El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido quedó a un paso de ser enviado por primera vez a juicio oral al confirmarse ayer su procesamiento por la tragedia del tren de Once, causa en la que es acusado por los delitos de estrago culposo y administración fraudulenta. La decisión fue tomada por la sala II de la Cámara Federal porteña, que avaló el procesamiento sin prisión preventiva y el embargo por 600 millones de pesos dictado en su contra por el juez federal Claudio Bonadio. “Existen en la causa suficientes elementos como para afirmar que, efectivamente, De Vido conocía las graves falencias que rodeaban la explotación del transporte ferroviario prestado por Trenes de Buenos Aires SA, sin perjuicio de lo cual –y pese a tener dicha potestad– no adoptó ninguna medida orientada a reencausar el servicio”, advirtieron los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun.

De hecho, afirmaron que el ex funcionario parecía tener “mayor diligencia frente a los reclamos de reajustes que solicitaba la empresa” concesionaria del Sarmiento pese a que el reclamo por su mal servicio era “constante, público y notorio”.

Por ello se le reprocha “su propia intervención y conocimiento en los hechos, es decir, su participación en la administración fraudulenta de los bienes públicos concesionados y su incidencia en el resultado acaecido el 22 de febrero de 2012”, según concluyó la Cámara. El tribunal también señaló que el actual diputado nacional sabía sobre el “modo en que se llevaba adelante la concesión del servicio del transporte ferroviario” pero “permitió que continuara la explotación”. Y con esta actitud dio paso al “deterioro paulatino y creciente de los bienes públicos entregados para el desarrollo de la actividad y afectando directamente la seguridad de los usuarios con las consecuencias ya conocidas”, en alusión al choque en la estación de trenes de Once que causó la muerte a 51 pasajeros.

El Tribunal recordó que De Vido tenía bajo su órbita la Secretaría de Transporte, la subsecretaría de Transporte Ferroviario, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, de la cual era uno de sus presidentes. La decisión dejó a Bonadio en condiciones de enviar al diputado a juicio oral. Mientras tenga fueros, De Vido podrá ser juzgado pero no enviado a prisión, en caso de recaer en su contra una condena de cumplimiento efectivo.