El Gobierno prepara el anuncio para cancelar juicios por retroactividad de haberes a jubilados y pensionados (ver página 13), al tiempo que mantiene un hermetismo absoluto y un cepo informativo sobre la situación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que sostiene todo el sistema previsional argentino. Por eso, los diputados del Frente para la Victoria Juan Carlos Díaz Roig y Axel Kicillof, con el respaldo de su aliado Carlos Heller (Partido Solidario), reclamaron a través de un proyecto de resolución que el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, informe sobre el estado actual del FGS tras la devaluación, la política económica recesiva, la pérdida de empleos y la inflación desatada por los tarifazos. El gobierno de Mauricio Macri no rindió ningún informe bimestral sobre la evolución del FGS tras la devaluación y tampoco conformó el Consejo de FGS –con participación de funcionarios, empresarios, sindicatos y jubilados– ni la comisión Bicameral de seguimiento que debe ser conformada por seis senadores e igual cantidad de diputados. La página web del FGS no fue actualizada y todavía lleva las firmas de la “presidenta Cristina Fernández de Kirchner” y de Diego Bossio por la Anses.

En sus fundamentos, los diputados plantean que “las políticas económicas que se implementaron a partir del 10 de diciembre de 2015, entre ellas la enorme devaluación del peso que provocó una pérdida millonaria de los activos del Fondo y el aumento de la inflación” conspiran contra la rentabilidad del FGS, ya que “una de su principales finalidades es atenuar el impacto financiero que sobre el régimen previsional público pudiera ejercer la evolución negativa de variables económicas y sociales”.

De acuerdo al último informe bimestral presentado –y único durante la gestión macrista–, el FGS tuvo una ganancia en pesos de 40,6 por ciento anual en 2015. “El informe omite aclarar cuál es la rentabilidad medida en dólares, habida cuenta de la devaluación que tuvo lugar el 17 de diciembre”, sostienen los diputados Díaz Roig, Kicillof y Heller.

El proyecto de resolución reclama diez respuestas a Basavilbaso, entre ellas, el valor total de la cartera del FGS en pesos y en dólares desde el 10 de diciembre de 2015 a la fecha, así como el “total de inversiones” en las mismas divisas y el mismo lapso de tiempo; las “colocaciones del FGS en acciones, títulos públicos, obligaciones negociables, disponibilidades, proyectos productivos o de infraestructura, depósitos a plazo fijo en pesos y en dólares” desde la asunción del gobierno de Cambiemos; el “rendimiento neto” y “tasa de crecimiento” del FGS desde el diez de diciembre a la fecha; el “Impacto de la devaluación del peso en la cartera del FGS” desde la devaluación macrista hasta la fecha y precisiones sobre “el programa de inversiones previsto para el año 2016”.

Los diputados recuerdan que la creación del Sistema Previsional Argentino (SIPA), por ley del Congreso en 2008, se propuso “unificar la política previsional bajo los principios de solidaridad, devolviendo al régimen público su rol inclusivo y redistributivo”. En este marco –agregan– “la creación del FGS tuvo como objetivo primordial evitar que los beneficiarios del Sistema Público de Reparto se constituyan en variable de ajuste de la economía en momentos en que el ciclo económico se encuentre en fases desfavorables”. Y sostienen que las propias medidas económicas del Gobierno macrista han “afectado el rendimiento del fondo”.

Los diputados detallan al respecto que “primero se devaluó abruptamente, se bajaron las retenciones, se empezó a abrir la economía a las importaciones y se elevó la tasa de interés encareciendo el crédito. El resultado de estas medidas es, como siempre ha sido, la inflación y la recesión económica”. Afirman que ahora hay “miles de desocupados, recesión, mayor déficit fiscal por menor recaudación, salarios a la baja, inflación descontrolada, aumento de la deuda externa, y solamente la espera y la promesa de que vendrán capitales a invertir, y generarán riqueza y derramarán pleno empleo, y pobreza cero y ocupación total. Todo agravado por la falta total de información”.

No solo el Gobierno no informó sobre la situación del FGS tras la devaluación, sino que a casi seis meses de gestión tampoco implementó los organismos de control del mismo, entre ellos el Consejo del FGS, incluido en la ley 26.425 que creó el SIPA tras la disolución del sistema privado de las AFJP y que funcionó hasta diciembre pasado y que no volvió a conformar. El Consejo debe estar integrado por representantes ad honorem de distintos organismo y entidades: uno por las Anses; uno por la Jefatura de Gabinete de Ministros; dos por el Organo Consultivo de Jubilados y Pensionados que funciona en el ámbito de la Anses; tres representantes de las organizaciones de los trabajadores más representativas; dos representantes de las organizaciones empresariales más representativas; dos representantes de las entidades bancarias más representativas; dos representantes del Congreso, uno por cada Cámara.

Tampoco conformó en el ámbito parlamentario la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social (creada por la misma ley 26.425) y que debería estar integrada por 6 senadores y 6 diputados. “Para cumplir su cometido, la citada comisión deberá ser informada permanentemente y/o a su requerimiento de toda circunstancia que se produzca en el desenvolvimiento de los temas relativos a la presente ley, remitiéndosele con la información la documentación correspondiente. Podrá requerir información, formular las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinentes y emitir dictamen en los asuntos a su cargo”, especifica su creación.

Hasta ahora el Gobierno esquivó la conformación de estos organismos y a pesar de la prédica macrista de “gobierno abierto” –a través del cual publicará los actos de la administración nacional–, ni siquiera la página web del FGS ha sido actualizada y la única información existente se remite a la gestión de los gobiernos kirchneristas.