“El ministro de Defensa, José Pampuro, dispuso remover al general Jorge Tereso del cargo de secretario general del Ejército, a raíz de haber trasladado a la Justicia una solicitud realizada por seis militares detenidos para poder pasar las fiestas de fin de año en sus domicilios particulares.” Un escueto comunicado de tres párrafos detalló la medida, acompañada por una sanción disciplinaria, y refutó las asépticas explicaciones burocráticas que las más altas fuentes del Ejército habían dado a este diario el lunes para justificar el trámite gestionado por Tereso. La decisión de Pampuro apuntó contra el corazón de la cúpula castrense y deja en un incómodo lugar al titular de la fuerza, Roberto Bendini. La secretaría general es el cargo más “político” de la estructura.
Tereso había gestionado ante el juez federal Jorge Ballestero el pedido para que seis represores procesados con prisión preventiva en la causa por el secuestro y desaparición de militantes montoneros pasaran las fiestas con su familia. El beneficio fue solicitado el 12 de diciembre para los militares retirados Pascual Guerrieri, Carlos Fontana, José Pereiro, Jorge Granada, Antonio Simón y Julián Marina.
Al elevar las notas presentadas por los presos, Tereso argumentó que el año pasado, el juez federal Claudio Bonadío, quien tenía a su cargo la causa, había otorgado un permiso similar. Lo que obviamente no tuvo en cuenta el ahora ex secretario general del Ejército es que la Cámara Federal había ordenado una investigación por la irregular decisión de Bonadío y de su subrogante Sergio Torres al haber autorizado que los represores pasaran las fiestas en familia.
Como si ese antecedente no hubiese sido suficiente para vislumbrar la inoportunidad de la gestión, la Sala II de la Cámara Federal porteña acaba de ratificar la prisión preventiva de Julio Bellene, Jorge Granada, Jorge Arias Duval y Julio Simón. El fallo de los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi consideró que los procesados integraban los Cuerpos I y II del Ejército, el Batallón 601 de Inteligencia y los Destacamentos de Inteligencia 123 y 201, y formaron una asociación ilícita para llevar adelante la “Operación Murciélago” en la que desaparecieron una veintena de militantes que participaron de la denominada “contraofensiva montonera” en 1980. En el caso de Bellene y Granada, la Cámara consideró que por sus cargos en el Batallón 601 no se puede deslindar su responsabilidad en los hechos investigados.
Tereso fue responsabilizado en forma personal por la gestión pero, en realidad, el secretario general del Ejército no actúa sin la anuencia del jefe de la fuerza. La decisión de Pampuro, quien el día anterior había optado por el silencio, se completó con la resolución de “aplicarle al general Tereso una sanción disciplinaria por el hecho de haber actuado en ese tema sin solicitar la correspondiente autorización de las máximas autoridades de la cartera castrense”, y le comunicó “personalmente la decisión adoptada al general Bendini, quien deberá determinar el nuevo destino de Tereso”, que ayer mismo cesó como secretario general.
En la interna castrense, la orden de Pampuro deja en un incómodo lugar a Bendini. Tereso pertenece al arma de Caballería al igual que Bendini, es apenas un año menor que el jefe de la fuerza, y goza de prestigio entre sus camaradas.
Anteanoche, en el Edificio Libertador, lejos de cuestionar la gestión de Tereso, argumentaron que los militares presos llevan “dieciocho meses detenidos, no están condenados y ninguno parece un torturador”. Además justificaban el trámite realizado por el secretario general como inherente a su función. Sin embargo, el pase no es automático; supone un acuerdo para remitirlo al juez. “Si fuesen delincuentes no se hubiese dado lugar al pedido”, se sinceró un alto oficial dejando en claro la discrepancia con el criterio judicial. Y, más allá de asegurar que “sólo se elevó para que el juez decida”, en realidad se acompañaba el reclamo de los presos.
La decisión de Pampuro es un gesto de autoridad de parte de la cartera política que marca un cambio en la relación con las decisiones castrenses. Desde la secretaría general del Ejército, Eduardo Alfonso, durante la gestión del general Ricardo Brinzoni, brindó asistencia a los represores presos mientras el ministro Ricardo López Murphy avaló la medida. El año pasado, el ministro Horacio Jaunarena tampoco cuestionó el trámite realizado por el entonces secretario general Daniel Raimundes, que pidió el beneficio que ahora le costó el puesto a Tereso. El fin de año parecía tranquilo para Bendini, pero el sacudón del último día hábil del año dejó mal parado al hombre que eligió el presidente Néstor Kirchner tras descabezar a la fuerza.