Es difícil intuir qué impacto tendrá el escándalo de las coimas sobre el Senado como corporación histórica. ¿Caerán, después de la confesión de Mario Pontaquarto, Emilio Cantarero o José Genoud? ¿Qué sucederá con José Luis Gioja o Augusto Alasino? ¿La Justicia tomará impulso? Y aun así, ¿alcanzará? En cambio es fácil imaginar otro camino abierto: si el Gobierno tiene voluntad política de meterse a fondo, será posible conocer qué pasó con el dinero de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Al menos, en las gestiones de Carlos Menem y Fernando de la Rúa. Y después de conocer el dato, no solo la Justicia tendrá el camino simplificado. También será muy sencillo cambiar el sistema actual de fondos sin control.
Hugo Anzorreguy, Fernando de Santibañes y Carlos Becerra, jefes de la SIDE con Menem y De la Rúa, tenían el poder de encargar operaciones especiales y, naturalmente, encubiertas. Para ello bastaba con que pidieran una partida de dinero y le firmaran un recibo al director de Finanzas de turno. El objetivo quedaba bajo nombre supuesto. Digamos, “Operación Pirulo”.
La clave, sin embargo, es que lo supuesto, lo secreto y lo encubierto no significan un permiso para robar. El dinero pasó de Hacienda a la SIDE. El dinero se asignó. El recibo fue archivado. El dinero debe tener una contraparte, así sea “Operación Pirulo”. Alguien en la SIDE fue jefe de la “Operación Pirulo”. Algún espía integró el grupo que la llevó a cabo. Alguien usó el dinero y lo rindió. Operación encubierta no quiere decir encubrimiento.
Si quiere terminar con esta historia oscura, el presidente Néstor Kirchner tiene una herramienta a mano, y no necesita violar ningún secreto ni convertir a la SIDE en un jardín de infantes.
Cualquier funcionario con experiencia sabe que no todo en la SIDE son operaciones especiales. Igual que en Educación o Salud, dentro del presupuesto una buena parte se lo llevan los sueldos y la infraestructura. Kirchner puede exigir una discriminación de gastos y pedir los archivos de las operaciones especiales realizadas en los últimos años. Como jefe de un Estado que tiene continuidad jurídica –ni siquiera el Estado argentino deja de serlo con el cambio de Gobierno– tiene derecho de conocerlas. Al menos podrá revisar los recibos firmados por cada jefe ante sus encargados de Finanzas.
El Presidente puede ir más allá. Puede llamar a los jefes anteriores, por ejemplo Anzorreguy, De Santibañes o Becerra, por no hablar de Juan Bautista Yofre, antecesor de Anzorreguy, o Miguel Angel Toma, continuador de Becerra, y preguntarles por esas operaciones para valorarlas.
Anzorreguy tiene una respuesta pública ensayada. Cuando en la causa AMIA la Justicia le preguntó detalles, dijo no recordarlos. ¿Tendrá la misma actitud ante Kirchner en persona? ¿Arriesgará exhibir una memoria débil si sabe que antes el Gobierno ya reconstruyó la verdad sobre las supuestas operaciones?
Una hipótesis puede tejerse desde ahora, sin demasiado temor a la equivocación: si en tiempos de Raúl Alfonsín, a comienzos de la democracia, la SIDE desplegaba menos de cinco o diez operaciones especiales por año, con Menem y De la Rúa la cifra trepó a niveles dignos de la CIA.
Los espías suelen presentar como complejo lo que es simple. Acostumbran replicar que si el control es “excesivo” ellos podrían convertirse en el hazmerreír del mundo. Pero, ¿no es menos serio un país con una caja negra que sirve para disfrazar el robo con el barniz de la razón de Estado?