El legislador porteño Patricio del Corro (PTS-FIT), con el apoyo de entidades de derechos humanos, presentó un proyecto de informes para que el Gobierno porteño precise si todavía permanecen en la Policía Metropolitana 38 oficiales exonerados que habían tenido actuación durante la última dictadura cívico-militar. En la presentación de la iniciativa se recordó el tercer aniversario de la represión en el Hospital Borda por parte de esa fuerza de seguridad porteña. Se resaltó que esos agentes exonerados “provenían de sectores de inteligencia de la Policía Federal Argentina” que habían tenido una participación central en delitos de lesa humanidad.

El planteo de Del Corro, quien estuvo acompañado por la diputada nacional Myriam Bregman (PTS-FIT), cuenta con el respaldo de Ernesto Moreau de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Graciela Rosemblung de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Cachito Fukman de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y Alejandrina Barry del CeProDH, entre otras organizaciones sociales y políticas.

Del Corro precisó que “el pedido de informes busca conocer toda la verdad sobre esta policía cuando sabemos que el 70 por ciento de su cúpula cumplió funciones durante la última dictadura, además es conocido que muchos de sus integrantes provienen de las Fuerzas Armadas y del sector de Inteligencia de la Federal”.

Recordó, en el mismo sentido, que “el día de la salvaje represión en el Borda estaba al mando del operativo la División Especial de Operaciones Especiales, comandada por el comisionado mayor Raúl Ricardo Ferrón, un genocida, experto en inteligencia que ingresó a la Policía Federal en 1976”. El legislador recalcó que “ninguno de los sucesivos funcionarios responsables del Gobierno porteño, ni (el hoy presidente Mauricio Macri, ni (María Eugenia) Vidal ni (Horacio) Rodríguez Larreta, han sido procesados, en cambio sí los trabajadores” Cristina Díaz Além, la enfermera Susana Bejarano, Carina Maloberti del SENASA, la fotógrafa Belén Rebollo, Horacio Melnik de Talleres Protegidos y Daniel Catalano, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado- Capital.

Se recordó que “el Informe final de la Comisión de Evaluación de la Incorporación de Personal proveniente de otras Fuerzas de Seguridad a la Policía Metropolitana de diciembre de 2010 y los informes posteriores del CELS, de los años 2011 y 2013 (...) establece que 38 de los altos mandos de esa Policía, sobre un total de 52, cumplieron funciones en las fuerzas de seguridad en los años de la última dictadura militar: qué cantidad de estos miembros continúan aún en sus cargos y funciones”.

Sobre los 38 “altos mandos” cuestionados se pide al Gobierno de la Ciudad que diga “cuáles fueron los motivos y la fecha” en la que fueron exonerados y que se precise “la cantidad, nombre completo, DNI y legajo de efectivos provenientes de las Fuerzas Armadas que ingresaron en cada año a la Policía Metropolitana desagregando por fuerza de origen”. En este punto se señaló que se debería mencionar “en que sectores” de la Metropolitana “cumplen funciones los 186 miembros de la fuerza provenientes de las Fuerzas Armadas, según consta en Expediente 93771/13” del Gobierno porteño.

En el punto 6 del proyecto se pide información completa sobre “los 27 integrantes del personal superior de la Policía Metropolitana provenientes del área de Inteligencia” de la Federal. Este dato consta “en el informe final de la Comisión de Evaluación de la Incorporación de Personal proveniente de otras Fuerzas de Seguridad”. Esa información es coincidente con lo denunciado por el CELS.

Otro dato que se requiere es para que se identifique al personal que “recibe o haya recibido adiestramiento en cursos de especialización realizados en el país o en el extranjero, detallando: dónde se realizó la instrucción, clase de preparación, objetivos de tal instrucción, duración y año en que se realizaron los mismos”.

En los fundamentos, se subrayó que “el pedido de informes conlleva una importancia vital en el proceso de memoria, verdad y justicia que los Organismos de Derechos Humanos han abogado por 40 años” porque “los genocidas de ayer aún están presentes y activos en la actualidad”. El requerimiento está basado en el decreto 4/2010 y a la Ley 25.520, que establecen que debe relevarse toda información o documentación vinculada “con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período comprendido entre los años 1976 y 1983, así como toda otra información o documentación producida en otro período, relacionada con ese accionar”.

