El detenido Ibar Esteban Pérez Corradi reconoció ayer que traficaba efedrina en su nueva declaración durante siete horas ante la jueza federal María Romilda Servini, y cuya operatoria describió con algún detalle y nombrando a varios funcionarios de la anterior administración.

“Aportó información pero ahora debe ser corroborada”, dijo una fuente judicial que declinó dar detalles precisamente por esta misma circunstancia.

Así como en su primera declaración nombró al ex jefe de gabinete Aníbal Fernández asegurando que el asesinado Sebastián Forza se lo había identificado como “La Morsa”, en la declaración de ayer habría mencionada al ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray, responsable a su vez de la Aduana.

Pérez Corradi está acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez, cometido en el año 2008 contra Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina por disputarle el negocio de la efedrina, un precursor químico que se usa para fabricar drogas sintéticas.

El producto se importaba desde China y la India en cantidades superiores a las necesidades de la industria farmacéutica local de modo de poder exportar el excedente a México, donde era adquirido por carteles elaboradores de la droga, negocio en el cual admitió participar.

Ese sería el principal avance de la declaración de ayer que continuará hoy en los tribunales de Comodoro Py y en sucesivas audiencias.

Por haber permitido el ingreso de la efedrina ya están procesados por Servini desde ha dos años el ex jefe de la oficina encargada de controlarla, la Sedronar, José Granero y varios de sus colaboradores.

Pérez Corradi ya solicitó estar en el plan de testigos protegidos, por lo cual en lugar de estar detenido en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal permanece alojado en el edificio Centinela, de la Gendarmería, a pocos metros de los tribunales de Retiro. El secretario de Política Criminal del Ministerio, Martín Casares, confirmó que el imputado quedó bajo esa situación a pedido de la jueza federal María Romilda Servini, que a su vez hizo lugar a una solicitud de la defensa del ex prófugo. El ingreso al programa “implica una protección física para él y su familia”, ya que desde que fue detenido en Paraguay el imputado manifestó que temía ser asesinado por la información que tiene para aportar a la Justicia. Luego de que la jueza libró un oficio al Ministerio de Justicia para solicitar el ingreso al programa se mantuvieron contactos con la cartera de Seguridad a fin de armar un esquema de protección para el ex empresario. La defensa de Pérez Corradi insiste en que “ser testigo protegido no implica ningún beneficio judicial”.