“Esta Agencia Federal de Inteligencia ha asumido el firme propósito de conducir sus acciones con el mayor grado de profesionalismo y eficiencia, en un todo dentro del marco legal vigente, orientando sus acciones en el más absoluto respeto de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos y con la autonomía e independencia institucional que la actividad exige”, dijo Gustavo Arribas, director de la Agencia Federal de Inteligencia, (AFI, ex SIDE) para responder a un reclamo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la agrupación de familiares de víctimas de la AMIA Memoria Activa. Ambas entidades habían pedido explicaciones al Poder Ejecutivo por la derogación de las regulaciones sobre el uso de los fondos reservados y el control de los gastos y las actividades de los espías. La respuesta de Arribas consiste en una enunciación de buenas intenciones y afirmaciones acerca de lo bien que funciona la AFI pero no satisface a las preocupaciones del CELS y Memoria Activa, ya que, por lo que se desprende del mensaje, el gobierno no está trabajando para implementar un nuevo marco para transparentar el uso del dinero que dispone la ex SIDE, sino que se maneja de acuerdo “al marco legal vigente”, es decir, el que quedó luego de que presidente Mauricio Macri derogara el decreto con el que se establecía cierto control sobre los fondos reservados. Tampoco explica cuál es la forma tan profesional y eficiente con la que se maneja, no habla de normas internas que regulen el dinero ni de la necesidad de establecerlas. La rendición de cuentas sobre los fondos reservados de la ex SIDE es un compromiso adquirido por el Estado frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la causa por el atentado a la AMIA.

Cuando creó la AFI, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner estableció un “Régimen de Administración de Fondos de la Agencia Federal de Inteligencia” que definía los gatos que debían ser clasificados como públicos y cuáles podían mantenerse sujetos a una clasificación de seguridad. Sobre los secretos, debían realizarse actas mensuales en las que constara el destino del dinero. Esto quedó descartado cuando el gobierno de Mauricio Macri derogó ese régimen.

Si bien las reformas realizadas por CFK en el área de inteligencia obedecieron a la crisis desatada por la muerte del fiscal Alberto Nisman y a las maniobras del espía “Jaime” Stiuso luego de la firma del Memorándum con Irán, el Estado también debía hacer cambios como consecuencia del compromiso que había asumido en el marco de la solución amistosa realizada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con los familiares de Memoria Activa, que fueron patrocinados por el CELS. En la causa sobre el atentado a la AMIA, el acusado Carlos Telleldín recibió de parte del juez Juan José Galeano 400 mil dólares que salieron de la SIDE para declarar contra un grupo de policías bonaerenses. Ante la CIDH, el Estado admitió su responsabilidad por las irregularidades en la investigación y, entre otras cosas, se comprometió –para intentar que este tipo de hechos no se repitan- a transparentar el sistema de utilización de los fondos reservados de la entonces Secretaría de Inteligencia.

Ante el retroceso que implicó el decreto macrista que anuló el registro de gastos de la ex SIDE, el CELS y Memoria Activa mandaron una carta dirigida al jefe de Gabinete, Marcos Peña. Pero las explicaciones no las dio el delegado del Presidente, sino directamente el titular de la AFI. “La respuesta no es del responsable político del sistema de inteligencia, ni de quienes firmaron el decreto que derogó el régimen de control de los fondos, sino de la persona cuya gestión ellos deben dirigir y controlar”, señalaron el CELS y Memoria Activa. “El director de la AFI afirma que no es necesario hacer público cuál es el actual sistema de registración de fondos reservados ni cómo funciona e invoca una cuestión de fe. Esta respuesta parece considerar que las normas generales de regulación del sistema de inteligencia deben ser clasificadas como secretas. Justamente este es el enfoque que impide que el sistema de inteligencia avance hacia mayores niveles de transparencia y control”, explicaron desde ambas agrupaciones.

Arribas aseguró en la carta que las reformas establecidas por el gobierno de CFK no llegaron a tener “completa aplicación” y que “se han establecidos y se encuentran vigentes diversos procedimientos y controles que conforman un sistema de administración de fondos que responde a los más elevados estándares de transparencia y profesionalismo” que están “bajo los más estrictos controles internos como así también los externos legalmente asignados”.

Sin embargo, la respuesta del titular de la AFI se contradice con la que dio el Estado en otro ámbito. En la presentación por escrito de la evaluación periódica del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se afirmó que el régimen de fondos derogado había buscado “evitar que los fondos reservados se utilicen para pagos que pueden considerarse ilegales” y que la AFI “afirma que se está trabajando en un sistema de rendición de gastos y conservación de documentación relativa a los gastos” pero que “hasta tanto no se implemente dicho sistema, podría considerarse la existencia de un retroceso en lo que respecta a la transparencia de utilización de fondos reservados.” Es decir que ante la ONU se asegura que se está trabajando en un sistema de control que Arribas no menciona y se afirma también que, de no ser así, la actual situación implicaría una marcha atrás.

Por otro lado, en el mismo escrito que llevó el Estado a la ONU, se menciona que desde el “punto de vista técnico jurídico, no hay un compromiso internacional ante el sistema interamericano de protección de derechos humanos por parte del estado de realizar los cambios en el área de inteligencia, sino la voluntad de avanzar en una agenda para alcanzar un acuerdo de solución amistosa en el marco del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.” Pero el CELS y Memoria Activa recordaron que el gobierno de CFK acordó medidas de reparación que fueron plasmadas en el acta que se firmó en la CIDH el 4 de marzo de 2005. Y que el 12 de julio de ese año, el Estado formalizó en el decreto 812/05 el reconocimiento de responsabilidad y el acta con las medidas de justicia y reparación acordadas, entre ellas, el reconocimiento que debía transparentarse el control de los gastos reservados de la es SIDE. Este decreto está vigente. El lunes, Adriana Reisfeld y Diana Wassner por Memoria Activa y Gastón Chillier y Paula Litvachky por el CELS volvieron a escribir al gobierno para expresar sus preocupaciones ante la respuesta de Arribas.