Se dejó constancia que la información solicitada “es necesaria para la continuación de los juicios contra los que participaron del genocidio perpetrado en la Argentina y, por ende, no puede ser considerada información secreta ni reservada”. El planteo del legislador porteño puntualizó que “el encubrimiento de los partícipes del último genocidio en nuestro país se ha visto evidenciado por cuanto esos mismos han participado en el período constitucional abierto en la Argentina desde 1983 de feroces represiones paradigmáticas por su contenido político e ideológico”.

Los datos que se requieren son consecuencia del “informe final de diciembre de 2010 de la Comisión de Evaluación de la Incorporación de Personal proveniente de otras Fuerzas de Seguridad a la Policía Metropolitana” que precisó que “más del 70 por ciento de los altos mandos, esto sería 38 oficiales, entre Comisionados, Comisionados Generales y Comisionados Mayores- tuvieron actuación en fuerzas de seguridad en los años de la última dictadura militar, incluidos los cuatro Superintendentes de la fuerza”.

“Muchos de esos altos mandos revistaron en la tristemente célebre Superintendencia de Seguridad Federal de la PFA, organismo que jugó un rol relevante dentro del aparato represivo que ejerció el Terrorismo de Estado”. El citado informe es “uno de los ejes de referencia” y “no obedece a razones caprichosas o metodológicas, sino que basa su razón de ser en la necesidad de avanzar sobre las omisiones y falencias en las que incurrió el Poder Ejecutivo al momento de la labor de la Comisión y que su mismo Informe final, deja en evidencia”.

En uno de los párrafos de ese informe se reconoció que las falencias se deben a “la ausencia en muchos casos, sobre todo en los legajos de los altos mandos, de la foja de servicios de la fuerza de seguridad de origen; y la ausencia en casi todos los legajos revisados del certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la fuerza de origen”. A eso se suma, afirmó Del Corro, “la discrecionalidad para aportar información parcial o para directamente hacer caso omiso por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de los datos solicitados” con anterioridad y nunca proporcionaos hasta hoy.

El requerimiento planteó también la necesidad de que este tema sea “uno de los ejes de debate de la Legislatura” porteña porque “la información contenida en los legajos resulta muy desigual y, en la mayor parte de los casos, insuficiente para conocer los antecedentes policiales de los aspirantes de modo que permitan realizar una evaluación seria”.

Esta situación “resulta agravada cuando se trata de personal policial que ha prestado servicios en el período de la dictadura (1976-1983). En esos casos, la sola presentación de certificado de prestación de servicios oficiales, en cualquiera de sus formas, resulta insuficiente para conocer el carácter de las tareas…” realizadas en esos años.

Lo que se reclama en el pedido de informes es “la individualización de este personal, sus funciones y destino teniendo en cuenta a la gravedad que significa, que luego de dar a conocer la cantidad de altos mandos que cumplieron funciones en la dictadura, no se conoce que se haya tomado alguna medida o haya habido algún informe al respecto”. Muy por el contrario “el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encabezado en aquel entonces por el hoy presidente de la Nación Mauricio Macri utilizó dicho personal con instrucción militar para llevar adelante represiones que han sufrido los trabajadores y el pueblo pobre de esta Ciudad”.

Como ejemplo se citó “la represión en el parque Indoamericano el 7 de diciembre de 2010, con el tristemente saldo de 3 muertes producto del accionar de la Policía Metropolitana y la represión en el Hospital Borda el 26 de abril de 2013 contra trabajadores y pacientes, donde no hubo muertos solo por el azar, teniendo en cuenta el tipo de armas utilizadas”. Del mismo modo se mencionó “la represión ocurrida en la Sala Alberdi el 12 de marzo de 2013 cuando efectivos de la Metropolitana llevaron a cabo el desalojo del Centro Cultural San Martín”. En ese hecho, quedó demostrado que la fuerza policial “utilizó armas de fuego para desalojar a quiénes estaban allí realizando la ocupación pacífica de la sala”.

Como conclusión se resaltó que “estos hombres que ayer fueron parte de la dictadura, hoy utilizan la experiencia represiva acumulada en el genocidio, para reprimir a los trabajadores, a los sectores populares y a la juventud que reclaman por sus más elementales derechos” y se hizo mención “uno de los casos más paradigmáticos, el del comisionado mayor Raúl Ricardo Ferrón, nombrado en la Policía Metropolitana por Resolución 233 MJYSGC/10, experto en inteligencia que ingresó a la Policía Federal en 1976”. En el Nunca Más, Perrón figura como uno de los oficiales que participó en el secuestro del entonces abogado del Cels Marcelo Parrilli, en febrero de 1981.