Nadie podría acusar al Gobierno de buscar la imposición en la Corte Suprema de una jueza con linaje peronista: el padre de Carmen Argibay, Manuel Agustín Argibay Molina, fue ministro de Salud y Asistencia Social de Pedro Eugenio Aramburu en 1955. Pero es difícil encontrar en la nueva candidata rastros de simpatía hacia cualquier forma de gobierno autoritario: estuvo nueve meses presa por el golpe de 1976, después de haber escondido perseguidos políticos en su casa, y en la cárcel, de donde salió con un preinfarto a los 36, hasta daba clases de francés a sus compañeras de prisión.
Todavía falta que el examen público deje en pie a Carmen Argibay, a quien todos conocen como Carmencita. Que el presidente Néstor Kirchner confirme su nominación. Y que el Senado apruebe su pliego. Si tras este largo proceso Argibay llega a la Corte, y las nuevas designaciones siguen una línea similar, en el 2004 la Argentina empezará a vivir un proceso con rasgos interesantes a nivel mundial.
Por un lado, la Corte tendrá un predominio garantista. La defensa de los derechos individuales frente a la arbitrariedad del Estado dejará de ser un insulto. Se convertirá en una descripción de la cúpula del Poder Judicial, que sin duda así podrá irradiar cambios hacia abajo.
Por otro, quedará integrada por una mayoría de ministros a tono con el nuevo derecho internacional de los derechos humanos.
No habrá, entre los nuevos, jueces vinculados a los grandes estudios o a los megagrupos económicos.
Y, sobre todo, esa composición de la Corte estará destinada a durar. Los nuevos miembros son sesentones más o menos flamantes.
De los nuevos, Zaffaroni es un peronista inorgánico que en estos años cumplió un papel: fue el provocador contra el sentido común de los conservadores. Criticó la mano dura cuando era mucho más popular que ahora y –lo más valioso– fundamentó sus críticas. Creó doctrina. No fue la otra cara de la moneda sino una moneda distinta, más elaborada y audaz.
Argibay no es peronista. Ni siquiera una peronista inorgánica. En su juventud, luego de pasar la secundaria bajo el rigor de las monjas alemanas, era lo más parecido a una socialista democrática. Calificada por sus amigos de estudiosa y trabajadora, hizo carrera como secretaria de instrucción en el Poder Judicial cuando el fuero penal aún maltrataba a las mujeres y las excluía de cualquier protagonismo. Esa fue una de sus escuelas. Y al mismo tiempo Carmencita rechazó las tentaciones de la familia judicial cuando significaban una monstruosidad alevosa. Ésa fue otra de las fuentes de su formación política. No partidaria, pero sí práctica. Un ejemplo: su tío, el padre del abogado Pablo Argibay Molina, fue uno de los mentores del “Camarón”, un tribunal especial creado por la dictadura militar anterior en 1972. Pero Carmen Argibay rechazó un puesto en la cámara penal que vista después, a la distancia, estaba anticipando en pequeña escala el terrorismo de Estado. E se año, además, recuerdan sus compañeros de trabajo, Argibay se impresionó mucho con la matanza de los presos políticos en la cárcel de Trelew y se opuso en público a la masacre. La suya no era una postura corriente en los miembros de la familia judicial de entonces.
Garantista aunque no libertaria, ordenada para trabajar, Argibay no tiene tradición de provocadora intelectual como Zaffaroni, junto a quien fue camarista en 1984 en la misma sala. Pero viene de una experiencia internacional apasionante en Tokio y La Haya, dos lugares que suelen garantizar una mayor apertura mental que la expresada, por caso, en la Fundación Bicentenario y el pequeño colegio de abogados de la calle Montevideo.