El avance del juicio político contra la presidenta brasileña Dilma Rousseff, denunciado como un “golpe de Estado blando” por el oficialismo de ese país y por buena parte de las fuerzas progresistas, populares y de izquierda de la región, llegó ayer a su punto cúlmine. Sin embargo, desde el gobierno argentino no ha habido posicionamiento oficial ante la posibilidad de una crisis política terminal en el principal socio geopolítico y, con los micrófonos apagados, funcionarios de Cancillería aseguran que Buenos Aires no intervendrá en el proceso político que se está llevando a cabo en Brasilia. Desde la oposición, el peronismo y la izquierda no dudan en caracterizar lo que está sucediendo como un atropello a la voluntad popular que manifestó el pueblo brasileño en las urnas, y en considerar que la derecha de ese país se apoyó en “excusas” para “voltear un gobierno democrático” elegido hace menos de dos años.

“No vamos a tomar una posición. Se trata de asuntos internos de un país vecino, socio y con el que nos unen lazos de respeto y afecto, pero el tema se sigue de cerca y con mucha preocupación”, aseguran desde la Cancillería, en línea con la posición de Mauricio Macri en su única declaración al respecto, cuando calificó el impeachment como un proceso institucional que no se aparta de los mecanismos previstos por la ley brasileña. Según fuentes del Gobierno, “la preocupación” pasa más por “que se resuelva pronto la crisis económica” que afecta a Brasil, con consecuencias directas sobre la Argentina.

Desde la oposición, el apoyo al gobierno del Partido de los Trabajadores llegó desde el peronismo, socio regional estratégico durante los últimos años. Los contactos informales entre dirigentes del Frente para la Victoria con sus contrapartes brasileños se sostienen desde octubre, cuando comenzó el proceso del juicio político a la presidenta Rousseff, y se intensificaron en las últimas horas. También desde la izquierda se caracterizó como “golpe de Estado” al avance sobre Rousseff.

El parlamentario del Mercosur Agustín Rossi se manifestó sobre el asunto en diálogo con Página/12 y sostuvo que el juicio a la presidenta brasileña es “un proceso con vicios políticos y vicios institucionales” que ponen en duda su legitimidad. “Ninguno de los que votaron contra Dilma en la Cámara de Diputados justificó su voto en las causas teóricas por las que se puede avanzar con algo así” sino que se utilizaron “excusas” para avanzar con “una acusación sobre una mala ejecución presupuestaria, que nunca debería dar lugar a medidas de estas características”.

Rossi recordó que “el presidente de la Cámara baja” en el momento en que se aprobó el impeachment, Eduardo Cunha, “ya fue separado de ese lugar” con decenas de denuncias de corrupción en su contra, como las que también alcanzan a por lo menos treinta de los legisladores cuyo voto habilitó el tratamiento del juicio político en el Senado. “Esto no comienza ahora. El intento de deslegitimar al gobierno de Dilma comenzó en el mismo momento que ella asumió su segundo mandato. La derecha va a elecciones, pierde las elecciones e inmediatamente intenta lograr lo mismo, llegar al poder, por otras vías que no son la voluntad popular”, agregó.