perdurables hasta ahora.

–Las personas no podían circular sin un pase o autorización. Todos estaban censados. Eran sometidos permanentemente a allanamientos ilegales y requisas. Ocurría todo el tiempo, porque los militares estaban ahí. Toda ocupación militar por el control que implica, es un escenario y un riesgo latente de delitos. Hubo casos de matrimonios forzados, embarazos semiforzados por situaciones de dominio. En un debate declaró Fabiana Rousseaux que fue directora del Centro Ulloa y ella dijo que los pueblos completos había que pensarlos prácticamente como centros clandestinos a cielo abierto (ver aparte). Y el Tribunal ya dijo en otra causa con casos posteriores al 24 de marzo, que lo que pasó en estos pueblos fue una ‘experiencia totalitaria’ porque había quedado totalmente desdibujado el límite entre la esfera pública y la privada.

–Eso por un lado, y además que fue por lejos la primera prueba masiva del sistema de aniquilación y exterminio. De acá salieron por ensayo y error, algunos de los reglamos principales que estructuraron más tarde el exterminio: fue la prueba de un sistema represivo clandestino probado a mediana escala para extenderlo a todo el país, a partir de los decretos de noviembre del 75. Por supuesto que el modelo ya venía formateado por la Escuela Francesa, la Doctrina de Seguridad Nacional y tenía reglamentos en los 60 y 70. Pero ese formato general se probó y el campo fue Tucumán. Se ensayó, se alteró y modificó de acuerdo a lo que fue saliendo. Quien dijo esto, además, fue el propio (general de brigada a cargo del Operativo Independencia, Acdel) Vilas en su libro: dijo que primero ensayaron de una manera y que con el correr del tiempo mejoraron su forma de actuación. Así aparecieron los operativos de noche, los interrogatorios o las formas para que no puedan ser identificados quienes actuaban. La centralidad del aparato de inteligencia lo probaron acá.

–Ellos hablaban de la Compañía del Monte en el cerro tucumano. Pero paralelamente había un movimiento obrero azucarero sumamente organizado, con una amplia capacidad combativa y una universidad que era epicentro del pensamiento crítico del norte del país. La Universidad Nacional de Tucumán no sólo era el centro del norte argentino sino que influía en Bolivia y Perú desde donde venían estudiantes masivamente a formarse. Entonces, había un centro obrero muy desarrollado, muy combativo y muy organizado. Y un centro cultural amplísimo como era la universidad. Las víctimas del juicio representan estos espacios.

Los fiscales están pidiendo al Tribunal Oral Federal que detengan a los acusados antes del comienzo del debate, como sucedió allí en cada juicio. El TOF aún no respondió. Entre los acusados hay quienes tienen domiciliaria, detenidos y en libertad. Uno de los frentes de preocupación son las agrupaciones de familiares de los represores. Ellos entienden que este juicio les abre el escenario para legitimar la idea de la “guerra” dado que estaban activas las organizaciones del PRT-ERP; que hubo órdenes supuestamente legadas de un gobierno democrático y que aún no se había dado el golpe de 1976. Para la acusación, sin embargo, ni la época, ni el tipo de órdenes ni el tipo de víctimas son distintas al escenario de crímenes masivos de parte del Estado terrorista. “Este es un juicio penal”, dice Camuña. “Acá se prueba cada hecho en particular y el contexto en el que se produjo. Quienes sostienen otras posiciones tendrán que probarlo en los hechos. Creo que ese es un debate que debe tenerse al final de un Juicio porque son alegatos con las pruebas de producidas. Nosotros probamos cada caso, las personas, que las personas fueron sacadas en su mayoría de sus casas, a la noche, con vehículos no identificados, llevados a un CCD, torturados. Esta es la prueba y el juicio marcará la responsabilidad de cada uno de los imputados en este plan”.