Diez días atrás, el asesor del gobierno uruguayo Carlos Ramella había agudizado el conflicto diplomático con la Argentina, luego de calificar a Néstor Kirchner de “simpatizante de la guerrilla” a raíz de la decisión del santacruceño de protestar por la designación como agregado naval en Buenos Aires de un represor. Aunque en aquel momento fue desautorizado por Jorge Batlle, Ramella no retrocedió. “No me arrepiento de nada. Actué motivado por hechos que afectaron nuestra soberanía y dignidad nacional”, sostuvo en una columna publicada en el diario montevideano El Observador.
El conflicto comenzó cuando el canciller Rafael Bielsa convocó al embajador uruguayo, Alberto Volonté Berro, para expresarle la irritación argentina ante la inminente designación como agregado del capitán de navío Juan Craigdallie, señalado como “un torturador salvaje” por un ex fotógrafo de la inteligencia naval. Luego de algunos momentos de tensión, Batlle decidió suavizar el conflicto y retiró la designación con el argumento de que se había tratado de un error. Argentina aceptó la explicación.
En aquel momento, el asesor Ramella se quejó amargamente por la medida, que sumó a la decisión de Kirchner de reunirse –en medio de una cumbre del Mercosur y junto al brasilero Luis Inácio Lula da Silva– con los líderes de la oposición del Frente Amplio: Tabaré Vázquez y el intendente de Montevideo, Mariano Arana. “Algunos gobernantes, sobre todo de la Argentina, no terminan de comprender que están ejerciendo la primera magistratura, que no están actuando como agitadores o como simpatizantes de guerrillas como en el pasado”, había dicho Ramella.
Aunque Batlle lo desautorizó a través de un comunicado, en el que aclaró que no se trata de un representante oficial de su gobierno, Ramella insistió ayer de esta manera: “Lo sabía, tenía más para perder que para ganar. Sin embargo, no me arrepiento de nada: actué como soy y como siento, al amparo de una libertad de la cual nunca he renunciado y dejando de lado cómodas excusas con las cuales no me siento identificado”, escribió en una columna que tituló “la tolerancia no es debilidad”.
“Actué motivado por la humillación. Más allá del acto realizado en nuestra intendencia, que varios representantes del Estado calificaron como una clara injerencia en temas internos, reiteradas declaraciones de distintos funcionarios del país hermano, que sólo parecen aceptar su verdad, o la de sus amigos, significaron en mi opinión un claro agravio a la independencia de una nación que, en el error o en el acierto, tiene derecho a resolver por sí, sin recibir sermones de terceros, sus problemas más delicados”, agregó Ramella.
En realidad, el conflicto es parte de una tensión más profunda entre el neoliberal Batlle y tres líderes latinoamericanos: Lula, Kirchner y el chileno Ricardo Lagos. Cada uno con sus matices, los tres buscan diferenciarse con la cara más salvaje de la ortodoxia económica.
Pero la tensión Batlle-Kirchner está marcada, además, por el caso de la nuera del poeta Juan Gelman. Desde su asunción, el presidente argentino ha puesto como eje de su vínculo con Uruguay la investigación por el destino de los restos de María Claudia Irureta Goyena, que fue secuestrada en Buenos Aires y trasladada a Montevideo en 1976, cuando se encontraba embarazada. En el 2000, Gelman encontró a su nieta.
Pese a los reclamos de la administración Kirchner, Batlle se amparó en una la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado plebiscitada en Uruguay, que impide juzgar a los responsables del terrorismo de Estado. Sin embargo, los organismos de derechos humanos sostienen que la legislación internacional sostiene que casos como la desaparición de María Claudia representan un delito que continúa, por lo que la norma no tiene validez.
Justamente, Ramella también se refirió a la decisión del gobierno argentino de presionar para llegar a la verdad en el caso de la nuera de Gelman. En línea con la posición de Batlle, Ramella cuestionó –aunque sin nombrarla directamente– a la política de derechos humanos de laArgentina. “No es cuestión de discursos ni de declaraciones, ni de frases amistosas. Esto es cuestión de resultados y de hechos. Y la verdad es que Uruguay ha obtenido mucho más en la calificación de temas de derechos humanos y ha avanzado mucho más de lo que han avanzado otros países de la región.”
Pese a la postura del gobierno y las declaraciones de su asesor, se han registrado algunos avances en la investigación. El diario uruguayo La República informó que un informe del Instituto de Antropología Forense comprobó que en 1982 se removieron tierras en el Batallón de Infantería Nº 13. Dos meses atrás, un testigo militar lo había señalado como el lugar en donde se enterraron varios cuerpos en 1976. A su vez, la zona coincide con el área señalada en un plano elaborado en el 2001 por otra fuente militar, y con las declaraciones del soldado Ariel López, quien había confesado que en 1976 y 1977 había enterrado varios cuerpos en aquel lugar, entre ellos el de una mujer. Ese es justamente el lugar en donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como “300 Carlos”, adonde habría sido llevada la nuera de Gelman.
La investigación se basó en un informe geomorfológico y arqueológico. El equipo que confirmó los datos –integrado por técnicos universitarios y un forense designado por la Justicia– recomendó realizar una prospección directa del terreno para obtener más datos.