“Es nuestro compromiso poder acompañar al gobierno en este momento de transición histórico, por lo cual estaremos reduciendo significativamente nuestros honorarios a 875.000 dólares para las 16 semanas de duración del proyecto”. El textual forma parte de la propuesta de colaboración que la consultora estadounidense McKinsey le acercó en marzo al presidente Mauricio Macri, titulada “Apoyando al gobierno argentino en la construcción de un marco regulatorio para el desarrollo y la innovación en TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación)”. Desde entonces, un grupo de analistas desembarcaron en el Ministerio de Comunicaciones para asesorar desde las sombras. El principal impulsor de este convenio es el secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana, un ex McKinsey, titular del Grupo Pegasus y dueño de la cadena Farmacity.

Después de derogar por decreto los artículos más relevantes de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, el gobierno creó a través de la resolución 9/16, publicada en el Boletín Oficial el 15 de abril, una comisión para la elaboración de una nueva ley de comunicaciones convergentes que regulará no sólo a la radiodifusión sino también a las telecomunicaciones. Esa comisión se ha venido reuniendo con distintos especialistas del sector y a mediados de este mes ya difundió una primera declaración. Sin embargo, de modo paralelo a ese trabajo público McKinsey avanza de manera reservada con la elaboración de un marco regulatorio para las comunicaciones.

La propuesta de colaboración elaborada por la consultora estadounidense, a la que accedió Página/12 en exclusiva, comienza con un breve mensaje dirigido a Quintana, el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el presidente de Arsat, Rodrigo de Loredo. “Estimados Oscar, Mario y Rodrigo, de acuerdo a lo acordado en nuestro último encuentro, cumplimos en hacerle llegar la propuesta de trabajo para acompañar al gobierno argentino en la construcción de un marco regulatorio de TIC, incluyendo como parte fundamental del esfuerzo repensar la estrategia y definir un plan de negocios para Arsat”.

Luego se incluye un breve marco histórico donde se afirma que durante los últimos años Argentina ha quedado atrás en términos de penetración, innovación y uso de servicios TIC por una serie de “limitaciones estructurales” entre las que destaca la baja asignación de espectro radioeléctrico, precios altos en smartphones y equipamiento de red y tarifas congeladas en algunos servicios. Allí además se remarca que “a pesar de que Argentina ha realizado inversiones relevantes en Arsat, existe alguna indefinición en cuanto al plan estratégico de la empresa y al rol que la misma deberá desempeñar para apoyar el desenvolvimiento del sector”.

El documento de McKinsey incluye una serie de objetivos específicos entre los que sobresalen: 1) definir la visión y los objetivos para la Argentina en el desarrollo del sector de Tecnología, Medios y Comunicaciones, de manera que se convierta en un motor de desenvolvimiento, crecimiento e innovación para el país, 2) definir las principales palancas e iniciativas del futuro marco regulatorio, que permitan alcanzar la visión y los objetivos definidos, 3) integrar todos los elementos del marco regulatorio en un modelo consistente que otorgue previsibilidad al sector a mediano y largo plazo, 4) resolver desafíos que enfrenta el sector, entre los que se menciona la necesidad de favorecer el crecimiento en telefonía móvil, aumentar la banda ancha de alta velocidad, promover el acceso a dispositivos y equipamiento de primera generación, fomentar inversiones en el sector privado y público y establecer reglas y condiciones para participar en medios, 5) definir el rol de Arsat para apoyar el desarrollo de la infraestructura y del sector, 6) definir un plan de negocios 2016-2019 para Arsat y 7) definir un plan de implementación que considere a los principales actores involucrados.

En la tercera sección del documento se explicita un plan de trabajo que incluye entre las actividades “mapear los principales actores y potenciales barreras”, “mapear y analizar todos los activos de Arsat” y “analizar y escoger opciones estratégicas para Arsat por tipo de activo/segmento”. Como informó Página/12 el pasado 22 de abril, Héctor Huici, secretario de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, es uno de los más activos promotores de esta iniciativa. El funcionario reconoció en una jornada organizada en la Universidad Abierta Interamericana que estaban analizando el potencial de las distintas unidades de negocio de Arsat y distinguió entre “la parte satelital, la red de fibra óptica, el data center y la mochila de plomo de Arsat, que es el tema de la TDT (Televisión Digital Terrestre)”. McKinsey es la encargada de auditar esas unidades y buscar interesados en tomar el control de cada una en una especie de loteo. La intención, al menos en un primer momento, no es privatizar la firma sino explorar la posibilidad de incorporar capital privado o favorecer la colonización empresaria de la infraestructura a través de la firma de contratos.

Junto con el plan de trabajo, McKinsey detalló en su propuesta un cronograma de entrega de productos que incluye reuniones de presentación de avances y seguimiento del proyecto. Hace unos quince días realizaron una primera exposición sobre el mercado de las telecomunicaciones ante el presidente Mauricio Macri y la intención es entregar el informe final en julio.

En el plan que le acercaron al gobierno se explicita quienes integran el equipo de trabajo. “Como es habitual, proponemos la conformación de un equipo mixto entre funcionarios del Ministerio de Telecomunicaciones, Secretaría de Coordinación Interministerial, Arsat y la consultora McKinsey”, dice el texto. Por el lado de la consultora, el proyecto es liderado por Francisco Ortega, director de la oficina de Buenos Aires de McKinsey, Luis Enríquez, miembro de la oficina de McKinsey en Bruselas y Rodrigo Diehl, un ex empleado de Techint que durante los últimos 12 años se especializó en el área de TIC dentro de la consultora. A ellos se suman Adolfo Pittaluga, Josefina Ceirano y Juan David Muñoz, tres consultores encargados de la ejecución cotidiana del proyecto.

A su vez, el plan cuenta con la participación de “expertos globales en TIC y regulación”. Página/12 reveló el sábado 14 de mayo que la figura más destacada de ese grupo de asesores externos es el colombiano Diego Molano quien fue Director General de Asuntos Corporativos de Telefónica en Colombia entre 2005 y 2010 y luego fue designado por el presidente Juan Manuel Santos como ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones hasta mayo del año pasado, periodo en el que también estrechó lazos con América Móvil, la firma del magnate Carlos Slim, que busca ampliar negocios en el país. Pese a ese historial, en el documento de McKinsey se afirma que el equipo que asesorará al gobierno argentino es “100 por ciento Clean Team” ya que “nunca ha trabajado con ninguno de los operadores argentinos, eliminando cualquier tipo de conflicto potencial”. Es cierto que Molano no trabajó para Telefónica de Argentina, pero también es cierto que Telefónica de Argentina no es una pyme local sino la filial de una multinacional española que también tiene como filial a Telefónica de Colombia.

Otros “expertos globales” que integran el equipo son Antonio Robalo de Almeida, quien trabajó en los programas europeos para el desarrollo de las comunicaciones Esprit y RACE; Bengi Korkmaz, una especialista en políticas públicas egresada de Harvard con pasado profesional en Ebay y Yahoo; y Jürgen Meffert, un ingeniero que trabaja en McKinsey hace 25 años y actualmente se desempeña en la oficina de Düsseldorf, Alemania.

En la propuesta de colaboración se aclara que “los honorarios profesionales para este tipo de esfuerzos son de 400 mil dólares por mes más los gastos necesarios para la ejecución del proyecto (entre 15 y 18 por ciento adicional)", pero el gobierno de Macri consiguió que “solamente” les cobren 875 mil dólares por 16 semanas de trabajo, poco más de la mitad de lo que supuestamente correspondería. McKinsey aclaró por las dudas que los valores expresados son netos de impuestos.

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